Crisis financiera de las EPS durante el gobierno Petro: deuda llegó a $58 billones en 2025 y solo cuatro cumplen requisitos financieros

Las EPS cerraron 2025 con una deuda de $58 billones con hospitales, clínicas y empresas farmacéuticas, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, conocido en exclusiva por El Tiempo. El documento señala que las obligaciones aumentaron 26,5% en un solo año, lo que representa más de $12 billones adicionales.

El informe también advierte sobre el cumplimiento de los requisitos financieros establecidos para estas entidades. De las 28 EPS que actualmente operan, solo cuatro cumplieron durante 2025 con todos los requisitos financieros exigidos por la ley.

El reporte fue elaborado antes de la salida de Carlos Hernán Rodríguez de la Contraloría General de la República y plantea diferentes aspectos relacionados con la situación financiera de las EPS, entre ellos el comportamiento de sus ingresos y gastos, las obligaciones con prestadores y proveedores y el desempeño de las entidades sometidas a intervención administrativa.

El costo de atención superó los ingresos de las EPS

Según el informe de la Contraloría citado por el medio, una de las principales razones de los resultados financieros de las EPS durante 2025 fue que el costo de atender a los afiliados superó los ingresos recibidos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En el mismo contexto, la Corte Constitucional determinó que el valor de la UPC fijado por el Ministerio de Salud era insuficiente y ordenó realizar un reajuste técnico.

Ante el incumplimiento reiterado de esa orden, en diciembre de 2025 se abrió un incidente de desacato contra el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, según la información suministrada en el informe.

El documento de la Contraloría también muestra que la situación financiera de las entidades no fue homogénea. De las 26 EPS que entregaron información para el análisis, 17 terminaron 2025 con pérdidas.

En promedio, estas entidades gastaron en la atención de sus afiliados el equivalente al 110% de los recursos que recibieron.

Solo cuatro EPS cumplieron todos los requisitos financieros

El informe establece que las únicas cuatro EPS que durante 2025 cumplieron con la totalidad de los requisitos financieros fueron Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía.

En conjunto, estas entidades representan menos del 2% de los afiliados del sistema de salud.

De acuerdo con la Contraloría, esto significa que la mayoría de los afiliados se encuentra en EPS que incumplen uno o varios de los indicadores relacionados con capital, patrimonio o reservas.

El organismo de control también alertó sobre las dificultades que pueden presentarse para los usuarios como consecuencia de la situación financiera de las entidades.

“Se incrementan las barreras de acceso para los pacientes, quienes enfrentan retrasos o dificultades para recibir los medicamentos prescritos, con efectos adversos sobre la continuidad de los tratamientos, los resultados en salud, la calidad de vida y, en general, el adecuado funcionamiento del sistema de salud”, señala el informe citado.

Nueva EPS concentra una parte importante de las deudas

Dentro del análisis aparece el caso de Nueva EPS, entidad que cuenta con cerca de 11,6 millones de afiliados y que se encuentra bajo intervención estatal desde abril de 2024.

Según el informe de la Contraloría, desde marzo de 2024 Nueva EPS dejó de entregar información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud. Además, no alcanzó a certificar sus estados financieros correspondientes a 2025 dentro del ejercicio revisado por el organismo de control.

La entidad explicó a la Contraloría que no tiene aprobados sus estados financieros desde diciembre de 2023 y que tampoco ha podido cerrar contablemente los años 2024 y 2025.

De acuerdo con la explicación entregada, esto se debe a que la entidad necesita procesar la facturación pendiente mediante sus sistemas tecnológicos antes de poder certificar sus cuentas.

Mientras continúa ese proceso, la deuda de Nueva EPS con su red de servicios pasó de $22 billones a casi $26 billones en un año, según el informe. Este es el mayor saldo registrado entre las aseguradoras analizadas.

A esta cifra se suman $17 billones recibidos como anticipos que, según la Contraloría, todavía no han podido ser justificados contablemente.

Deudas de las EPS con proveedores de medicamentos

El informe también revisó las obligaciones de las EPS con los proveedores de medicamentos.

Entre 2024 y 2025, estas deudas aumentaron de $2,85 billones a $3,8 billones, un incremento del 33%.

Según el documento, una parte importante de ese saldo corresponde a facturas generadas durante 2025, por lo que las obligaciones no corresponden únicamente a cuentas acumuladas de años anteriores.

La Contraloría señaló que esta situación afecta la cadena de suministro de medicamentos y tecnologías en salud y puede generar dificultades para la entrega oportuna de tratamientos.

“Esta situación interrumpe la cadena de suministro de medicamentos y tecnologías en salud, poniendo en riesgo la entrega oportuna de tratamientos esenciales a la población afiliada. Como consecuencia, se incrementan las barreras de acceso para los pacientes”, indica el informe.

EPS intervenidas mantienen dificultades financieras

El Gobierno mantiene nueve EPS bajo intervención estatal y otras dos con medidas especiales. En el marco de estas medidas, la Superintendencia Nacional de Salud designó nuevos agentes interventores para algunas entidades.

Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Contraloría, las EPS intervenidas no mostraron una recuperación general de sus indicadores financieros.

Durante el primer trimestre de 2026, las EPS intervenidas gastaron 117,8 pesos por cada 100 pesos que recibieron, mientras que las EPS no intervenidas gastaron 100,8 pesos por cada 100 recibidos.

El organismo de control también indicó que varias de las entidades intervenidas empeoraron sus indicadores entre 2024 y 2025, mantuvieron gastos superiores a sus ingresos y continuaron con patrimonios negativos.

“Los resultados demuestran que, pese al tiempo transcurrido desde la adopción de las medidas especiales de intervención, ninguna de las EPS intervenidas ha logrado recuperar su patrimonio ni aproximarse a los parámetros mínimos establecidos”, señala el informe.

El documento de la Contraloría fue entregado antes de la salida de Carlos Hernán Rodríguez del organismo de control, que actualmente está en cabeza de Jorge Eliécer Laverde.