El Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, que autoriza a Prosperidad Social a suspender de manera excepcional y temporal algunas verificaciones de requisitos y corresponsabilidades para mantener los pagos de programas sociales a personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la medida aplica cuando esas verificaciones dependan de infraestructura, servicios o sistemas de información afectados por la emergencia. El objetivo es evitar que los beneficiarios pierdan transferencias monetarias por causas asociadas al desastre.
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El decreto no crea un nuevo subsidio ni aumenta el valor de las transferencias. La decisión busca garantizar la continuidad de los pagos a quienes ya eran beneficiarios de los programas al momento del terremoto y que, por las afectaciones, no puedan cumplir o acreditar temporalmente algunas condiciones.
La suspensión podrá extenderse hasta por 12 meses, aunque deberá levantarse de manera progresiva a medida que se restablezcan la infraestructura, los servicios y los sistemas necesarios para realizar las verificaciones.
Programas cobijados por la medida
La decisión incluye los programas Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven. Estos esquemas de transferencias monetarias tienen requisitos y corresponsabilidades que, en condiciones normales, deben verificarse para definir la permanencia o continuidad de los pagos.
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Entre esas verificaciones están aspectos como matrícula educativa, controles médicos, vacunación, desempeño académico o reporte de novedades, entre otros. Sin embargo, el terremoto afectó instituciones, infraestructura y sistemas requeridos para validar parte de esa información.
Por eso, los beneficiarios que resultaron afectados por el sismo podrán mantener sus pagos cuando no sea posible verificar temporalmente esas condiciones por razones atribuibles a la emergencia.
La medida se toma ante las afectaciones registradas en 496 municipios de 16 departamentos. Según reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, citados en el decreto, la emergencia dejaba 196.614 familias y 406.963 personas damnificadas.
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El desastre también ocasionó daños en viviendas, colegios, centros de salud, vías y otros servicios esenciales. Ese contexto llevó al Gobierno a flexibilizar temporalmente algunos controles para evitar que las familias damnificadas enfrenten una pérdida de ingresos en medio de la recuperación.
Verificaciones se restablecerán gradualmente
En los municipios con afectación directa, Prosperidad Social registra una cobertura de 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven.
La suspensión de verificaciones no significa que los programas queden sin control de manera indefinida. El decreto establece que la medida será temporal y excepcional, y que deberá levantarse progresivamente cuando vuelvan a operar las condiciones necesarias para verificar los requisitos.
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Esto implica que, cuando se restablezcan colegios, servicios de salud, sistemas de información o canales de reporte, Prosperidad Social deberá retomar los procesos de validación correspondientes.
La medida busca responder a una dificultad práctica generada por el terremoto: en algunas zonas afectadas, las instituciones encargadas de certificar asistencia escolar, controles de salud o información administrativa también resultaron dañadas o limitadas en su operación.
En ese escenario, exigir verificaciones inmediatas podría terminar afectando a personas que sí cumplen los criterios de los programas, pero que no pueden demostrarlo por causas asociadas a la emergencia.
El Gobierno busca evitar que esa situación interrumpa transferencias que resultan clave para hogares en condición de vulnerabilidad. La continuidad de los pagos podría ayudar a sostener gastos básicos mientras avanzan las labores de reconstrucción y restablecimiento de servicios.
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La decisión también reconoce que la emergencia no solo produjo daños físicos, sino interrupciones administrativas y operativas que impactan la forma en que el Estado verifica la permanencia de los beneficiarios en los programas sociales.
Por ahora, Prosperidad Social tendrá la facultad de aplicar la suspensión en los casos en que las corresponsabilidades no puedan verificarse por afectaciones derivadas del terremoto. La entidad deberá ajustar gradualmente esos controles conforme se normalicen las condiciones en los territorios afectados.
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