
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado para fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento de la Reforma Rural Integral, luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidiera excluir este componente de las funciones de verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
La entidad señaló que, aunque respalda la renovación del mandato de este organismo internacional, la modificación obliga a redoblar los esfuerzos institucionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz de 2016, firmado con las extintas Farc-EP.
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El pronunciamiento fue divulgado el sábado 31 de octubre de 2026 por la Defensoría del Pueblo, un día después de que el Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad, mediante la Resolución 2833 de 2026, la prórroga por un año del mandato de la Misión de Verificación. La decisión mantiene el acompañamiento internacional al proceso de paz, pero introduce cambios en los componentes que estarán bajo supervisión del organismo.
A partir de esta renovación, la misión concentrará sus labores de verificación en dos aspectos: la reincorporación social, política y económica de los firmantes de paz y las garantías de seguridad para los excombatientes, las comunidades y las organizaciones presentes en los territorios. De esta manera, la Reforma Rural Integral, correspondiente al punto uno del Acuerdo de Paz, deja de estar incluida en su mandato, luego de que el Consejo de Seguridad aceptara una propuesta presentada por el Gobierno colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella.
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Frente a este cambio, la Defensoría, liderada por Iris Marín, mostró su reconocimiento a la labor desarrollada por Naciones Unidas durante los últimos años, especialmente en el seguimiento independiente a los compromisos pactados, la identificación de dificultades para su implementación y el fortalecimiento de la confianza entre las instituciones, las comunidades, las organizaciones campesinas y los firmantes del acuerdo.
Defensoría advirtió sobre la importancia del seguimiento a la reforma rural

En su comunicado, la entidad señaló que la reducción del alcance de la verificación internacional representa la pérdida de un mecanismo de acompañamiento que ha contribuido al seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz, en un contexto en el que todavía existen dificultades para transformar las condiciones que han alimentado históricamente el conflicto armado en Colombia.
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“Sin embargo, la exclusión de la Reforma Rural Integral de las funciones de verificación de la Misión, correspondiente al punto 1 del Acuerdo Final de Paz, obliga a la institucionalidad colombiana a redoblar esfuerzos para supervisar su cumplimiento”, expresó la Defensoría del Pueblo.
La institución también explicó que la ejecución de este componente está directamente relacionada con la garantía de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas, el acceso a la tierra y la reducción de las desigualdades entre los territorios. Estos compromisos, según indicó, hacen parte de las condiciones necesarias para avanzar en la construcción de una paz sostenible.
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En ese sentido, advirtió que las garantías de seguridad en las regiones afectadas por la violencia deben estar acompañadas de transformaciones sociales, económicas e institucionales. Estas acciones están contempladas en el acuerdo y buscan atender factores estructurales asociados al conflicto armado.
La Defensoría insistió en que los ajustes realizados por el Consejo de Seguridad al mandato de la Misión de Verificación no representan una modificación de las responsabilidades del Estado colombiano frente a la implementación integral del acuerdo.
“La modificación del mandato de verificación no reduce ni modifica las obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Los compromisos del Acuerdo trascienden los gobiernos y deben continuar siendo una prioridad para todas las instituciones”, señaló el organismo.
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ONU mantendrá presencia en territorios afectados por el conflicto

La renovación del mandato fue aprobada el viernes 30 de octubre de manera unánime por los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El organismo internacional ratificó su respaldo a los esfuerzos de Colombia para avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz, una labor que ha acompañado durante casi diez años.
En la resolución, el Consejo de Seguridad hizo referencia a las dinámicas cambiantes del conflicto armado colombiano y destacó la importancia de fortalecer la presencia del Estado y el desarrollo territorial. También mencionó la necesidad de avanzar en la implementación del acuerdo, las políticas complementarias de seguridad y las acciones contra la producción y el tráfico ilícitos de drogas y la minería ilegal.
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Asimismo, reconoció el compromiso del Gobierno nacional de recuperar el control territorial y ampliar la presencia institucional en las regiones. En ese contexto, resaltó la importancia de mantener la presencia sobre el terreno de la Misión de Verificación, particularmente en las zonas afectadas por el conflicto.
Aunque la Reforma Rural Integral quedó por fuera de las funciones específicas de verificación, Naciones Unidas reiteró que continuará trabajando con el Gobierno, las entidades estatales, las comunidades, las víctimas y la sociedad colombiana para contribuir a la implementación del proceso de paz.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional garantizar la continuidad de la Reforma Rural Integral, fortalecer los mecanismos públicos e independientes de seguimiento y asegurar que las comunidades rurales participen efectivamente en las decisiones relacionadas con sus territorios.
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“La paz no se consolida únicamente con la reducción de la violencia. También exige cumplir las transformaciones que el país acordó para superar las causas estructurales del conflicto”, señaló la entidad, que anunció que continuará haciendo seguimiento a estos compromisos, con énfasis en los derechos de las víctimas y de las comunidades históricamente afectadas por la violencia.
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