Rodrigo Lara, ministro del Interior, anunció la aplicación del decreto sobre el uso de la fuerza en protestas: “Cero tolerancia con la violencia”

El Gobierno nacional anunció medidas para prevenir hechos de violencia durante las jornadas de movilización previstas para la segunda semana de octubre, con especial atención en el suroccidente del país. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que comenzará a aplicarse la reforma al decreto 003, que establece disposiciones para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones.

El anuncio se produjo después de un consejo de seguridad realizado en Cali, en el que participaron los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Según Lara, la reunión permitió revisar los escenarios de riesgo y coordinar acciones para atender posibles alteraciones del orden público.

El funcionario aseguró que la prioridad será garantizar el derecho a la protesta pacífica y actuar de manera focalizada para prevenir y contener los episodios de violencia. “Respeto profundo por la protesta pacífica, cero tolerancia con la violencia”, afirmó.

Las medidas contemplan un seguimiento especial a Cali, el Valle del Cauca, el departamento del Cauca y Nariño. En esta última región, las autoridades revisan la situación de Remolinos, en el municipio de Taminango, donde, según el ministro, está previsto un punto de bloqueo que el Gobierno busca impedir.

También se evalúa lo que pueda ocurrir en sectores de Túquerres y en las vías que conducen hacia Ecuador, mientras que en el Cauca la atención incluye las movilizaciones indígenas y la necesidad de mantener el tránsito por la carretera Panamericana.

Lara sostuvo que el Gobierno busca anticiparse a las situaciones que puedan afectar la movilidad y la seguridad durante las manifestaciones. La aplicación de la reforma al decreto 003 hace parte de esa estrategia, orientada a proteger las movilizaciones pacíficas y contener los episodios violentos. “El propósito es garantizar la protesta pacífica y poder focalizar y prevenir, atacando y conteniendo los puntos de violencia”, afirmó el ministro.

Las condiciones que activarían la intervención de la Fuerza Pública

Antes de que el decreto se firmara el pasado 9 de octubre, el ministro del Interior explicó los criterios que definirán cuándo una manifestación puede pasar de una expresión legítima de protesta a una situación que requiera la intervención de las autoridades.

El funcionario señaló que la Dirección de Diálogo Social de su cartera terminó de recopilar las observaciones al borrador de la norma, cuyo periodo de comentarios concluyó el 4 de octubre. Según explicó, el objetivo es delimitar las conductas que constituyen violencia sin restringir el derecho a la movilización. “Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”, afirmó.

Entre las situaciones que se considerarán actos violentos están las agresiones contra personas, el lanzamiento de objetos que puedan ocasionar lesiones graves, la retención de ciudadanos y la instrumentalización de menores de edad. Lara también indicó que el documento precisa qué comportamientos no constituyen violencia, al no configurar delitos ni ser contrarios a las normas de convivencia.

Otro de los puntos centrales son las ocho causales que permitirán dar por agotado el diálogo durante una protesta. La lista incluye los bloqueos a misiones médicas, las afectaciones a los servicios públicos, el desabastecimiento de alimentos o medicamentos, el porte o uso de armas, la retención de personas y las agresiones contra personal médico o de prensa. “Eso había que precisarlo y eso fue lo que precisamos”, sostuvo el ministro.

¿Cómo será la intervención de la Fuerza Pública?

El decreto contempla una ruta de actuación gradual. En una primera instancia participarán los gestores de convivencia de las alcaldías, seguidos del diálogo directo con los manifestantes y una etapa de mediación. Si continúan los hechos violentos, el alcalde podrá ordenar medidas de disuasión desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

En caso de que estas acciones no permitan controlar la situación, podrá intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Esmad. Lara también se refirió a los bloqueos viales y aseguró que se habilitarán corredores humanitarios para evitar que estas situaciones impidan el paso de quienes requieren atención o asistencia. “Siempre habrá corredores humanitarios, es decir, aquí un bloqueo eterno y total de una carretera es impensable en una sociedad democrática”, manifestó.

Frente a las críticas de sectores de oposición, el ministro rechazó que la iniciativa tenga un carácter autoritario. Según dijo, el propósito es precisar las condiciones para dar por terminado el diálogo, identificar las conductas violentas y establecer en qué circunstancias pueden intervenir las autoridades.

“Esto no es autoritario. Eso es ridículo”, respondió Lara, quien comparó el debate con las regulaciones existentes en países como España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Añadió que el Gobierno no busca modificar las condiciones para ejercer el derecho a la protesta, sino definir los criterios de actuación ante hechos violentos.