La exconsejera presidencial de Petro Sandra Ortiz aseguró que la usaron como una “cortina de humo para tapar y legalizar el gran robo” en la Ungrd: “Desaparecieron $ 2 billones”

La exconsejera presidencial Sandra Ortiz reapareció tras la difusión de El libro de la verdad y sostuvo que su caso fue una “cortina de humo” para encubrir el saqueo a la Ungrd, en un pronunciamiento en el que vinculó su situación con las denuncias sobre el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro.

Las cifras que detonaron la nueva controversia apuntan a cerca de $900.000 millones usados sin urgencia manifiesta y a $1,3 billones cuyo rastro se habría perdido, de acuerdo con lo expuesto por el presidente Abelardo De La Espriella en el informe presentado por el Ejecutivo. Esos montos forman parte de la investigación sobre el destino de los fondos asignados a la gestión de desastres.

Ortiz publicó su mensaje en X y cuestionó los señalamientos incluidos en el documento oficial. Allí afirmó: “Mi caso fue la cortina de humo para tapar y legalizar el gran robo de la UNGRD”.

La exfuncionaria sostuvo que la atención concentrada en su nombre desvió el foco de la magnitud del escándalo dentro de la entidad encargada de atender emergencias en Colombia. En esa misma línea, retomó los datos divulgados por el Gobierno para subrayar la dimensión del daño patrimonial y reclamar una investigación integral.

El caso que la vinculó con la trama surgió a partir de los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd. Ambos la acusaron de entregar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el supuesto fin de obtener respaldo político para iniciativas del gobierno de Petro en el Congreso.

En ese mismo proceso también fue señalado el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle por la presunta recepción de $1.000 millones. Calle permanece recluido en la cárcel La Picota mientras avanza la investigación.

Ortiz insistió en que el caso de la Ungrd no debe examinarse sólo a partir de episodios aislados. Su planteo fue que el escándalo debe analizarse en toda su extensión.

En su más reciente declaración, la exconsejera advirtió que la suma de $4.000 millones habría salido de un préstamo con un particular. Agregó que esa obligación habría sido saldada con recursos destinados a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.

Las denuncias quedaron cruzadas con el contenido de El libro de la verdad, divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella sobre presuntos casos de corrupción durante la administración anterior. El Gobierno anunció que los hallazgos serán remitidos a los organismos de control y a las autoridades competentes.

Estas son las 10 denuncias presentadas por Abelardo de la Espriella en el Libro de la verdad contra la administración Petro

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el Libro de la verdad, un informe que reúne 10 denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de Gustavo Petro y que condensa los hallazgos más graves de un empalme realizado de forma independiente sobre un total de 80 observaciones.

Entre los datos que el Ejecutivo puso en primer plano aparece el deterioro de Air-e: su patrimonio pasó de 2,22 billones de pesos en 2023 a un déficit de 377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas de 2,5 billones de pesos durante el periodo anterior.

El documento también ubica entre las alertas el frente fiscal. Según el informe, la Contraloría expuso el manejo de la deuda pública después de que el límite de adjudicación por emisor de TES subiera del 50% al 100%, una modificación que, de acuerdo con el reporte, elevó el riesgo financiero del país.

La denuncia que el gobierno considera más relevante apunta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Allí se identificó una ejecución de apenas 4,3% del presupuesto previsto para el periodo Petro, pese a que fueron asignados $15,3 billones.

El informe añade que no hubo reintegro de $240.766 millones vinculados al escándalo de los carrotanques para La Guajira. Ese caso quedó incorporado como uno de los focos de mayor impacto sobre la gestión pública.

La segunda alerta se concentra en ese mismo departamento, cobijado por una sentencia constitucional para la protección de la niñez wayúu. El reporte señala que entre 2022 y julio de 2026 se firmaron 1.085 contratos por $11,78 billones bajo la Sentencia T-302, sin resultados verificables sobre la situación de la infancia guajira.

Otro de los hallazgos destacados por el Ejecutivo se refiere a la contratación por prestación de servicios, descrita como “nóminas paralelas”. Según la información citada por El Tiempo, se advirtieron cerca de 900.000 contratos bajo esa modalidad, con un pasivo aproximado de 15 billones de pesos por el uso extendido de esa figura.

El Libro de la verdad también señala una expansión de grupos armados y una pérdida de capacidad de respuesta del Ejército. El déficit presupuestal de la Fuerza Pública llegó a 14 billones de pesos y afectó el mantenimiento de aeronaves: solo ocho de 19 helicópteros MI-17 están operativos.

En materia social, el documento advierte que Colombia Mayor agotó sus recursos entre enero y julio de este año. El gobierno alertó por la falta de fondos para cubrir el bono pensional de adultos mayores entre agosto y diciembre de 2026, una situación que atribuyó a la ampliación electoral del programa durante la administración previa sin recursos para sostenerla.

Sobre el Fondo de Igualdad, el informe reporta la transferencia de $140.910 millones a una empresa de servicios temporales sin soportes que demuestren la finalidad del gasto. También sostiene que los contratos carecen de documentación que acredite la labor realizada por el personal contratado.

En reforma agraria, el reporte sostiene que de 351.463 hectáreas entregadas, solo 95.148 hectáreas cuentan con registros completos. El documento afirma que se habrían otorgado predios sin títulos pese a una inversión cercana a un billón de pesos.

La novena alerta se centra en el Fomag. El informe le atribuye un detrimento de $548.000 millones y demoras de hasta siete años en el pago de pensiones a docentes.

El documento agrega deficiencias en el sistema de salud del magisterio, dentro de una relación de 10 denuncias que el gobierno seleccionó por su gravedad e impacto en la administración pública.