Luego de que el superintendente de Salud, Daniel Quintero, confirmó este martes 30 de junio de 2026 una denuncia penal contra directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por presunta obstrucción a una auditoría oficial, la compañía respondió a los señalamientos por parte del ente regulador.
Por lo anterior, el caso que ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría y podría derivar también en multas administrativas.
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En el documento que compartió desde sus redes sociales, la fábrica, la mañana del mismo martes, rechazó “los recientes señalamientos de la Superintendencia Nacional de Salud, según los cuales la entidad habría impedido la continuidad de la auditoría y negado el suministro de información”, y se añadió en el comunicado que “dichas afirmaciones desconocen la realidad del proceso”.
La FLA puntualizó en su respuesta oficial que “ha atendido de manera diligente y respetuosa la auditoría adelantada por la Supersalud, al suministrar los datos requeridos y mantener una actitud de total colaboración con los organismos de control”, y dejó en claro que “en ningún momento se ha negado la entrega de información requerida”.
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Frente a este caso, Quintero sostuvo que los hechos podrían encuadrar en al menos dos delitos y señaló como principal la posible obstrucción a la función pública.
El funcionario del gobierno de Gustavo Petro precisó que el artículo 429 del Código Penal prevé para esa conducta penas de 36 a 60 meses de prisión, además de eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales.
Según explicó Quintero, “el pasado 26 de junio, la Superintendencia Nacional de Salud se dirigió a las instalaciones de la FLA. Ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la entidad: las directivas de la entidad vigilada se negaron a entregar la información solicitada por los auditores que acudieron al lugar para realizar la auditoría, procedimiento que forma parte de las funciones legales de la Supersalud”, afirmó.
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El superintendente agregó que esa negativa constituye, a su juicio, una violación a la Constitución y la ley.
Por esa razón, indicó que ya se activaron acciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que se investigue la conducta de los funcionarios involucrados.

No obstante, desde la Fábrica de Licores de Antioquia se precisó en el documento que “la recusación presentada por la FLA, constituye un mecanismo legítimo previsto en la ley para garantizar la imparcialidad, transparencia, neutralidad y el debido proceso en las actuaciones administrativas”.
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Sobre el motivo por el cual se determinó la anterior acción, “la FLA acudió a este mecanismo ante la existencia de irregularidades en el desarrollo del proceso”, reseña el comunicado.
Entre dichas anomalías, “se encuentran requerimientos relacionados con asuntos que exceden el ámbito propio de la vigilancia en salud y que no guardan relación con el objeto de la auditoría”, agregó la respuesta oficial.
Ya sobre “dichos requerimientos”, desde la FLA se refiere a que “involucran aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de gobierno corporativo de la organización, como el registro de litigios, certificaciones de cuentas bancarias, actas de juntas directivas, procesos judiciales y conciliaciones, entre otros”.
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La controversia por la visita de la Superintendencia a la licorera departamental ya se había hecho pública días antes.
El 22 de junio de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud defendió la inspección practicada a la empresa y afirmó que se trató de una actividad institucional rutinaria dentro de sus funciones de vigilancia.
La respuesta oficial llegó después de la queja del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la diligencia adelantada en la compañía de licores del departamento.
Rendón escribió: “Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”
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Por su parte, Quintero cerró con un mensaje dirigido a todas las entidades sometidas a control de la Superintendencia.
“Hago un llamado a todos los vigilados del país a cumplir con la Constitución y la ley, y a no obstaculizar las acciones de inspección y vigilancia de esta Superintendencia”, aseveró el funcionario del Gobierno Petro.
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