Ministro del Interior denunció presuntos actos de corrupción en la Dirección Nacional de Bomberos durante el Gobierno Petro

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que desde su cartera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos que habrían sido celebrados durante el gobierno de Gustavo Petro bajo la figura de urgencia manifiesta.

Según el alto funcionario, y como señaló por medio de un video difundido desde la cuenta oficial de Presidencia de la República en X la mañana del miércoles 7 de octubre, una auditoría forense ordenada desde su Ministerio encontró hallazgos en un contrato de $ 24.000 millones suscrito con la empresa MAC Soluciones, de Barranquilla.

Según lo que expuso el líder de la cartera del Interior, parte de los elementos pagados no habrían sido entregados a la entidad y que algunos pagos se realizaron en medio de la Ley de Garantías.

“Lo que voy a decir está en documentos oficiales y no en opiniones”, expresó el ministro al presentar las denuncias. El proceso hace parte de una revisión más amplia sobre $ 62.000 millones contratados en modalidades similares.

El Ministerio cuestionó el uso de una urgencia manifiesta por las inundaciones

Lara explicó que los contratos se sustentaron en una emergencia declarada tras un frente frío que, según sus hallazgos, afectó a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

De acuerdo con el ministro, cerca de 250.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones.

Con base en esa emergencia, la Dirección Nacional de Bomberos declaró una urgencia manifiesta, mecanismo que permite contratar directamente sin adelantar un proceso de licitación cuando existen circunstancias que requieren una respuesta inmediata.

El ministro cuestionó que de los $42.000 millones contratados bajo esa figura, solo $313 millones se habrían destinado a atender directamente las consecuencias de las inundaciones.

Dentro de lo que se halló en la documentación, Lara expuso que el resto de los recursos se utilizó para adquirir trajes para incendios, equipos de respiración y materiales para la atención de sustancias peligrosas. Y aunque reconoció que son insumos necesarios para los cuerpos de bomberos, sostuvo que no guardaban relación directa con la emergencia invernal invocada para justificar la contratación directa.

“La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley”, declaró el ministro del Interior.

El contrato en la Dirección Nacional de Bomberos pasó de $16.000 millones a $24.000 millones

Uno de los principales hallazgos expuestos por Lara corresponde al contrato 076, firmado con MAC Soluciones. Tal y como explicó Lara, el proceso comenzó por $16.000 millones y luego recibió una adición de $8.000 millones, hasta alcanzar los $24.000 millones.

El ministro aseveró que la adición llevó el contrato cerca del límite permitido por la ley. Asimismo, cuestionó el tiempo de ejecución, pues, de acuerdo con la auditoría citada, el contrato se firmó seis semanas después de declarada la urgencia y cuando la emergencia ya había finalizado.

No obstante, el acuerdo habría fijado un plazo de 90 días para la entrega de los equipos. Pero como dijo Lara, esa cronología no se ajusta a una contratación que buscara responder de manera inmediata a una calamidad.

Otro de los puntos señalados se relaciona con una diferencia entre los bienes facturados y los que habrían ingresado al almacén. El ministro indicó que en una primera factura se cobraron 744 equipos, mientras que los registros daban cuenta de la recepción de 670.

El Gobierno cuestionó cuentas en la Dirección Nacional de Bomberos: actas de recibo y pagos por $5.600 millones

Lara señaló que el 20 de junio de 2026, funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos firmaron un acta de recibo a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración.

No obstante, el líder de la cartera añadió que ese mismo día se elaboró otra acta para que los bienes permanecieran almacenados en la bodega del contratista. Y a raíz de esto, planteó varios interrogantes sobre el por qué la entidad certificó la recepción de los elementos, pero permitió que continuaran en poder del proveedor.

Dos días más tarde, añadió el ministro, el contratista presentó una factura por $5.600 millones, que fue pagada.

Lara sostuvo que, en septiembre, ya durante la actual administración, la Dirección Nacional de Bomberos solicitó la entrega de los artículos adquiridos y que, hasta la fecha de su declaración, estos no habían sido entregados.

“¿Cómo así que se destinan $24.000 millones a dedo, se giran en plena campaña, en plena Ley de Garantías, y no aparece lo que se compró?”, cuestionó el ministro.

La revisión se extiende a otros contratos por $42.000 millones

El funcionario del Gobierno De la Espriella aclaró que no puede establecer responsabilidades penales antes de que las entidades competentes adelanten sus investigaciones. Sin embargo, pidió a la Fiscalía, a los organismos de control, al Consejo Nacional Electoral y a la Unidad de Información y Análisis Financiero que determinen el destino de los recursos.

El Ministerio del Interior informó que la auditoría inició con el contrato de $24.000 millones, pero se ampliará a otros tres procesos suscritos con la misma urgencia manifiesta.

Lara puntualizó que hay otros $42.000 millones bajo revisión y que la cartera busca concluir las verificaciones para completar el análisis sobre los $62.000 millones contratados bajo mecanismos similares.

El ministro expresó que los recursos destinados a los cuerpos de bomberos deben llegar a las instituciones y no quedar en bodegas privadas o sin una trazabilidad clara.

Rodrigo Lara también explicó la salida del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda

En su declaración, el ministro se refirió a la salida del capitán Germán Miranda, quien estuvo cerca de tres semanas al frente de la Dirección Nacional de Bomberos y fue declarado insubsistente por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

Lara aseguró que la decisión se tomó luego de que surgieran audios en los que el entonces director se refería a presuntas prácticas indebidas.

Entre los contenidos mencionados estaría la eventual entrega de dinero a autoridades judiciales para evitar el avance de una investigación.

El ministro sostuvo que las grabaciones aluden a hechos anteriores a la actual administración y que no se relacionan con actuaciones ocurridas durante este Gobierno. Aun así, afirmó que el contenido de los audios provocó una pérdida de confianza institucional que derivó en la salida de Miranda.

Las denuncias presentadas por el Ministerio del Interior deberán ser evaluadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que definirán si existe mérito para abrir procesos penales, disciplinarios o fiscales por las contrataciones cuestionadas.