Gobierno ya contactó a familiares de los 17 exmilitares detenidos por el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó en la tarde del martes 6 de octubre de 2026, que el Gobierno colombiano ya estableció contacto con familiares de los 17 exmilitares señalados de participar en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Además, anunció que en los próximos días se definirá la ruta para la asesoría jurídica que recibirán los detenidos, en una reunión entre los ministerios de Defensa, Justicia y la Cancillería.

Las declaraciones de Cancino se conocieron después de que, durante la mañana del mismo martes, el presidente Abelardo de la Espriella manifestara su respaldo a los exmilitares colombianos, quienes permanecieron detenidos en Haití desde el asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. A finales de septiembre, los 17 fueron trasladados a Estados Unidos para comparecer ante una corte del Distrito Sur de Florida.

El ministro de Justicia explicó que las primeras gestiones con los familiares ya comenzaron y que la Cancillería también participa en el proceso. “Ya nos pusimos en contacto con varias personas familiares. Ya hay una persona en camino de la Cancillería y hoy o a más tardar mañana tenemos una reunión el ministro de defensa, el canciller y yo para trazar la línea que nos fije el señor presidente sobre esa materia, pero ya estamos avanzando bastante en analizar la situación y mirar la realidad”, dijo Cancino en declaraciones a los medios de comunicación.

El anuncio del ministro se produjo después de que el presidente De la Espriella informara que impartió instrucciones a sus ministros para acompañar a los exmilitares colombianos y a sus familias durante el proceso que enfrentan en Estados Unidos. “Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos, así como apoyo económico a sus familias”, indicó el mandatario en una publicación en X.

El presidente también manifestó que considera necesario esclarecer qué ocurrió alrededor del asesinato de Moïse y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los colombianos procesados. En ese sentido, afirmó: “No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, los colombianos fueron contratados por el médico y pastor Christian Emmanuel Sanon, quien es señalado de haber planeado el crimen con el propósito de asumir la Presidencia de Haití. Sanon se encuentra actualmente en juicio ante un tribunal federal de Miami.

Cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua a comienzos de año por el crimen, mientras que otras cuatro se declararon culpables en mayo. Entre estas últimas se encuentran dos ciudadanos colombianos.

Familiares sostienen que los exmilitares son víctimas

Tras el traslado de los colombianos a Estados Unidos, algunas entrevistas ofrecidas por los exmilitares y sus familiares han presentado una versión diferente sobre su participación en los hechos. Según ese relato, fueron contratados con la promesa de prestar servicios de protección y algunos consideraron que la operación en la residencia de Moïse era “legítima” y que estaba relacionada con la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

Los exmilitares permanecieron durante más de cinco años retenidos en la Penitenciaría Nacional de Haití, ubicada en Puerto Príncipe. Sus familiares han denunciado las condiciones en las que estuvieron recluidos y han solicitado acompañamiento de las autoridades colombianas.

Julián Limas Gómez, hermano de Jhon Jairo Ramírez Gómez, uno de los exmilitares recientemente trasladados a Estados Unidos, denunció en El País de España que su familiar sufrió torturas y permaneció en condiciones inhumanas durante el encarcelamiento.

Limas compartió con ese medio varias imágenes en las que aparece quien identifica como su hermano, con sangre y heridas en la piel, y aseguró que estas fueron presentadas ante el Grupo Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía, una dependencia de la Cancillería colombiana, a la que solicitó “urgente protección diplomática” y “rechazo a declaraciones obtenidas bajo tortura”.

Además, en una carta abierta dirigida el 3 de octubre a la Presidencia y a la Cancillería, Limas sostuvo que “se pretende destruir la vida de un hombre inocente” y recordó que su hermano sirvió durante más de 20 años en las Fuerzas Militares. En el documento también cuestionó el eventual abandono de quienes, según su relato, dedicaron su vida al servicio militar.

La carta conocida por El País concluye con una solicitud al Gobierno: “No permita que condenen a hombres que sirvieron a la patria y que hoy son chivos expiatorios de una conspiración ajena. La historia y la justicia divina y terrenal juzgarán el amparo o el abandono de nuestros soldados”.