El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició el viernes 6 de noviembre de 2026 la expulsión de más de 80 ciudadanos venezolanos detenidos por su presunta participación en delitos en Bogotá, Medellín y otras regiones.
El grupo fue trasladado a la base militar de Catam y será llevado por vía aérea a Cúcuta, desde donde continuará el procedimiento hacia territorio venezolano.
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La medida forma parte de una política de control migratorio que acumuló 812 deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de 2026. De ese total, 462 casos estuvieron vinculados con razones de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.
El operativo reunió a la Policía Nacional, Migración Colombia, Fuerzas Especiales y el Ejército Nacional. Las autoridades concentraron a los detenidos en la sede de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, conocida como Sijín, en el centro de Bogotá, donde verificaron expedientes y completaron los trámites administrativos requeridos.
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La evacuación desde las celdas de la Sijín comenzó cerca de las 2:15 a. m. del viernes 6 de noviembre. Los retenidos salieron en grupos de 20 personas, bajo la custodia de comandos del Grupo de Operaciones Especiales y uniformados del Ejército, antes de abordar autobuses de la Policía.
La caravana recorrió la calle Sexta rumbo al occidente de Bogotá, con escolta de vehículos policiales, camionetas institucionales, motocicletas de tránsito y tanquetas blindadas. El despliegue mantuvo el control del perímetro de las instalaciones y del trayecto hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar de Catam.
Algunos de los ciudadanos extranjeros ya habían sido subidos a un autobús frente a la Policía Metropolitana de Bogotá antes de iniciar el traslado, según informó La FM. El procedimiento también incluyó ambulancias y unidades de Migración y Policía para resguardar la comitiva.
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Por su parte, Noticias Caracol señaló que las autoridades utilizaron tanquetas durante la operación. Desde Catam, la aeronave trasladará al grupo a Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, para completar la salida terrestre por la frontera con Venezuela.
Los detenidos registran antecedentes y procesos por delitos como extorsión, homicidio y otras conductas que afectaron la seguridad ciudadana, de acuerdo con los reportes de las autoridades. Las capturas se realizaron durante operativos desarrollados en Bogotá y Medellín.
Las capturas previas y la política de expulsiones
El operativo de Medellín del 27 de octubre dejó 149 personas capturadas. Un día después, la Operación Bosur-Kratos reportó otras 172 capturas en Bogotá, con intervenciones en San Bernardo, Santa Fe y Ciudad Bolívar.
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La acción en la capital se desplegó en ocho localidades y derivó en la desarticulación de 10 estructuras delincuenciales. También se incautaron armas de fuego, granadas, sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, había anticipado que los extranjeros vinculados con delitos serían expulsados del país. El mandatario afirmó: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación”, dijo el mandatario dándole indicaciones precisas al director de Migración Colombia.
Así mismo, el jefe de Estado indicó: “Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”.
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Estas declaraciones las dio el mandatario luego del megaoperativo realizado en Bogotá en la madrugada del 28 de octubre en el que participaron unidades del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán.
En otra intervención sobre las expulsiones, De la Espriella sostuvo: “Los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado”.
Además de las expulsiones y deportaciones registradas desde agosto, las autoridades reportaron 867 inadmisiones de ciudadanos extranjeros en Colombia.
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