Empresarios de Ibagué fueron protagonistas de un escándalo por insultar a sus empleadas; sin embargo, el Ministerio de Trabajo los absolvió y les retiró millonaria multa

El Ministerio del Trabajo redujo la multa y archivó parte del proceso contra Charry Trading S.A.S., la empresa de los hermanos Gustavo Adolfo y Diego Fernando Charry Parra, señalados por trabajadores de Ibagué por presuntos actos de maltrato laboral.

La decisión quedó consignada en la Resolución 2737 del 27 de agosto de 2026. El monto acumulado de las sanciones, que superaba los 1.000 millones de pesos, fue reducido a 254 millones y varios cargos fueron retirados del expediente.

La nueva resolución conserva únicamente la conducta relacionada con los insultos que Diego Fernando Charry habría dirigido contra Claudia Yaneth Méndez, una de sus empleadas. Por ese hecho, la sanción quedó fijada en 254 millones.

El Ministerio revocó los cargos relacionados con faltas de respeto contra la dignidad, las creencias o los sentimientos de los trabajadores. La entidad también ordenó archivar el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado contra Charry Trading S.A.S.

El proceso quedó relacionado con la empresa identificada con el NIT 900.403.334-1 y representada legalmente por Adolfo Charry Martínez. La resolución no mantuvo la totalidad de las conductas atribuidas durante la actuación administrativa anterior.

La decisión modificó una sanción impuesta en agosto de 2025, cuando el Ministerio del Trabajo había establecido tres multas que, acumuladas, superaban los 1.000 millones. Ese procedimiento había sido abierto después de una denuncia pública que provocó una amplia controversia en Ibagué.

La investigación se originó en septiembre de 2023, cuando se difundieron videos en los que trabajadores denunciaban malos tratos y humillaciones dentro de la empresa. En esas grabaciones fueron señalados los hermanos Charry, reconocidos empresarios de Ibagué.

El escándalo llevó a que las autoridades laborales revisaran las condiciones denunciadas por los empleados. La actuación se extendió durante casi dos años hasta que, en agosto de 2025, se conoció la sanción contra la compañía.

La modificación del expediente ocurrió durante el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella. El Ministerio decidió revocar parcialmente la resolución emitida durante la administración de Gustavo Petro.

Camilo Delgado, abogado y apoderado de uno de los accionantes contra Charry Trading, cuestionó la forma en que el Ministerio modificó el proceso. Según su interpretación, la entidad reconoció la existencia de faltas, pero terminó absolviendo a la empresa por considerar que hubo una acumulación indebida de cargos.

“Es una decisión que nos deja bastante preocupados por la forma que el Ministerio termina archivando el proceso y absolviendo a la empresa”, dijo Delgado en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

El abogado sostuvo que la disminución de la sanción refleja el criterio que podría aplicar la institución encargada de proteger los derechos laborales durante los próximos cuatro años.

Delgado también afirmó que el nuevo criterio puede permitir que se repitan conductas contra los empleados. “Parece que, como en el pasado, se vuelve a sanciones que permiten que las empresas cometan estos actos reprochables en contra de trabajadores”, sostuvo.

Para el abogado, la resolución representa un cambio profundo entre la administración anterior y el actual gobierno. Su crítica se concentra en la reducción de la sanción y en el archivo de parte del procedimiento.

“Con esta reducción del 80% se genera un precedente negativo frente a la protección que debe brindar el Estado ante estos actos de maltrato y abuso laboral”, afirmó Delgado. También cuestionó que se haya archivado un expediente que, según él, ya contaba con hechos suficientemente acreditados.

El representante jurídico de los trabajadores señaló que la medida produce una sensación de insatisfacción entre los denunciantes. A su juicio, el resultado favorece de manera desproporcionada al empleador y deja en una posición más débil a quienes denunciaron los hechos.

Delgado anunció que, junto con los ocho trabajadores demandantes, buscará alternativas jurídicas para revisar la decisión más reciente. El objetivo será examinar el alcance de la revocatoria parcial y las razones utilizadas para archivar varios cargos.

El abogado indicó que también avanzarán sobre otros aspectos de la resolución inicial. Entre ellos se encuentra el caso de uno de los hermanos Charry, quien fue señalado por un presunto falso testimonio.