Defensoría pide frenar reforma a la consulta previa por riesgos para la participación de comunidades étnicas

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior abstenerse de expedir, en su versión actual, el proyecto de decreto que pretende modificar las reglas de la consulta previa en Colombia, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar directamente la participación de pueblos y comunidades étnicas en decisiones relacionadas con sus territorios y derechos fundamentales.

La posición fue presentada en un documento dirigido el 23 de octubre de 2026 a Eliana Marcela Espinosa Silva, directora Jurídica del Ministerio del Interior, en el que la entidad formuló observaciones al proyecto que modificaría apartados del Decreto 1066 de 2015 relacionados con la procedencia y oportunidad de la consulta previa.

La Defensoría reconoce la necesidad de actualizar el marco reglamentario, mejorar la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas y superar problemas en la identificación de comunidades étnicas.

Sin embargo, advierte que la búsqueda de mayor eficiencia administrativa no puede introducir condiciones que dificulten el ejercicio efectivo de la consulta previa.

Defensoría advierte riesgos en nuevas reglas

Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas de información, términos de comparecencia preclusivos y restricciones para incorporar comunidades que no hayan sido identificadas oportunamente.

La preocupación es que estas condiciones puedan dificultar que el Estado determine de forma rigurosa todas las posibles afectaciones directas sobre pueblos indígenas y otras comunidades étnicas.

La Defensoría sostiene que la consulta previa constituye una garantía de participación, autonomía, integridad cultural y autodeterminación, por lo que las reglas para establecer cuándo procede deben evaluarse por sus efectos reales sobre el ejercicio de esos derechos.

Uno de los puntos cuestionados está relacionado con la posibilidad de excluir automáticamente a comunidades que no comparezcan dentro de determinados plazos.

Por ello, la entidad solicita revisar las cargas de comparecencia e información y plantea que la responsabilidad principal de determinar la procedencia de una consulta debe permanecer en cabeza del Estado.

También recomienda eliminar el carácter absoluto de algunas reglas de preclusión y establecer términos más flexibles, que puedan adaptarse a las circunstancias territoriales, culturales, lingüísticas y organizativas de cada comunidad.

Pide consulta antes de aprobar la reforma

La Defensoría solicita al Ministerio del Interior que el propio proyecto de decreto sea sometido a consulta previa con los pueblos y comunidades étnicas potencialmente afectados, mediante procedimientos adecuados, de buena fe y a través de sus instituciones representativas.

También pide garantizar que las autoridades puedan identificar y valorar de oficio a todas las comunidades sobre las cuales existan indicios razonables de una posible afectación directa, sin restringir el análisis únicamente a aquellas que comparezcan oportunamente.

Otro punto señalado está relacionado con los escenarios en los que una consulta pueda cerrarse administrativamente por falta de acuerdo.

La Defensoría considera necesario diferenciar los casos ordinarios de aquellos en los que resulte exigible un consentimiento previo, libre e informado, y advierte que el cierre del proceso no debe convertirse automáticamente en una autorización para ejecutar un proyecto o iniciativa.

Además, solicita reformular las reglas sobre el contenido de los acuerdos para preservar el carácter intercultural del diálogo y permitir medidas de protección, prevención, mitigación, reparación, compensación y participación en beneficios.

La entidad también plantea revisar las reglas aplicables cuando los proyectos sufran modificaciones posteriores, para que la necesidad de una nueva evaluación dependa de la posibilidad de generar una afectación directa y no exclusivamente de su clasificación ambiental.

Para la Defensoría, la reforma puede avanzar siempre que se introduzcan salvaguardas suficientes que garanticen la compatibilidad de las nuevas reglas con los estándares constitucionales y convencionales.

Por esa razón, su solicitud central es que el Gobierno no expida el decreto en los términos actualmente propuestos y adelante previamente los ajustes y espacios de participación requeridos.