
Aunque casi se cumplen 20 días desde que el presidente Abelardo de la Espriella tomó posesión de su cargo y, como primer acto oficial, ordenó el traslado de un centenar de delincuentes a diferentes cárceles del país, todavía se siguen conociendo detalles del megaoperativo ordenado por el nuevo gobierno.
De hecho, aunque en principio de conocía del movimiento de al menos 117 reclusos de alto perfil, incluidos varios designados por el gobierno de Gustavo Petro como negociadores de paz, ahora se sabe que la cifra se habría cuadruplicado, según un reciente comunicado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) revelado por El Tiempo.
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La institución confirmó que, en realidad, fueron 403 personas privadas de la libertad las fueron trasladadas en apenas dos días, superando ampliamente las cifras que inicialmente se manejaban de forma pública.
La magnitud de esta movilización solo se hizo evidente tras una respuesta oficial del Inpec a un derecho de petición enviado por el diario nacional. El organismo detalló que el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, hubo 39 traslados y, al día siguiente, 364 internos cambiaron de centro de reclusión. La información sobre la identidad de los trasladados permanece bajo reserva legal, según la entidad, que invocó la protección del habeas data.
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En el contexto de la transición de gobierno, el Inpec explicó que estas medidas buscan preservar la seguridad nacional, descongestionar las cárceles y proteger la integridad de internos y personal penitenciario. Las decisiones se tomaron mediante actos administrativos, motivados por razones legales y de seguridad vigentes, y no respondieron a un solo criterio.
La opinión pública solo tenía registro del traslado de 117 internos de alto perfil relacionados con negociaciones de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la suma de los movimientos ejecutados bajo la Resolución 006052 y otras acciones administrativas eleva el total a más de 400 personas, según la entidad responsable.
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Entre los casos conocidos se encuentra el de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien fue llevada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá a la cárcel de Ibagué.
En su caso, la motivación fue la búsqueda de mayores condiciones de seguridad para la reclusa, según consta en los registros oficiales. Una situación similar vivió Margareth Chacón, procesada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien también fue trasladada tras solicitar mejores garantías en su reclusión.

El listado de nombres incluye, además, a figuras como Sergio Andrés Pastor (alias 19), condenado por delitos cometidos durante el estallido social de 2021; John Keneber Cárdenas Murillo (alias Kenner o ‘Cebollero’); Marlon Herrera Zárate (alias W o ‘Walter’); y Charly de Jesús Agamez Torres, identificado como cabecilla de disidencias de las Farc, entre otros.
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Las razones para los traslados fueron diversas: solicitudes de los propios internos o sus familias, alertas de seguridad elevadas por directores de cárceles y clasificaciones de riesgo para internos considerados de alta peligrosidad.
De acuerdo con la información publicada, los 167 traslados registrados en la Resolución 006052 reflejan la combinación de estos motivos, sin que primara un solo criterio para tomar las decisiones.

Durante el relevo presidencial, el Inpec ejecutó uno de los operativos penitenciarios más extensos de los últimos años, en el marco de una política impulsada por la administración del coronel Daniel Gutiérrez al frente de la entidad.
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La falta de acceso al listado completo de reclusos trasladados mantiene en reserva detalles sobre la composición específica de los movimientos, aunque la autoridad aseguró que se cumplieron los protocolos y requisitos legales en cada caso.
La cifra de 403 internos movilizados marca un precedente en el sistema carcelario colombiano, evidenciando la magnitud de los ajustes operativos realizados en apenas dos jornadas, en medio del cambio de administración nacional.
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