
El 22 de septiembre, el Ministerio de Salud puso en marcha, oficialmente, la primera fase del plan de choque en salud, una estrategia de carácter extraordinario y temporal destinada a atender los servicios y tecnologías que permanecen pendientes para pacientes en distintas regiones del país.
La medida parte de la identificación de 1.069.196 usuarios que tienen medicamentos o procedimientos pendientes y establece una ruta de seguimiento hasta verificar que la atención requerida haya sido efectivamente recibida.
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El anuncio de la estrategia había sido realizado un día antes por el presidente Abelardo de la Espriella, al término de un consejo de ministros. Según las cifras presentadas por el mandatario, entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a aproximadamente 5.772 reclamaciones diarias. De ese total, el 92% estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
La primera fase fue estructurada a partir del cruce de información disponible, el trabajo conjunto con los aseguradores, los pacientes y las sociedades científicas, además del seguimiento a peticiones, quejas y reclamos. Con estos datos se estableció el grupo de usuarios que presentan atenciones pendientes y que serán objeto del mecanismo implementado por el Gobierno.
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De acuerdo con la información entregada por la cartera, más de 700.000 usuarios tienen medicamentos pendientes y más de 300.000 pacientes esperan procedimientos. La cobertura será nacional y la intervención se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2026.
Pacientes priorizados

El plan de choque establece que la atención de los casos será priorizada de acuerdo con el nivel de riesgo de cada paciente. En esta primera etapa se tendrán en cuenta especialmente las condiciones que pueden comprometer la vida o generar una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica.
Entre las patologías incluidas se encuentran cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH. También se contemplan pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, insuficiencia cardíaca y otras condiciones que pueden generar una descompensación progresiva.
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El grupo priorizado también incluye a mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales para el embarazo, así como pacientes con alta probabilidad de hospitalización y personas cuyas enfermedades puedan agravarse si no reciben oportunamente el tratamiento requerido.
Una ruta de atención con varias etapas

La ruta definida por el Ministerio de Salud contempla varias etapas. En primer lugar, deberán identificarse los pacientes y establecer cuál es la atención que permanece pendiente. Después se determinará el medicamento o procedimiento requerido y la entidad responsable de garantizarlo.
A partir de esa identificación se deberán gestionar los recursos necesarios para permitir que el servicio sea prestado. El proceso no terminará con el registro o cierre administrativo del caso, pues el plan establece un seguimiento hasta comprobar que el paciente recibió el medicamento o que el procedimiento o tratamiento fue realizado.
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El presidente explicó que el propósito es que la solución pueda comprobarse directamente en la atención recibida. “Aquí no basta con cerrar un reclamo en una plataforma. La solución tiene que llegar al paciente”, afirmó durante su intervención del 21 de septiembre.
Las EPS tendrán a su cargo la identificación y reporte de los medicamentos y procedimientos pendientes, la determinación de los pacientes involucrados y la gestión correspondiente para garantizar la atención. La cartera señaló que el proceso tendrá trazabilidad y seguimiento continuo durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de este año.
Compra de cartera para financiar las atenciones pendientes

Como respaldo financiero para esta primera fase, el Ministerio de Salud implementará un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida para las EPS de ambos regímenes. La herramienta estará destinada al pago de las atenciones correspondientes a los servicios y tecnologías de salud pendientes que hayan sido incluidos en el plan de choque.
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El mecanismo tendrá una tasa de interés del 0% y un periodo de gracia de un año. Según el comunicado, la facturación asociada a los servicios y tecnologías pendientes incluidos en la estrategia tendrá prioridad dentro de este esquema.
La medida busca generar liquidez para facilitar el pago de las atenciones represadas y permitir que los recursos lleguen a la red encargada de prestar los servicios a los pacientes. El ministerio aclaró que el mecanismo no contempla el reconocimiento de servicios que ya hayan sido pagados.
El presidente también señaló que los recursos estarán vinculados a las atenciones contempladas en esta primera fase y tendrán seguimiento. “No vamos a pagar dos veces una misma atención, ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, afirmó De la Espriella.
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Mesa de control y seguimiento nacional

Para verificar el avance de la estrategia se conformará una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Esta instancia tendrá entre sus funciones hacer seguimiento a la reducción de los casos pendientes, la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos y los recursos destinados al mecanismo extraordinario de compra de cartera.
La Superintendencia Nacional de Salud realizará, además, seguimiento especial al cumplimiento de las obligaciones de las EPS. En coordinación con las entidades territoriales, también establecerá mesas regionales para verificar la atención de los pacientes y hacer seguimiento a otros casos que no estén incluidos dentro de esta primera fase.
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