La Flip realizó un balance de la situación de los periodistas en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro: “Prometió que dejarían de perseguir a la prensa libre”

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder en el 2022 con la promesa de que la inteligencia estatal dejaría de perseguir a la prensa libre, pero cuatro años después el balance de la Fundación para la Libertad de Prensa muestra que informar en Colombia siguió siendo una actividad de riesgo alto, atravesada por estigmatización oficial, violencia y falta de garantías efectivas.

Durante ese periodo, 10 periodistas fueron asesinados, mientras la política de paz del Ejecutivo no incorporó medidas de protección para la prensa en medio de las mesas de diálogo con actores armados.

El balance también concluye que el Estado sigue sin responder de manera adecuada a los riesgos del oficio ni a la impunidad que persiste cuando un periodista es agredido.

Según la Flip, el cuatrienio dejó algunos avances en el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado por crímenes graves contra periodistas, así como en asuntos relacionados con el manejo de los medios públicos.

Esos progresos, de acuerdo con la organización, no alcanzaron para garantizar de forma efectiva y sostenible la libertad de prensa ni la seguridad de quienes informan.

Las cifras de agresiones contra periodistas en Colombia durante la administración de Gustavo Petro alcanzaron niveles que muestran la persistencia de riesgos para la libertad de prensa. Entre agosto de 2022 y julio de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 2.003 ataques dirigidos a 870 periodistas en los 32 departamentos del país, lo que incluye diez asesinatos, nueve de ellos vinculados directamente al ejercicio periodístico.

A lo largo de estos cuatro años, se mantuvo una amenaza constante: en promedio, cada dos días un periodista fue amenazado. Las principales causas del deterioro en el entorno de trabajo de la prensa fueron la violencia de grupos armados, la estigmatización, el acoso judicial y las restricciones en el acceso a información pública.

Persistencia de riesgos y nuevos desafíos

El gobierno de Gustavo Petro llegó con la promesa de poner fin a la persecución estatal contra la prensa. Sin embargo, los datos recopilados muestran que los obstáculos para un ejercicio periodístico seguro y libre de interferencias no solo persistieron, sino que en algunos aspectos se profundizaron.

Durante este periodo, los grupos armados ilegales destacaron entre los principales agresores. La entidad documentó 378 ataques atribuidos a estos actores, de los cuales 300 fueron amenazas. El ELN, disidencias de las Farc y bandas criminales figuran como responsables reiterados de las intimidaciones.

Las agresiones no provinieron únicamente de actores ilegales. Los funcionarios y servidores públicos también figuraron como responsables. Se contabilizaron 226 episodios de estigmatización contra la prensa, 19 de ellos directamente atribuidos al presidente Gustavo Petro. Este tipo de declaraciones alimentó un clima de confrontación con los medios tradicionales, dificultando el debate informativo.

Esa dinámica convivió, al mismo tiempo, con una intención de reivindicar compromisos estatales frente a medios y comunicadores que se identifican como alternativos y comunitarios.

El balance resume que la estigmatización presidencial persistió incluso después de la Directiva 007 de 2024, una referencia que la organización incluye entre los intentos institucionales que no lograron modificar el clima de hostilidad.

Para la fundación, esa continuidad confirmó que los cambios normativos o administrativos no bastaron para frenar las descalificaciones desde el poder.

La prensa regional siguió expuesta en medio del conflicto

El informe describe que, en medio del conflicto, la violencia y el aumento de la censura continuaron golpeando a la prensa regional. Ese escenario, añade la publicación, confirmó un estado persistente de desprotección y vulnerabilidad para los periodistas fuera de los grandes centros urbanos.

La crítica se extiende a la política de paz del gobierno, porque no contempló las necesidades de protección de la prensa mientras avanzaban conversaciones con actores armados dispersos. En ese contexto, la ausencia de medidas específicas dejó sin respuesta una parte central del problema: cómo garantizar que los periodistas puedan cubrir territorios en disputa sin quedar expuestos.

La Flip sostiene que los avances institucionales del cuatrienio fueron tímidos y quedaron por debajo de la magnitud del problema. Por eso concluye que la protección del periodismo, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa sigue siendo una deuda del Estado colombiano.

Logros en justicia y reparación

En contraste con las cifras de violencia, el cuatrienio presentó avances en justicia internacional y reparación para las víctimas de agresiones al periodismo. La administración de Petro mostró disposición para avanzar en compromisos asumidos por el Estado colombiano en casos emblemáticos, como los de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, Guillermo Cano Isaza y Jaime Garzón. Estas acciones se consideran pasos hacia el reconocimiento y reparación a periodistas víctimas de la violencia.

En respuesta a la situación del conflicto armado, se consolidaron 20 emisoras de paz en zonas priorizadas. Estos espacios permitieron agendas locales y abrieron oportunidades para periodistas en regiones tradicionalmente afectadas por la guerra.