Laura García, mamá de la congresista María del Mar Pizarro, fue blanco de denuncias por acoso laboral en la Cancillería: “Un trato infantilizante y descalificador”

Dos fallos judiciales pusieron en el centro del debate las denuncias de acoso laboral y maltrato contra Laura Patricia García Mejía, exdirectora de Cooperación Internacional de la Cancillería de Colombia y madre de la senadora María del Mar Pizarro, de la bancada del Pacto Histórico.

Las decisiones de los juzgados, basadas en pruebas documentales y testimonios, determinan la existencia de indicios sólidos sobre conductas que vulnerarían derechos fundamentales de contratistas bajo la supervisión de García Mejía.

Según los expedientes judiciales que reveló el diario El Tiempo, las denuncias presentadas por varias contratistas incluyen chats, correos electrónicos y audios que evidencian un patrón de trato hostil y descalificador en el entorno laboral.

En uno de los fallos se lee: “Los elementos de juicio aportados revelan la utilización de un trato infantilizante y descalificador y, con especial gravedad, el empleo de expresiones que involucraron de forma directa la conducta suicida como reproche institucional: ‘si le dicen que se suicide, pues no lo hace’”.

El juez puntualizó que este tipo de conductas supera cualquier estándar aceptable en la función pública y afecta la dignidad humana, la salud mental y la integridad personal.

Las resoluciones también advierten sobre la existencia de un posible patrón de hostigamiento, compatible con conductas de acoso laboral, que habría generado consecuencias en la salud física y mental de las afectadas.

Una de las demandantes reportó episodios de ansiedad y problemas médicos asociados al estrés, mientras que otra afirmó haber buscado, sin éxito, medidas preventivas a través de los canales internos de la entidad.

Desviación de funciones y disponibilidad permanente

El proceso judicial identificó que, además del trato verbal, las contratistas habrían sido requeridas para realizar tareas ajenas a lo pactado en sus contratos.

Entre las labores señaladas se encuentran gestiones logísticas, coordinación de viajes, reservas hoteleras y trámites migratorios, así como diligencias administrativas y personales no contempladas en el objeto contractual.

Las denunciantes sostienen que la dinámica de trabajo incluía una disponibilidad permanente a través de aplicaciones de mensajería, incluso fuera del horario laboral, generando una presión constante.

Medidas de protección y respuesta institucional

Uno de los juzgados ordenó adoptar medidas de protección para una de las contratistas, entre ellas apartar a García Mejía de la supervisión directa de sus funciones y designar un supervisor independiente para seguir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Las pruebas que sustentaron la decisión incluyen mensajes de WhatsApp, correos y registros de audio que documentan el comportamiento denunciado.

Por su parte, la Cancillería de Colombia negó haber incumplido obligaciones relacionadas con el pago de honorarios y argumentó ante los jueces que las responsabilidades económicas derivadas de los contratos fueron atendidas en tiempo y forma.

No obstante, desde los despachos judiciales consideraron que existían elementos suficientes para adoptar medidas cautelares mientras se realizaba un análisis de fondo de los hechos expuestos.

Frente a estos casos, el mismo medio bogotano consultó al viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, y confirmó que él recibió quejas sobre el trato que algunas contratistas y que aseguraban haber recibido por parte de García Mejía.

El funcionario del Gobierno Petro indicó que trasladó la información a la Oficina de Control Interno Disciplinario y promovió la reubicación de quienes solicitaron cambios en sus condiciones de trabajo.

El caso cobra mayor relevancia por el perfil público de García Mejía, y la controversia aumentó cuando, el 30 de julio, el nombre de García apareció en el portal de aspirantes de la Presidencia para ocupar un cargo de asesor grado 16 en la Cancillería.

Mientras las autoridades judiciales avanzan en la revisión de los hechos, la funcionaria señalada en los expedientes ha rechazado las acusaciones y sostiene que detrás de las denuncias existe una campaña para desprestigiar su nombre y afectar su carrera profesional.

El seguimiento judicial y administrativo continúa, mientras la Cancillería y los órganos de control evalúan los alcances de las denuncias y las acciones necesarias para garantizar entornos laborales libres de acoso y maltrato.