Estos son algunos de los cabecillas que fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad

El Gobierno de Colombia ejecutó el viernes 7 de agosto el traslado de 117 presos de alto perfil por orden del presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, una medida que busca frenar su capacidad de coordinación con estructuras criminales externas, endurecer los controles de seguridad y eliminar beneficios especiales en sus anteriores lugares de reclusión.

Los internos salieron de la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia, y fueron llevados a centros de máxima seguridad: El Pedregal, en Medellín, y La Picota, en Bogotá.

Las autoridades no descartaron nuevos movimientos en las próximas semanas dentro de una estrategia más amplia contra la criminalidad y de refuerzo del sistema penitenciario.

Según Noticias RCN, entre los primeros nombres conocidos están José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas) y Freyner Alonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre). El operativo también incluye a alias Orejas y al exparamilitar Hernán Giraldo.

La decisión alcanza a personas vinculadas a procesos y negociaciones de paz, así como a hechos recientes de alto impacto público.

El medio citado precisó que Muñoz Martínez y Ramírez García participaron en el llamado “tarimazo” de Gustavo Petro en La Alpujarra, el 21 de junio de 2025.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa del presidente de la República de Colombia, emitido el 7 de agosto de 2026, el traslado inmediato de los 117 internos tiene como objetivo “frenar la capacidad operativa de las organizaciones al margen de la ley”.

El texto oficial añade que la medida busca elevar los controles de seguridad y reducir la posibilidad de que los reclusos mantengan coordinaciones con redes criminales fuera de prisión.

“Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional. Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, dice el documento.

Ese mismo documento sostiene que la operación también pretende eliminar comodidades o beneficios especiales en los sitios donde estaban recluidos. La acción hace parte de una política de endurecimiento para internos con antecedentes de articulación con grupos armados.

El Inpec informó que el operativo se desarrolló durante la mañana del viernes 7 de agosto y siguió instrucciones directas del presidente De la Espriella. La operación fue coordinada por esa entidad, responsable del sistema penitenciario y carcelario.

Según el diario, la mayoría de los trasladados está vinculada a la estrategia de Paz total” promovida por el gobierno anterior. El cambio implica que ahora quedarán sometidos a nuevas condiciones de reclusión en establecimientos de máxima seguridad.

La medida también impacta sobre las negociaciones de paz en curso

El bloque de traslados reúne a figuras que, según la publicación, tuvieron papeles protagónicos en negociaciones y procesos judiciales recientes. Por esa razón, la decisión también es leída como un movimiento del Ejecutivo para modificar la dinámica de los diálogos de paz en curso y reforzar el control institucional dentro de las cárceles.

Las autoridades sostienen que la transferencia desde Itagüí busca desarticular redes ilícitas y limitar la influencia de los presos sobre actividades en el exterior. En esa lógica, el traslado no se presenta solo como una medida penitenciaria, sino como una intervención sobre la capacidad de mando de internos considerados de alto perfil.

El gobierno ordenó este primer movimiento sobre 117 personas privadas de la libertad y dejó abierta la posibilidad de ampliar la estrategia con nuevos traslados en las próximas semanas.