La Fiscalía General de la Nación citó a diligencia de interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas presidenciales de Iván Cepeda y Carolina Corcho que estuvieron a cargo durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.
La citación fue ordenada por una fiscal adscrita a la estructura anticorrupción dentro de una investigación penal que busca verificar presuntas irregularidades administrativas en la rendición de cuentas de ambas precandidaturas.
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El objetivo de las citaciones judiciales es determinar si las campañas incurrieron en la omisión deliberada de reportes financieros obligatorios ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El ente acusador investiga los soportes contables relacionados con el registro de gastos de logística, préstamos bancarios, créditos personales y donaciones privadas que recibieron los precandidatos durante la contienda que buscaba definir la candidatura oficial a la Presidencia de la República.
Las citaciones quedaron programadas para llevarse a cabo de manera presencial los próximos 23 y 24 de septiembre en las instalaciones del búnker principal de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en Bogotá.
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Entre las personas llamadas a rendir explicaciones en la sede del organismo judicial figuran los responsables directos de la administración financiera del congresista Iván Cepeda. Para este caso, la Fiscalía citó a Carlos Saúl Garzón Urrea, que ejerció como gerente oficial de la campaña, y a Sandra Yurany López Cortés, que figuraba como contadora encargada del balance de ingresos y egresos.
Por el lado de la precandidatura de la exministra y actual senadora Carolina Corcho, el ente de control penal citó al ciudadano Nelson Emiro Linares Zárate, encargado de la gerencia general de su equipo de campaña, junto con Libardo Hinestroza Palacios, que se desempeñó como profesional contador durante el proceso electoral del partido político.
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La investigación de la Fiscalía anticorrupción se centra en constatar la veracidad de los libros contables radicados ante las autoridades electorales y verificar si los montos declarados coinciden con los movimientos bancarios reales ejecutados durante la plaza pública y la publicidad digital.
El CNE establece que las precandidaturas que participan en consultas populares e internas de partidos políticos están sujetas a topes de financiación y a la obligación legal de registrar todos los aportes dentro de los plazos fijados por la norma electoral colombiana.
La diligencia de interrogatorio constituye una actuación previa en la que los citados, acompañados por sus abogados defensores, podrán entregar sus explicaciones técnicas, aportar certificaciones bancarias y ejercer su derecho a la defensa frente a las hipótesis investigativas del ente acusador.
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Y es que es importante señalar que la consulta del Pacto Histórico se realizó el 26 de octubre de 2025 para definir la candidatura presidencial y las listas al Congreso (tanto Cámara como Senado). Participaron Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, aunque este último había retirado su aspiración; la jornada registró cerca de 2,75 millones de votos.
Cepeda y Corcho reportaron más de $2.393 millones en gastos para la consulta del Pacto Histórico
De acuerdo con los reportes financieros registrados en Cuentas Claras del CNE, las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron en conjunto más de $2.393 millones en ingresos y egresos relacionados con la consulta interna del Pacto Histórico.
En el caso de Iván Cepeda, el reporte registra $964,8 millones, de los cuales $839,7 millones correspondieron a donaciones y aportes de particulares y $125,1 millones a recursos propios y familiares.
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El principal gasto fue la publicidad política, con $776 millones, seguido de gastos administrativos por $92,4 millones y actos públicos y cierres de campaña por $68,8 millones.
Por su parte, Carolina Corcho reportó $1.428,9 millones. De este monto, $1.407,5 millones correspondieron a créditos en dinero otorgados por particulares y $21,4 millones a donaciones. Sus principales gastos fueron actos públicos y logística, con $738,7 millones; gastos administrativos y de oficina, con $415,6 millones; y propaganda electoral, con $171,2 millones.
Según el CNE, el tope de gastos establecido para cada campaña en esta consulta nacional fue de $6.080,3 millones. Con base en los reportes registrados, tanto Cepeda como Corcho se mantuvieron por debajo del límite fijado para la contienda.
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