Activista del Pacto Histórico le pidió al partido que evalúe medida disciplinaria contra Gustavo Petro por escándalo de los “sexocontratos” de Deicy Jiménez: “Hay que investigar”

La abogada y activista Juliana Beltrán Moya solicitó a través de sus redes sociales al Pacto Histórico que active sus mecanismos internos ante las denuncias que involucran al expresidente de la República Gustavo Petro y la extrabajadora sexual y excontratista del Estado Deicy Jiménez; a raíz de las evidencias conocidas en este mediático caso.

La letrada, cercana al movimiento progresista, y que es la misma que demandó la investidura del representante Daniel Briceño ante la Corte Suprema, pidió que la Comisión Nacional de Ética examine de oficio el caso y, si encuentra fundamentos, considere una eventual separación provisional de cargos dentro de la colectividad.

El pronunciamiento ocurrió después de la difusión de un video íntimo entre Petro y Jiménez, que lo acusa de presunto abuso de poder, violencia sexual y de exigir favores sexuales a cambio de contratos estatales. Las denuncias están bajo investigación y no existe aún una decisión judicial que establezca responsabilidades del exmandatario.

Sobre el caso, Beltrán Moya sostuvo que la existencia de una relación íntima y los registros de contratación pública no bastan, por sí solos, para acreditar una conducta delictiva o disciplinaria. “¿Hubo relaciones íntimas? Deicy Jiménez dice que sí. El video que publicó ayer muestra un momento de intimidad con Gustavo Petro”, afirmó.

La abogada añadió que hubo contrataciones relacionadas con Jiménez desde 2023, incluido un contrato con el Senado; aunque reiteró que la discusión debe está en la relación entre esos hechos. “Una cosa es que haya habido intimidad y otra es demostrar que esa intimidad fue una condición para recibir o mantener contratos públicos”, escribió.

Juliana Beltrán pidió establecer si existió un nexo entre la intimidad y los contratos

La activista señaló que el material audiovisual y los contratos conocidos no permiten concluir que existió una contraprestación sexual por recursos públicos. “El video y los registros contractuales, por sí solos, no prueban ese intercambio ni la existencia de una red de explotación sexual”, sostuvo la letrada, que se desmarcó de señalamientos.

En su publicación, Beltrán Moya indicó que todavía deben aclararse aspectos sobre la grabación, las contrataciones y una posible intervención del exmandatario. “Todavía falta establecer cuándo y dónde se grabó el video, quién autorizó y firmó cada contrato, por qué se contrató a Deicy, qué trabajo hizo y si Petro intervino en esas decisiones”, expresó.

Se enfocó en la diferencia de poder entre las partes. “La asimetría de poder importa. Hay que investigar si ese poder se usó para presionar o condicionar la contratación”, destacó la abogada sobre las acusaciones de Jiménez, que aseguró que ella y otras mujeres habrían recibido órdenes de prestación de servicios a cambio de favores sexuales.

Jiménez, de 26 años, habría recibido al menos 10 contratos estatales entre 2019 y 2026 por más de $100 millones. Los mismos se habrían entregado desde dependencias del Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia, en evidencias que hoy forman parte de las denuncias que deben ser verificadas por las autoridades.

Abogada cercana al Pacto Histórico reclamó protección para Jiménez y garantías para Petro

En su exposición, Beltrán pidió que las autoridades escuchen a Jiménez con un enfoque de protección a las presuntas víctimas, pero remarcó las garantías procesales que asisten a Petro. “Deicy merece ser escuchada y protegida como presunta víctima. Petro tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso”, dijo.

Y cuestionó la divulgación del video íntimo. “Difundir una grabación íntima expone su vida privada y alimenta un juicio público antes de que se esclarezcan los hechos”, indicó Beltrán. Para ella, si la pieza audiovisual puede tener valor dentro de un expediente, corresponde que las autoridades determinen su autenticidad, origen y alcance probatorio.

La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de Instrucción, ordenó una inspección en la Secretaría del Senado para recaudar documentos relacionados con los contratos de Jiménez, según el contexto aportado. La denunciante entregó, además, su teléfono a la Fiscalía General de la Nación para que analice las conversaciones.

En su defensa, el expresidente Gustavo Petro ha negado haber usado recursos públicos para obtener favores sexuales. Su defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, ha cuestionado que el fragmento difundido permita probar un delito, pues no muestra contratos, pagos ni decisiones administrativas sobre este asunto.

Estatutos del Pacto Histórico reservan el caso de las directivas a la Comisión Nacional de Ética

Beltrán fundamentó su solicitud en el régimen disciplinario del Pacto Histórico. El artículo 15 establece que las faltas pueden sancionarse con “amonestación, multa, suspensión o expulsión”, según la gravedad de la conducta y con respeto al debido proceso; en una normativa que la abogada pidió sea aplicada al caso del exmandatario.

La misma norma establece una regla particular para las personas que integran órganos directivos. “Las faltas atribuibles a directivas, sin importar su nivel territorial, serán de competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Ética”, dice el texto estatutario de la colectividad de izquierda, que no pudo mantenerse en el poder en las presidenciales.

A su vez, el artículo 44 señala que esa instancia está integrada por siete miembros principales y sus suplentes, elegidos por el Congreso Nacional. Su función es vigilar el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones internas, “bajo principios de moralidad y debido proceso”. Un dato no menor es que Petro es el presidente del partido a la fecha.

El artículo también preciso que la Comisión Nacional de Ética “dirigirá procesos disciplinarios de conformidad con el código de ética”. En ese sentido, Beltrán Moya citó esa disposición para solicitar que el organismo revise la denuncia y determine si procede alguna actuación interna contra el ex jefe de Estado por este escándalo.

“Que la Comisión examine de oficio la denuncia de Deicy Jiménez y, si procede, recomiende la ‘separación provisional del cargo’ de Petro, con garantías para ambas partes”, expresó la abogada. La eventual medida dependería de la evaluación de la Comisión, aunque cabe aclarar que ello no supone una sanción definitiva.

Antes de ese pedido, Beltrán había cuestionado la atención pública que recibió el video. “Los van a embobar con un video de farándula sobre la intimidad de un expresidente, mientras les pasan la tributaria más infame posible”, señaló la letrada, en referencia al proyecto tributario impulsado por el presidente Abelardo de la Espriella.