El presidente Abelardo de la Espriella ordenó articular a varias entidades y ministerios para asumir las funciones, programas y recursos que estaban a cargo del Ministerio de la Igualdad y Equidad, cartera que entró en proceso de liquidación tras una decisión de la Corte Constitucional.
De acuerdo con la información publicada por El Heraldo, la directiva conocida este miércoles 9 de septiembre establece que entidades de la Rama Ejecutiva deberán coordinarse para garantizar la continuidad de los planes y acciones que manejaba el ministerio creado durante el gobierno anterior.
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La orden presidencial señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública será el encargado de coordinar con las demás entidades el plan de acción para realizar los ajustes correspondientes y distribuir las competencias que quedarán por fuera del ministerio liquidado.
Función Pública coordinará el plan
La Presidencia pidió que el plan de acción sea presentado de manera urgente, con el fin de garantizar la adecuada, oportuna y eficiente ejecución de los programas, planes y acciones que estaban vinculados al Ministerio de la Igualdad.
En el documento se advierte que las entidades nacionales deberán brindar apoyo y acompañamiento cuando el liquidador del Ministerio de la Igualdad y Equidad o Función Pública requieran asistencia sobre asuntos que no puedan ser atendidos directamente por las entidades destinatarias de la directiva.
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“Las entidades de la rama Ejecutiva del nivel nacional brindarán el apoyo y acompañamiento que se llegue a requerir por parte del liquidador del Ministerio de la Igualdad y Equidad, en proceso de liquidación y del Departamento Administrativo de la Función Pública”, se lee en parte del documento.
La directiva busca ordenar el tránsito institucional tras la liquidación de la cartera y evitar que programas, inversiones o competencias queden sin responsable dentro del Gobierno nacional. El énfasis está en definir qué entidad asumirá cada función y cómo se ejecutarán los recursos pendientes.
Según lo conocido, el traslado no se limitará a una sola entidad. Las funciones, programas, planes, acciones e inversiones que estaban bajo responsabilidad del Ministerio de la Igualdad pasarán a distintos despachos del Ejecutivo, entre ellos los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como Prosperidad Social.
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Programas pasarán a otras entidades
El Gobierno busca que esas entidades asuman las competencias según su naturaleza y capacidad institucional. En ese reparto, Interior, Hacienda, Justicia y Prosperidad Social tendrán un papel central en la continuidad de las acciones que venía manejando la cartera liquidada.
La decisión se conoce después de que el Gobierno avanzara en la eliminación de estructuras internas del Ministerio de la Igualdad, dentro del proceso de liquidación. En semanas anteriores también se había informado la supresión de viceministerios y encargos considerados no esenciales para la etapa final de la entidad.
Con la nueva orden, la Presidencia intenta dar un marco de transición para que los asuntos misionales no queden suspendidos o dispersos. La instrucción apunta a que el liquidador y Función Pública organicen la redistribución y soliciten el respaldo de las entidades que deban recibir programas o recursos.
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El Ministerio de la Igualdad fue una de las apuestas institucionales del gobierno anterior, pero su permanencia quedó comprometida por la decisión de la Corte Constitucional. Ahora, bajo la administración de De la Espriella, el proceso entra en una fase de reasignación de funciones.
La medida también implica definir cómo se manejarán los recursos asociados a programas, planes y acciones que ya estaban en curso. La Presidencia pidió que ese traslado se haga con criterios de oportunidad y eficiencia, para evitar interrupciones en la ejecución.
Aunque el documento no detalla en la información conocida el listado completo de programas ni el monto de recursos que asumirá cada entidad, sí establece que el plan debe ser urgente y coordinado por Función Pública.
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El reto para el Gobierno será garantizar que la liquidación del Ministerio de la Igualdad no genere vacíos administrativos ni afecte la continuidad de las acciones que estaban bajo su responsabilidad. Por ahora, la directiva deja claro que varias entidades del Ejecutivo deberán asumir esas funciones y responder por la ejecución de los programas heredados.
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