Funcionaria del Dapre denunció haber sido interrogada y requisada desnuda en la Casa de Nariño: Petro pidió investigar presunta tortura psicológica

Una funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) —cuya identidad se mantiene bajo reserva— denunció haber sido sometida a un interrogatorio sin acompañamiento de un abogado y a una requisa en la que fue obligada a quitarse toda la ropa en un baño de la Casa de Nariño. El procedimiento habría sido realizado por personas que no se identificaron y una oficial de la Policía Nacional, según el testimonio conocido por La Nueva Prensa.

La denuncia, conocida por el medio en mención, señala que la servidora pública fue convocada a una reunión en la Presidencia, donde le formularon preguntas sobre su ingreso a la entidad, sus relaciones personales, sus actividades en redes sociales y sus posibles vínculos con el expresidente Gustavo Petro. La mujer aseguró que durante la diligencia recibió presiones, terminó llorando y posteriormente fue sometida a una revisión corporal completamente desnuda.

El caso fue conocido por el mismo Petro, que se pronunció a través de su cuenta de X y señaló al actual director del Dapre por los hechos denunciados: “A este extremo ha llegado el señor Carlos Ríos Puerta en un abierto abuso de poder y violación sistemática de derechos humanos en el DAPRE tratando de buscar mujeres progresistas en la administración pública (sic)”.

Y agregó: “La denuncia debe ampliarse a tortura psicológica”.

Así fue el supuesto interrogatorio en la Casa de Nariño

De acuerdo con el relato publicado por el diario citado, la funcionaria supuestamente recibió una llamada de una mujer identificada como Valentina Mancilla, quien se habría presentado como secretaria privada del director del Dapre. Inicialmente, fue citada a una reunión a las 9:30 a. m., pero solicitó aplazarla debido a que su madre se encontraba enferma.

La cita fue reprogramada para la 1:00 p. m. del jueves 29 de octubre en la Casa de Nariño. Cuando llegó, encontró a Mancilla y a dos o tres hombres que se presentaron como investigadores. Según su declaración, ninguno exhibió credenciales ni explicó a qué entidad pertenecía o bajo qué procedimiento estaba siendo requerida.

Las preguntas estuvieron relacionadas inicialmente con su vinculación laboral al Dapre, la manera en que ingresó a la institución y quién había recomendado su contratación. La funcionaria se negó a proporcionar algunos nombres debido a la forma en que, según manifestó, estaba siendo interrogada.

Posteriormente, el cuestionario se dirigió hacia asuntos políticos y personales. Los hombres le preguntaron por su relación con Gustavo Petro, a lo que respondió que no lo conocía personalmente y que únicamente lo había visto por televisión y durante actos oficiales de la Presidencia.

También le mostraron fotografías y publicaciones de sus redes sociales. Entre ellas estaba una imagen de un domingo de ciclovía con su hijo, en la que aparecía un puesto callejero de la campaña presidencial que en ese momento llevaba Iván Cepeda. Según el testimonio, los interrogadores la cuestionaron por esa publicación y la acusaron de haber incurrido en una conducta delictiva al apoyar a un candidato mientras se desempeñaba como funcionaria pública.

De acuerdo con la denuncia, la indagación habría incluido preguntas sobre otras mujeres vinculadas a entidades estatales. La servidora negó tener relación con ellas, pero los hombres le habrían mostrado fotografías junto a una compañera de oficina. También aseguró que conocían episodios antiguos de su vida privada.

Ante la falta de información sobre la naturaleza del procedimiento, la funcionaria manifestó que desde el cambio de Gobierno no le asignaban tareas ni tenía un superior inmediato. Durante la diligencia expresó: “Yo siento que eso es un acoso laboral, porque me están aburriendo”.

Sus abogados señalaron que los hombres no serían investigadores judiciales y que existen indicios para establecer si se trataba de agentes de inteligencia. Uno de sus representantes afirmó que había “indicios graves para presumir que los hombres no eran investigadores judiciales, sino agentes encubiertos adscritos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)”, según señaló el medio citado.

El abogado habrí agregado: “Lo cierto es que los sujetos no mostraron credenciales ni precisaron si se trataba de un proceso disciplinario, de descargos o de una investigación penal”.

La funcionaria denunció que fue obligada a desnudarse durante una requisa

La situación continuó después de que la servidora rompiera en llanto y solicitara permiso para ir al baño. Según su relato, le ofrecieron agua y le propusieron quedarse a solas con Valentina Mancilla para que pudiera continuar la conversación con mayor confianza. Sin embargo, aseguró que la secretaria regresó con las mismas preguntas.

Cuando finalmente salió de la oficina, descendió al baño del primer piso para arreglarse el rostro y orinar. Allí apareció una mujer a quien identificó como teniente de la Policía Nacional, quien le habría exigido mantener la puerta abierta mientras utilizaba el sanitario.

Posteriormente, la oficial le ordenó someterse a una requisa y justificó el procedimiento afirmando que “por protocolo de la Presidencia, es normal”. La funcionaria respondió que llevaba tiempo trabajando en la institución y que nunca había sido sometida a una revisión de esas características.

Según la denuncia, la oficial la obligó a quitarse la chaqueta, la blusa, el pantalón y la ropa interior hasta quedar completamente desnuda. También le revisó el cabello, los bolsillos y la cartera, donde únicamente encontró unos cigarrillos.

Defensa evalúa acciones penales y disciplinarias

De acuerdo con lo conocido, la servidora pública salió de la Casa de Nariño alrededor de las 5:30 p. m., después de permanecer cerca de cuatro horas y media en las instalaciones ese 29 de octubre. Su testimonio quedó registrado en una grabación de casi 18 minutos, cuya difusión mantiene reservada su identidad por razones de seguridad.

La funcionaria trabaja en la Presidencia desde antes del cambio de Gobierno y aseguró que desde agosto no recibe asignaciones laborales ni cuenta con un jefe inmediato. Según su declaración, esta situación ha afectado el desarrollo de sus funciones dentro de la entidad.

Los representantes legales de la funcionaria ya tienen en su poder el testimonio y evalúan la presentación de acciones penales y disciplinarias para que se investiguen las circunstancias del interrogatorio y la requisa denunciados.