Denuncian a siete magistrados de la Corte Constitucional por presunto prevaricato tras fallo de la reforma pensional

El representante a la Cámara por Bogotá David Gerardo Cote Rodríguez presentó una denuncia penal contra siete magistrados de la Corte Constitucional por el presunto delito de prevaricato por acción, relacionado con la decisión sobre la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

La actuación fue radicada el 27 de octubre de 2026 ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según el documento divulgado por el congresista, la denuncia también plantea, de manera subsidiaria, la posible configuración del delito de abuso de función pública.

Cote cuestiona la decisión adoptada por la Corte en la sentencia sobre la Ley 2381 de 2024, mediante la cual el tribunal declaró exequibles varias disposiciones de la reforma pensional y ordenó devolver otros artículos a la Cámara para subsanar aspectos del procedimiento legislativo.

Los siete magistrados mencionados en la denuncia

En la primera página del documento, el representante identificó como denunciados a Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Juan Carlos Cortés González, Lina Maroela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miquel Polo Rosero.

El escrito señala que la conducta principal que se solicita investigar es el presunto prevaricato por acción, previsto en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000. Como conducta subsidiaria, Cote menciona el artículo 428 de la misma norma, relacionado con el posible abuso de función pública.

La denuncia se refiere a hechos vinculados con la expedición de la Sentencia C-264 del 25 de agosto de 2026, según la referencia inicial del documento. Sin embargo, en otro apartado de la primera página se menciona la “Sentencia C-204” de la misma fecha, una diferencia que aparece en el texto divulgado por el congresista.

El cuestionamiento a la decisión de la Corte Constitucional

Cote afirmó que la Corte Constitucional no podía pronunciarse sobre la exequibilidad de parte de la reforma mientras subsistieran vicios de procedimiento que debían ser corregidos por el Congreso.

En un video publicado en sus redes sociales, el representante explicó que decidió acudir a la Comisión de Acusaciones después de revisar la sentencia de constitucionalidad sobre la reforma pensional.

“Hemos decidido, después de analizar las decisiones que tomó la Corte en la sentencia de constitucionalidad, radicar una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones contra los siete magistrados que aprobaron esta sentencia”, afirmó.

El congresista sostuvo que los magistrados habrían desconocido los artículos 6, 121 y 241 de la Constitución Política. Según su interpretación, el artículo 241 establece que la Corte debe esperar a que se corrijan los vicios identificados antes de adoptar una decisión sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la norma.

“Lo que hicieron en la sentencia de la reforma pensional fue declarar la exequibilidad de la ley y, por otro lado, darle una orden a la Cámara de Representantes para que en 30 días subsanara unos vicios”, señaló Cote.

La discusión sobre los vicios de trámite de la reforma pensional

La decisión de la Corte Constitucional ordenó a la Cámara de Representantes adelantar un trámite para corregir asuntos relacionados con varios artículos de la reforma. El fallo estableció un plazo de 30 días para cumplir esa orden.

Cote afirmó que esa determinación produjo una discusión sobre la situación jurídica de la reforma. “Hoy en Colombia hay un limbo jurídico, porque hoy en Colombia existe una ley exequible por la Corte Constitucional y un sistema que no existe porque no ha sido aprobado por el Congreso de la República”, dijo en su intervención.

El representante también sostuvo que la decisión no tiene antecedentes en la jurisprudencia constitucional de las últimas décadas. Esa afirmación corresponde a su interpretación sobre el alcance del fallo y constituye uno de los argumentos centrales de la denuncia.

En el documento radicado, Cote solicita investigar las decisiones contenidas en varios puntos resolutivos de la sentencia y sus fundamentos. Además, cuestiona las órdenes relacionadas con una nueva fecha de entrada en vigencia de disposiciones de la reforma y las restricciones que, según plantea, fueron fijadas para el ejercicio de las facultades legislativas de la Cámara y de posibles comisiones de conciliación.

Cote dijo que se abstendría de votar la subsanación

Antes de la sesión plenaria del martes 27 de octubre, el representante David Cote había anunciado que se abstendría de participar en la votación de las proposiciones que la Corte Constitucional ordenó tramitar para subsanar los vicios identificados en la reforma pensional.

“Me abstendré hoy de votar estos vicios que quieren, por orden de la Corte Constitucional, hacerles votar a la Cámara de Representantes, porque no quiero participar de un eventual o presunto prevaricato por acción”, manifestó el congresista en el video difundido en sus redes sociales.

Ese día, la Cámara de Representantes negó tres proposiciones relacionadas con los artículos 11, 14 y 19 de la Ley 2381 de 2024. Las iniciativas, presentadas por el representante Armando Zabaraín, no modificaron los textos que ya hacían parte de la reforma pensional.

La plenaria retomará este miércoles 28 de octubre el trámite de las siete proposiciones pendientes, correspondientes a los artículos 23, 36, 63, 84, 92 y 93, además de una propuesta para incluir un artículo nuevo.