Reforma al impuesto a cigarrillos y vapeadores enfrenta reparos del Ministerio de Salud por posible pérdida de recursos para la salud

La discusión sobre los impuestos al tabaco reabrió el debate sobre su efecto en la salud pública y en la financiación del sistema sanitario. El Ministerio de Salud reconoce que elevar la carga tributaria puede reducir el consumo, pero advierte que la fórmula que estudia el Congreso podría disminuir los recursos destinados a la atención de los colombianos.

El reparo quedó consignado en un concepto de 51 páginas entregado horas antes del cuarto y último debate del proyecto en la plenaria del Senado. El documento fue firmado por la viceministra encargada de Salud Pública, Diana Julieta Díaz, y la viceministra de Protección Social, Marcela Brun.

La iniciativa es el proyecto de ley 243 de 2026 Senado y 136 de 2025 Cámara, promovido, entre otros, por Efraín Cepeda, Ana Carolina Espitia y Carlos Julio González Villa. Para la cartera, la propuesta presenta riesgos fiscales, sanitarios y regulatorios.

El cálculo tributario que preocupa a Salud

La cartera recordó que los impuestos al tabaco son una de las herramientas más eficaces para desestimular su consumo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un gravamen adecuado ayuda a prevenir enfermedades, reducir la pobreza y aumentar los ingresos públicos.

En Colombia, los impuestos representan actualmente el 62,8% del precio de venta de los productos de tabaco. El Ministerio señala que el referente de mejores prácticas se ubica en el 75%. Sin embargo, considera que el mecanismo incluido en el proyecto no garantizaría un aumento efectivo de la carga tributaria.

La regulación vigente dispone que la tarifa suba cada año de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), más cuatro puntos porcentuales. La reforma, en cambio, plantea establecer el impuesto específico en $5.100. Al revisar el efecto de esa modificación, la entidad proyectó que, si empieza a regir en 2027, el gravamen de 2028 y 2029 quedaría 4,2% y 5,1% por debajo, respectivamente, de lo que se recaudaría con el esquema actual.

Ese resultado tendría un impacto directo sobre las cuentas del sistema de salud. El Ministerio calcula que la diferencia podría traducirse en una reducción de entre $79.000 millones y $99.000 millones en los ingresos. Cerca del 84% de esos recursos dejaría de llegar al aseguramiento en salud.

Alertas por el destino de los recursos y los productos incluidos

La preocupación no se limita al monto total que se recaudaría. El concepto cuestiona cómo se repartirían los recursos adicionales. En el esquema vigente, el deporte recibe una participación del 16%, mientras que los ingresos adicionales se destinan al aseguramiento en salud.

Con la distribución planteada en el proyecto, una parte de esos recursos podría pasar de la financiación del aseguramiento al sector deportivo. Si se toman como referencia los datos de 2025, la reducción habría sido de $125.700 millones. Además, la cartera advierte que la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) podría dejar de recibir cerca de $547.000 millones acumulados entre 2027 y 2030.

El Ministerio cuestionó la clasificación de los productos sujetos al impuesto. A su juicio, las denominaciones podrían permitir que nuevas presentaciones comerciales queden por fuera de la regulación. Además, pidió que los parches de nicotina para dejar de fumar conserven el reconocimiento de su carácter medicinal.

Las advertencias no provienen únicamente del Gobierno. Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Fundación Anáas también han expresado objeciones. Estas organizaciones señalan posibles vacíos jurídicos y cuestionan que el proyecto no incorpore de forma adecuada las denominaciones de productos contempladas en la legislación vigente.

A su vez, la Red Colombiana de Cesación de Tabaco y Nicotina (ReCeTa Colombia) alertó que un diseño tributario inadecuado podría llevar a los consumidores a cambiar de una categoría de productos a otra, sin que eso implique una reducción general del consumo de nicotina.

Las organizaciones no rechazan los impuestos como herramienta de salud pública. Piden que cualquier modificación evite ventajas para ciertos productos y consiga reducir el consumo. El debate enfrenta el objetivo de desestimular el tabaquismo con la necesidad de proteger los recursos que sostienen la atención sanitaria.