Tras la adición de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles, en conjunto, los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago se pusieron de acuerdo para establecer unas prioridades esenciales que van más allá de la lucha contra el narcoterrorismo en el Hemisferio.
A través de una declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía en el Hemisferio, el organismo regional planteó tres pilares de trabajo. El documento fue difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y constituye la primera medida conjunta del denominado Escudo de las Américas
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El primero apunta a la cooperación económica, con medidas para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, controlar inversiones y promover estándares para proveedores confiables de infraestructura digital.
El segundo se centra en la seguridad y la defensa de la gobernanza democrática. El texto contempla ampliar las capacidades civiles de seguridad, coordinar sanciones y acciones financieras, y ofrecer asistencia humanitaria y de comunicación frente a las redes armadas.
El tercer eje propone una mayor coordinación en foros regionales y multilaterales, con el propósito de impulsar acciones contra el crimen organizado transnacional y promover reformas en organismos internacionales.
Para sostener esas medidas, los países anunciaron que buscarán ampliar el intercambio de inteligencia, el acceso a tecnologías de seguridad, la capacitación de personal y el intercambio de prácticas.
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La acción contra los 24 grupos narcoterroristas
De la misma manera, los gobiernos firmantes anunciaron una acción colectiva contra 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas, que contempla congelamiento de activos, restricciones migratorias y posibles sanciones penales contra quienes les brinden apoyo material.
El documento señala que los Estados buscarán aplicar las medidas de acuerdo con sus respectivas leyes nacionales y obligaciones internacionales.
Entre las herramientas previstas figuran la inmovilización de bienes, limitaciones de inmigración y visados para integrantes, asociados y simpatizantes de las organizaciones, además de acciones penales contra quienes aporten recursos o asistencia logística con conocimiento de su destino.
La lista incluye a Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua, Barrio 18, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), entre ellos el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
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También figuran organizaciones criminales vinculadas con México, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng), el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, el Cartel del Noreste, Los Viagras y el Cartel de Juárez, conocido también como La Línea.
La nómina incorpora al Cartel de Los Soles, el Clan del Golfo, el Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers, Los Tiguerones y otras estructuras señaladas en la declaración.
Los países firmantes sostuvieron que las organizaciones narcoterroristas transnacionales representan una amenaza para la paz, la seguridad y la prosperidad del hemisferio. Por ese motivo, anunciaron la intención de coordinar designaciones, sanciones y mecanismos financieros contra esos grupos.
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Los gobiernos buscarán activar mecanismos del Tratado de Río
La declaración establece que los países tienen previsto presentar una solicitud conjunta ante la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo será convocar una reunión de consulta que evalúe la creación de un Órgano de Consulta, bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), conocido como Tratado de Río.
Una vez convocado ese espacio, los gobiernos prevén participar a nivel ministerial para analizar una resolución que facilite una respuesta colectiva contra las organizaciones incluidas en el listado.
Los países del Escudo de las Américas que no integran el Tratado de Río expresaron su respaldo a la iniciativa y su intención de contribuir dentro de los límites de sus normas nacionales e internacionales.
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