
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) propuso al Gobierno nacional eliminar de forma temporal el impuesto al valor agregado (IVA) en los materiales usados para reconstruir viviendas en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Esta medida, según el gremio, permitiría abaratar los costos y acelerar la recuperación de las familias damnificadas, en un contexto donde más de 140.000 viviendas requieren reparación y cerca de 30.000 deben ser reemplazadas.
Un alivio para los costos de reconstrucción
De acuerdo Camacol, la magnitud de la emergencia exige respuestas diferentes a los esquemas tradicionales de vivienda.
Guillermo Herrera, presidente de la organización, explicó que la exención temporal del IVA sobre materiales busca que los recursos públicos y privados destinados a la emergencia lleguen a más familias y se traduzcan en soluciones efectivas. Según Herrera, “la compartimos absolutamente”, al referirse a la propuesta de retirar el impuesto.
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El gremio precisó que el alivio tributario debería aplicarse de manera focalizada, solo para los insumos empleados en la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo. El objetivo consiste en disminuir los costos de intervención y ampliar el alcance de las ayudas.
Para Camacol, la reducción de impuestos debe estar acompañada de mecanismos de financiamiento, ya que la rebaja en materiales no resolvería por sí sola la falta de recursos de los hogares afectados.
El sector constructor ha visto caer su rentabilidad y perder más de 400 empresas en los últimos años. Además, la producción de vivienda alcanzó su nivel más bajo en una década y media, lo que agrava el desafío de responder a la emergencia con rapidez y eficacia.
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Régimen especial y soluciones diferenciadas
La Cámara Colombiana de la Construcción planteó la creación de un régimen especial de reconstrucción que permita financiar, agilizar trámites y entregar ayudas según el nivel de daño de cada vivienda. A juicio del gremio, no todos los hogares necesitan la misma solución: algunas estructuras pueden ser reparadas o reforzadas, mientras otras requieren reemplazo total.

Herrera puntualizó que la emergencia no solo afectó a familias de bajos ingresos, también a sectores de clase media en ciudades como Pereira y Manizales. Por ello, el gremio insiste en que las respuestas estatales no se limiten a los programas de vivienda de interés social y que se habiliten alternativas de crédito y subsidio para los distintos perfiles de afectados.
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El dirigente gremial sostuvo que “hay que tener una solución para cada tipo de daño”. Esto implica combinar reforzamientos, reparaciones y nuevas construcciones dentro de una hoja de ruta coordinada entre gobierno, entidades financieras, constructoras y autoridades locales.
Más viviendas para reparar que para reconstruir
Uno de los datos centrales aportados por Camacol es la diferencia entre el número de viviendas a reparar y las que requieren reconstrucción completa. Más de 140.000 hogares necesitan arreglos tras el terremoto, mientras que 30.000 deberán ser reemplazados, según cifras del gremio.
La política de reconstrucción, en consecuencia, debe priorizar la reparación de edificaciones recuperables. Herrera explicó que una estrategia centrada solo en construir viviendas nuevas dejaría por fuera a miles de familias que pueden regresar a sus hogares tras intervenciones estructurales o adecuaciones. Las autoridades deberán clasificar los inmuebles según el tipo de daño para decidir entre reparación, reforzamiento o demolición.
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En Pereira y Manizales, donde el impacto sobre viviendas e infraestructura fue considerable, este criterio resulta determinante para la distribución de recursos y la planeación de la recuperación urbana. Además, la emergencia abre la discusión sobre la oportunidad de renovar sectores afectados bajo criterios de seguridad y planificación mejorada.
Créditos y medidas financieras para damnificados
El panorama económico para la reconstrucción se complementó con la decisión de las principales entidades financieras del país de ofrecer créditos de vivienda al 8% efectivo anual durante toda la vida del préstamo para los damnificados.
La medida fue anunciada tras una reunión entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y líderes del sector financiero, como Luis Carlos Sarmiento, Jaime y Gabriel Gilinski y Miguel Cortés.
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El mandatario agradeció este gesto, que calificó como “un alivio real para miles de familias colombianas”. Para Camacol, el reto ahora consiste en articular rápidamente crédito, subsidios, seguros y garantías, de modo que cada hogar tenga una alternativa de solución de acuerdo con sus necesidades y capacidad de pago.

“La reconstrucción no termina cuando pasa la emergencia, pues las familias seguirán necesitando respaldo durante todo el camino”, afirmó la organización en X.
La propuesta de Camacol incluye la necesidad de coordinar esfuerzos entre el Gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones, empresas constructoras y organismos internacionales. El objetivo es unificar criterios para evaluar daños, definir responsabilidades y garantizar recursos, mientras se reducen trámites y se evitan retrasos que puedan afectar la recuperación de los hogares.
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