La Fiscalía General de la Nación programó para las 9:00 a. m. del 4 de septiembre de 2026, la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez, dentro de tres procesos que examinan crímenes atribuidos a grupos paramilitares en Antioquia durante su período como gobernador, entre 1996 y 1998. Las investigaciones pretenden establecer si el exmandatario tuvo algún papel en la formación de esas estructuras armadas y si existió una posible conexión con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Uno de los casos está relacionado con una incursión paramilitar ocurrida en San Roque entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996. De acuerdo con el expediente, los responsables habrían usado la hacienda Guacharacas, que pertenecía entonces a la familia Uribe, como punto de apoyo. La pesquisa también abarca la desaparición de cuatro personas en junio de ese año y la desaparición de ocho comerciantes el 14 de agosto, en el corredor entre Maceo y Puerto Berrío.
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La Fiscalía también revisa la masacre de La Granja, en Ituango, donde integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) asesinaron a cuatro campesinos en junio de 1996, tras acusarlos de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El ente investigador analiza la eventual responsabilidad de Uribe Vélez por concierto para delinquir. El tercer expediente corresponde a la masacre de El Aro, cometida en octubre de 1997, también en Ituango, que dejó 17 muertos y provocó el desplazamiento de cientos de habitantes.
La defensa pidió aplazar la diligencia hasta que decida la Corte Constitucional
Jaime Granados, abogado del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, envió dos comunicaciones a la Fiscalía General de la Nación. En la primera solicitó aplazar la indagatoria hasta que la Corte Constitucional resuelva si la autoridad competente es la Comisión de Acusación o el ente acusador, según informó Reporte Coronell.
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El planteo tiene una consecuencia temporal concreta: la decisión del alto tribunal podría tardar años, porque no existe un término legal fijado para resolver ese punto. El texto sostiene que, aunque es casi seguro que el máximo tribunal de la Rama Judicial definiría que la competente es la Fiscalía, la demora podría terminar llevando el caso al próximo fiscal General de la Nación.
Ese eventual relevo institucional, de acuerdo con el mismo texto, coincidiría con la nominación del nuevo fiscal por parte del presidente Abelardo de la Espriella. La comparación que allí se hace remite a otro expediente contra Uribe Vélez que estuvo bajo el entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, nominado por el expresidente Iván Duque.
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La segunda carta de Granados llegó al órgano investigativo en las últimas horas. En seis páginas, el abogado insiste en que el expresidente y su defensa necesitan más tiempo para evaluar la declaración que dio el día anterior el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Ese pedido de más plazo se formula pese a que la defensa participó en la diligencia y, además, entrevistó a Mancuso en marzo de 2026. La carta está marcada como una insistencia y, según el periodista Daniel Coronell, podría ser parte de una estrategia para promover una acción de tutela con medida suspensiva que impida la realización de la indagatoria prevista.
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El testimonio de Mancuso vincula a funcionarios de la Gobernación de Antioquia
La diligencia busca vincular formalmente a Uribe al proceso por tres hechos; gira sobre lo que puede probar el testimonio de Salvatore Mancuso y sobre el alcance de las comunicaciones conocidas en el expediente.
Mancuso ha declarado en diligencias judiciales, en otras actuaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en una entrevista con El Reporte Coronell que los paramilitares recibieron instrucciones de la Gobernación de Antioquia, entonces encabezada por Uribe, para ejecutar la matanza de El Aro.
Mancuso aseguró que esa información se la transmitió Pedro Juan Moreno Villa, quien era secretario de Gobierno del entonces gobernador. También sostuvo que la lista de campesinos que debían ser asesinados fue entregada por el general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la Cuarta Brigada.
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Ante ello, la posición de la defensa del expresidente es que el testimonio de Mancuso podría llegar a probar la participación de Moreno Villa en las masacres, pero no la de su superior en la Gobernación, Uribe Vélez.
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