Martha Peralta se quedó sin abogado en plena investigación de la Corte Suprema por el escándalo de la Ungrd

La senadora electa del Pacto Histórico, Martha Peralta Epiayú, quedó sin abogado en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El penalista Luis Henry Montes presentó su renuncia a la defensa de la congresista por desacuerdos sobre la estrategia jurídica que debía seguirse dentro del proceso. Además, la congresista tampoco estaba conforme con el trabajo de su representante, luego de que no prosperaran acciones como un habeas corpus y una tutela, según La FM.

La salida del abogado se produjo pocos días después de que Peralta fuera conducida por orden judicial a rendir indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte.

El penalista se habría negado a promover recusaciones contra la magistrada Cristina Lombana y otras actuaciones que podrían dilatar el trámite judicial. La renuncia sería aceptada este mismo 26 de junio.

La controversia se da luego de que la Corte ordenara la conducción de Peralta para garantizar su comparecencia a la diligencia judicial del 22 de junio. La congresista había aplazado en varias ocasiones su indagatoria, situación que llevó al despacho de la magistrada Lombana a ordenar su traslado a la sede judicial y su reclusión transitoria durante varios días.

Tras rendir interrogatorio ante la Sala de Instrucción, la senadora electa recuperó la libertad, aunque suscribió un acta de compromiso mediante la cual se obligó a atender todos los requerimientos del alto tribunal. La medida no implica una privación definitiva de la libertad, pero la mantiene vinculada formalmente al proceso penal.

La renuncia de Montes se produce en una etapa clave del proceso judicial, en la que la Corte Suprema avanza en la recopilación de pruebas y testimonios para establecer la presunta responsabilidad de la congresista en el entramado de corrupción que salpica a la Ungrd.

Mientras la congresista no estaba satisfecha con los resultados obtenidos en las acciones judiciales presentadas, el abogado habría descartado promover actuaciones encaminadas a cuestionar la imparcialidad de la magistrada Cristina Lombana o a solicitar nuevos aplazamientos dentro del expediente.

La investigación contra Peralta tomó un nuevo rumbo luego de que la Sala de Instrucción ordenara su conducción para garantizar su presencia en la diligencia judicial prevista para el 22 de junio.

La decisión se adoptó después de que la senadora solicitara en varias oportunidades el aplazamiento de su indagatoria, situación que fue interpretada por el despacho judicial como una posible estrategia dilatoria.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la congresista fue trasladada por miembros de la Policía hasta la sede de la Corte Suprema, ubicada en la calle 72 de Bogotá. Posteriormente, permaneció en reclusión transitoria durante varios días con el objetivo de asegurar su comparecencia ante la magistrada instructora.

Durante ese periodo, la defensa presentó un recurso de habeas corpus con el argumento de que la medida era desproporcionada e injustificada.

Sin embargo, un juzgado de Bogotá negó la solicitud al considerar que la actuación de la Corte se ajustaba a la normatividad vigente y respondía a la necesidad de garantizar el desarrollo de la diligencia judicial.

Antes de comparecer ante la Corte, Peralta rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que siempre ha acudido a los llamados de la justicia. “He acudido al llamado de la Corte, no es la primera vez que vengo, he acudido a todas las citaciones que me ha hecho”, manifestó la congresista.

Asimismo, insistió en que ha actuado de manera transparente y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades judiciales. “Yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”, afirmó.

Entre los hechos examinados por la Fiscalía aparece una orden de proveeduría por más de 2.170 millones de pesos destinada a la contratación de maquinaria amarilla y volquetas para ejecutar obras de recuperación en Riohacha, La Guajira.