La gerente de Rtvc, Ángela Mora, fue denunciada ante la Procuraduría: el Pacto Histórico cuestionó el ‘apagón’ en las emisoras de paz y en el sistema informativo

Sigue la polémica en el Sistema Publico de Medios de Colombia (Rtvc), ahora conocido como Inravisión, después de que, por directriz del Gobierno nacional, se optara por ‘apagar’ la programación de al menos 20 emisoras de paz creadas tras la firma del acuerdo de paz entre las extintas Farc y el Gobierno nacional.

Y es que la decisión de suspender los contenidos informativos y silenciar las Emisoras de Paz ha generado la primera denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación contra Ángela Mora, nueva gerente de Rtvc y ahora responsable máxima de la entidad.

La acción fue impulsada por la senadora Sandra Chindoy, representante del Pacto Histórico, quien cuestionó la legalidad y el impacto social de las medidas adoptadas apenas días después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

La queja disciplinaria se presenta en medio de un debate sobre la función de los medios públicos y la protección del derecho a la información en Colombia. Según explicó la senadora, la Procuraduría deberá determinar si las decisiones de la gerente de Inravisión respetan el marco constitucional, en particular el artículo 20, que garantiza el acceso de la ciudadanía a información veraz e imparcial.

“He radicado ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra la gerente de Inravisión, Angela Mora. Es necesario que nos digan si al acabar con las noticias en los medios públicos se están cometiendo faltas disciplinarias. La gente tiene derecho a estar blen informada. Así lo establece el artículo 20 de la Constitución”, señaló la congresista.

La senadora Chindoy argumentó que el cese de las emisiones informativas y la desaparición de franjas como Rtvc Noticias y el programa ‘El Calentao’ afectan derechos fundamentales de los colombianos.

Además, denunció que la situación perjudica a los contratistas de la entidad, quienes habrían dejado de recibir las tareas estipuladas en sus contratos y, en algunos casos, no han recibido explicaciones claras sobre los cambios en sus funciones.

La acción legal incluye tres puntos principales: el cierre de la franja informativa en televisión, la interrupción de la programación de las Emisoras de Paz y la presunta afectación a la estabilidad laboral de los contratistas.

Para la senadora, estos hechos deben ser investigados por el Ministerio Público, que tiene la facultad de establecer si se han cometido faltas disciplinarias y si la gestión de Ángela Mora se ajusta a la ley.

De acuerdo con Chindoy, la continuidad de las Emisoras de Paz no es un asunto menor ni discrecional, ya que estas emisoras forman parte de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz y su funcionamiento se encuentra respaldado por el Acto Legislativo 02 de 2017. Por tal motivo, cualquier decisión que limite o modifique su programación debe estar debidamente justificada y sujeta a control.

Con relación a los contratistas, la denuncia sostiene que existen casos en los que no se han asignado actividades necesarias para cumplir los contratos vigentes. “Hemos conocido casos de contratistas a quienes no les permiten cumplir con las actividades pactadas en sus contratos. No les están dando las tareas correspondientes y, hasta donde conocemos, tampoco les están dando una explicación dara sobre estas decisiones”, alertó la senadora.

La queja solicita que la Procuraduría verifique los hechos, las razones detrás de las decisiones y la posible existencia de responsabilidades disciplinarias. Chindoy insistió en que los medios públicos “deben estar al servicio de la ciudadanía y garantizar información, pluralidad y acceso a contenidos de interés público”.

“Esperamos que la Procuraduría General de la Nación actúe con diligencia y revise estas decisiones para garantizar la protección de los medios públicos, los recursos del Estado y el derecho de los colombianos a estar informados”, concluyó la senadora.