Exministro Luis Fernando Velasco recuperó su libertad por decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso Ungrd

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez, quien permanecía privado de la libertad mientras avanzaba la investigación por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La determinación se produjo después de estudiar los recursos de apelación presentados por la defensa del exfuncionario y la Procuraduría General de la Nación contra la decisión judicial que había dispuesto su detención preventiva.

La medida de aseguramiento había sido ordenada el pasado 19 de agosto, como parte del proceso penal que se adelanta contra Velasco por los presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación de la Ungrd. Sin embargo, al revisar los argumentos de las partes, el tribunal consideró que no se encontraban acreditados los requisitos necesarios para mantener la restricción de la libertad, por lo que dispuso que el exministro fuera dejado en libertad de manera inmediata.

En la decisión, los magistrados acogieron los planteamientos expuestos por el delegado del Ministerio Público, particularmente los relacionados con el “retiro de la vida pública” de Luis Fernando Velasco y la actualidad política del país. Estos elementos fueron considerados dentro del análisis de la necesidad de mantener la medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial.

La determinación no significa el cierre de la investigación ni representa una decisión sobre la responsabilidad penal del exministro frente a los hechos que le atribuye la Fiscalía General de la Nación. Velasco continuará vinculado al proceso y deberá comparecer ante las autoridades judiciales cuando sea requerido, mientras se desarrolla el juicio por los señalamientos relacionados con el escándalo de la Ungrd.

Los señalamientos contra el exministro del Interior

La Fiscalía General de la Nación acusó a Luis Fernando Velasco de presuntamente utilizar su posición como ministro del Interior y las influencias derivadas de ese cargo para intervenir en el direccionamiento de contratos de obra e interventoría que estaban bajo la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con la hipótesis presentada por el ente acusador, el exfuncionario habría participado en actuaciones encaminadas a favorecer determinados intereses dentro de los procesos contractuales de la entidad. Estos hechos hacen parte de la investigación por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la Ungrd, caso que también involucra a otros exfuncionarios del Gobierno Petro.

Los señalamientos contra Velasco se enmarcan en el expediente que involucra a diferentes antiguos integrantes de la administración nacional, entre ellos el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios fueron llamados a responder ante la justicia por su presunta participación en las actuaciones relacionadas con la contratación de la entidad encargada de la gestión del riesgo de desastres.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá se conoció el jueves 5 de noviembre, después de que el futuro de la medida de aseguramiento contra el exministro estuviera pendiente de resolución. La discusión judicial se había concentrado en determinar si continuaban vigentes las condiciones que justificaban mantenerlo privado de la libertad durante el desarrollo del proceso penal.

Antes de conocerse la determinación, el escenario contemplaba dos posibilidades para que Velasco recuperara su libertad. La primera correspondía a la apelación presentada contra la medida de aseguramiento, que finalmente fue resuelta a su favor. La segunda estaba relacionada con una eventual solicitud de libertad por vencimiento de términos, que podía presentarse durante la primera semana de diciembre si se cumplían los presupuestos legales para ello.

Este segundo mecanismo había cobrado relevancia luego de que se aplazara el inicio del juicio contra los exministros hasta febrero de 2027. La modificación del calendario judicial abrió la discusión sobre el cumplimiento de los plazos establecidos para el comienzo formal de la etapa de juzgamiento. Sin embargo, con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Velasco obtuvo la libertad mediante la resolución de la apelación, sin necesidad de esperar una audiencia relacionada con el vencimiento de términos.

El juicio continuará en febrero de 2027

Aunque el exministro recuperó su libertad, el proceso penal en su contra continuará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Según el calendario judicial establecido, la siguiente fecha prevista para avanzar en las actuaciones relacionadas con el juicio es el martes 2 de febrero de 2027.

El aplazamiento se produjo después de que la audiencia preparatoria de juicio, realizada el miércoles 4 de noviembre, fuera postergada nuevamente. La diligencia también estaba relacionada con el proceso que se adelanta contra Ricardo Bonilla, quien igualmente enfrenta señalamientos por este escándalo de corrupción.

Durante esa audiencia, las defensas de los dos exministros formularon reparos frente al descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía. Los abogados manifestaron que todavía existían dificultades para acceder a la totalidad de los documentos y archivos que hacen parte del expediente, situación que, según expusieron, afectaba la preparación de sus estrategias de defensa.

“¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”, reclamó el exministro del Interior en el desarrollo de la diligencia judicial.

Ante las reclamaciones, la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar las inconsistencias reportadas y concedió un plazo de tres semanas para que la Fiscalía y las defensas identificaran los problemas y buscaran soluciones que permitieran garantizar el acceso al material.

Por su parte, la Fiscalía negó haber ocultado información o excluido deliberadamente elementos del conocimiento de los procesados. Durante la audiencia, una delegada del ente acusador explicó que los documentos habían sido entregados en las condiciones en que fueron recibidos y que algunos presentaban dificultades técnicas que impedían su apertura o no contenían información utilizable como prueba.