El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, intervino por primera vez ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para presentar el balance del Gobierno nacional sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016; allí reveló cifras críticas sobre el incremento de la violencia y el reclutamiento forzado de menores durante 2024.
Durante su discurso de casi 18 minutos, el canciller afirmó que entre 2023 y 2024 la utilización de niños por parte de estructuras armadas creció un 64%, registrándose en promedio un caso de reclutamiento cada 20 horas en el territorio nacional.
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En la sesión multilateral, el Omar Bula, en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, sostuvo que la seguridad pública es una condición indispensable para alcanzar la paz y expuso un deterioro en los indicadores de violencia tras una década de la firma con las antiguas Farc-EP.

El canciller señaló que entre julio de 2016 y agosto de 2026 se contabilizaron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros en el país.
De igual forma, puntualizó que las estructuras armadas ilegales pasaron de 6.000 a casi 30.000 integrantes, multiplicándose y diversificando sus ingresos con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
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“Las Naciones Unidas han verificado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300% en cinco años. Solo entre 2023 y 2024, ese incremento fue del 64%. En 2024 se verificó en promedio el reclutamiento o la utilización de un niño cada 20 horas. Repito, cada 20 horas, documentado en más de 326 casos”, declaró el canciller Bula ante los miembros del Consejo de Seguridad.

Propuesta de ajuste al mandato de la Misión de Verificación
Durante su intervención, el jefe de la cartera diplomática planteó oficialmente focalizar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, sugiriendo que la entidad se concentre exclusivamente en la reincorporación y las garantías de seguridad de los excombatientes.
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Respecto al componente de la Reforma Rural Integral, la Cancillería argumentó que la entrega de tierras y el desarrollo productivo constituyen políticas públicas permanentes que deben ser asumidas directamente por la institucionalidad del Estado y el Ministerio de Agricultura, actualmente encabezado por Indalecio Dangond.
“La reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las Farc-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional”, señaló Bula.
Luego declaró: “La Reforma Rural Integral, por su parte, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”.
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La reacción del expresidente Gustavo Petro a los datos que ofreció Omar Bula
Las declaraciones del canciller y la propuesta de retirar el componente agrario de la verificación internacional provocaron la inmediata reacción del expresidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el exmandatario rechazó la postura del Gobierno nacional y cuestionó la orientación de la política exterior frente al reparto de tierras a los campesinos.
“El canciller de un narcogobierno pide que la riqueza de la mafia: que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos. Que la ONU y su Consejo de Seguridad no miren cómo se devuelve a los narcotraficantes sus bienes malhabidos desde el gobierno mismo”, posteó el exmandatario.
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Además, en su publicación recordó el pasado litigante del presidente Abelardo de la Espriella y que supuestamente ahora desde la Casa de Nariño replica unas dudosas prácticas: “Lo que hacían con la oficina de abogados ahora lo hacen desde la oficina de la presidencia”.

Resultados operacionales reportados por el Ejecutivo
Para sustentar el viraje en la estrategia gubernamental, el canciller Bula expuso los resultados operacionales alcanzados por la fuerza pública en los primeros 60 días de la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
Según el reporte que brindó ante la ONU, las autoridades han ejecutado 32.029 capturas, la incautación de más de 135 toneladas de estupefacientes, la incautación de 3.414 armas de fuego y la firma de 119 órdenes de extradición.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que la propuesta enviada al Consejo de Seguridad busca garantizar la efectividad de los recursos internacionales, mientras el Estado retoma la autoridad constitucional en los territorios afectados por los grupos armados.
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