Fedemunicipios salió en defensa de las fotomultas pese a las denuncias de abusos: “Se requieren” para controlar las vías

La discusión sobre las fotomultas en Colombia tomó un nuevo impulso después de que el Gobierno anunciara una revisión nacional de los sistemas de detección electrónica. En medio de ese debate, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) reconoció que existe un uso inadecuado de estas herramientas, aunque defendió su permanencia como mecanismo para apoyar la seguridad vial.

Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, se refirió al tema en entrevista con Caracol Radio y respaldó la decisión de revisar el funcionamiento y la legalidad de las cámaras instaladas en el país. Su posición coincide con el llamado hecho por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para verificar cómo están operando estos dispositivos.

“Estamos de acuerdo con el señor presidente de la República, y de acuerdo con la señora ministra, porque el tema es que se ha abusado, se ha hecho mal uso de los dispositivos electrónicos de detección”, dijo Toro durante la entrevista.

La discusión no implica, para Fedemunicipios, que las cámaras deban desaparecer. Toro sostuvo que cumplen una función necesaria ante la cantidad de personas que mueren o resultan heridas cada año en accidentes de tránsito y ante la falta de suficientes agentes para controlar las vías.

“Las fotomultas se requieren en un país donde al año mueren más de entre 6.000 a 7.000 personas, y quedan lesionadas aproximadamente 30.000 personas, porque no tenemos suficientes agentes de tránsito”. Sin embargo, el director ejecutivo de la Federación también cuestionó la manera en que se establecen algunos controles. Uno de los puntos que puso sobre la mesa fueron los límites de velocidad, que calificó de poco razonables en determinadas circunstancias.

“A veces los que se establecen son absurdos y hay que cambiarlos (...) no debería haber un dispositivo a menos de 20 kilómetros” en un tramo como una carretera. Sus declaraciones se conocen mientras el Ministerio de Transporte avanza en la revisión integral anunciada el 23 de agosto.

El proceso comprende los sistemas automáticos y semiautomáticos empleados para detectar presuntas infracciones de tránsito en Colombia y busca determinar si cumplen con las condiciones técnicas y legales exigidas para contribuir a la seguridad vial.

La revisión fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella y será desarrollada por el Ministerio de Transporte junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y las demás autoridades competentes. Según la cartera, el procedimiento comenzará de inmediato y alcanzará los sistemas de detección electrónica que actualmente funcionan en el territorio nacional.

El Gobierno explicó que la decisión busca identificar posibles irregularidades, abusos o situaciones en las que la instalación y operación de las cámaras no estén sustentadas en criterios técnicos relacionados con la seguridad vial.

La ministra Elsa Noguera señaló que el propósito de estos mecanismos debe estar relacionado directamente con la prevención de accidentes y la protección de los ciudadanos. “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, afirmó la ministra de Transporte.

El debate también alcanza el cuestionamiento sobre un supuesto negocio para las alcaldías mediante las fotomultas, asunto por el que Toro fue consultado durante la entrevista. La discusión sobre el destino y la utilidad de estos sistemas queda así vinculada a la revisión que acaba de ordenar el Gobierno.

Por ahora, la postura de Fedemunicipios combina dos ideas: admite que hubo abusos y respalda que se investigue su funcionamiento, pero considera que las cámaras siguen siendo necesarias para controlar las infracciones y contribuir a reducir los siniestros viales.