Este es el campo de tiro donde entrenaron los sicarios que asesinaron por error al empresario Gustavo Aponte en Bogotá

Las autoridades colombianas han intensificado la persecución contra los integrantes de la banda criminal Gladiadores, responsables del asesinato por error del empresario Gustavo Aponte el 11 de febrero de 2026. El caso ha generado alarma: los propios líderes de la organización habrían ordenado eliminar a los sicarios implicados para silenciarlos y castigar el fallo en el objetivo.

De acuerdo con el infomre revelado por El Tiempo, el seguimiento de la Fiscalía permitió identificar un campo de tiro donde los sicarios practicaron disparos seis días antes del homicidio de Aponte. Esa sesión de entrenamiento habría sido una orden directa de los cabecillas, tras confirmarse que el verdadero blanco, un empresario del sector oro, se desplazaba siempre protegido por al menos tres escoltas.

El uso del campo de tiro fue clave para la planificación del atentado. La Fiscalía ha documentado que, ante la dificultad del objetivo original, el grupo criminal optó por armarse con pistolas automáticas y ametralladoras. La práctica previa en ese predio, ubicado entre los puntos de encuentro y resguardo de la banda, marcó la preparación final para el ataque que terminó con la vida de Aponte.

Por otro lado, las investigaciones han identificado un circuito de inmuebles fundamentales para la operación: una vivienda en la calle 100 cerca de la autopista norte, otra en Altamira, en San Cristóbal Sur, y un tercer punto en el barrio Verbenal, en Usaquén. Estos sitios sirvieron de refugio, almacén de armas y vehículos, y centro de logística para los sicarios.

El caso Aponte ha puesto de manifiesto las capacidades y ramificaciones de los Gladiadores. Las diligencias de la Fiscalía han reunido pruebas como ubicaciones de celulares, registros de cámaras, mensajes, audios y videos intercambiados entre los implicados. Tales elementos permitieron enviar a prisión a uno de los primeros capturados y siguen nutriendo la búsqueda de los autores intelectuales.

Se ha confirmado que los autores intelectuales del crimen dieron la orden de exterminar a sus propios ejecutores, con el doble propósito de evitar filtraciones y ajustar cuentas por el error. Según los investigadores consultados por el medio de comunicación mencionado con anterioridad, la banda busca así evitar que los implicados cooperen con la justicia.

Así mismo, la comunicación entre los integrantes revela la existencia de una ‘olla’ de armas y drogas en el barrio Altamira, otro punto central en la trama. En chats recuperados por la Fiscalía, un cabecilla y otros miembros intercambiaron ubicaciones, enviaron fotos de armas y de viviendas vigiladas, consolidando la teoría de que el grupo operaba en células con contacto frecuente.

El análisis de la Fiscalía sobre estos chats concluye: “Se infiere que dichas personas se conocen y mantienen contacto frecuente, presuntamente en un mismo sector geográfico, al parecer el barrio Altamira de la localidad de San Cristóbal Sur”.

Las pruebas recolectadas han sido determinantes para avanzar en la identificación de nuevos miembros y para acercarse a los jefes de la organización. La existencia de una red criminal con tentáculos en la costa Atlántica y una operatividad desconocida para las autoridades hasta este caso, confirma la gravedad del fenómeno sicarial que rodeó la muerte de Aponte.

Los investigadores sostienen que el error en el blanco no disminuye la peligrosidad de la estructura, que permanece activa y en proceso de reacomodamiento tras la fallida operación. La Fiscalía sigue tras la pista de los autores materiales e intelectuales, convencida de que el material probatorio permitirá esclarecer la cadena de mandos y los móviles de este crimen.

Juez envió a la cárcel al conductor de la moto en la que escapó el sicario

Enrique Llanos Paternina, señalado de participar en la logística del ataque sicarial que terminó con la muerte del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, fue enviado a la cárcel.

La decisión fue adoptada en la tarde del lunes 31 de agosto de 2026, durante las audiencias preliminares. Llanos Paternina, de 32 años, permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

El procesado fue imputado por los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las diligencias, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Pese a esa decisión, el juez consideró que existían elementos suficientes para imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La determinación no representa una condena, sino una decisión preventiva mientras continúa el proceso.