La Corte Suprema condenó a un fiscal de Pereira por “chuzar” a sus propios colegas mientras dirigía la Unidad de Antinarcóticos de la región

El caso de María Eugenia Taborda Franco, exfiscal del Eje Cafetero, concluyó con una condena que la aparta por completo de la función pública. La Corte Suprema de Justicia la sentenció a 70 meses de prisión, una multa de 83,32 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y la inhabilitación por 110 meses tras encontrarla responsable de interceptar ilegalmente las comunicaciones de sus propios compañeros fiscales.

La funcionaria, que coordinaba la Unidad Regional de Antinarcóticos, fue hallada culpable de dos delitos de prevaricato por acción y de violación ilícita de comunicaciones. La investigación demostró que, basándose en una supuesta fuente inexistente, ordenó interceptar durante 180 días las líneas telefónicas de Andrés González Tamayo y Diego Alejandro Nova Guevara, ambos fiscales dedicados a combatir organizaciones criminales del Eje Cafetero.

La decisión del alto tribunal revocó una absolución previa dictada por el Tribunal Superior de Pereira en agosto de 2025. Tras las apelaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación y los fiscales afectados, la Sala Penal consideró que la acusada actuó sin verificar la veracidad de los datos ni la identidad de los titulares de las líneas, lo que vulneró las garantías constitucionales.

Motivos y consecuencias de la condena

El tribunal concluyó que la fiscal ordenó las interceptaciones con el objetivo de anticiparse a decisiones judiciales que pudieran afectar a las bandas criminales investigadas. Además, la Corte señaló que la funcionaria favoreció a integrantes de dichas organizaciones, incluyendo a una persona con la que mantenía una amistad cercana y que ya había sido condenada por concierto para delinquir.

En el proceso quedó probado que un año después de las interceptaciones, Taborda Franco archivó la investigación alegando razones que sabía falsas, y dirigió la causa contra personas “no identificadas”, pese a conocer los verdaderos titulares de las líneas intervenidas.

La Corte Suprema también negó la posibilidad de prisión domiciliaria y la suspensión de la pena, citando prohibiciones legales expresas. Además, impartió órdenes para capturar a la exfiscal y compulsó copias a la Fiscalía a fin de investigar por qué las líneas de los fiscales continuaron activas en los sistemas de monitoreo incluso después de la orden de cancelación judicial.

La condena impuesta por la Corte Suprema responde a la pregunta de por qué fue sancionada: la exfiscal utilizó su cargo para interceptar comunicaciones de colegas sin sustento legal, con el fin de beneficiar a terceros y encubrir la verdadera naturaleza de su actuación, lo que constituye una grave falta a la ética y al deber funcional.

Impacto institucional y advertencias de la Corte

El fallo sienta un precedente sobre los límites del poder de interceptación dentro del sistema judicial colombiano. La Corte enfatizó que ningún funcionario está por encima de la ley que debe proteger y aplicar, remarcando la obligación de actuar siempre bajo parámetros constitucionales y legales, sin excepciones.

Este caso pone en evidencia los riesgos de abuso en los mecanismos de vigilancia y la necesidad de controles estrictos para evitar que herramientas diseñadas para combatir el crimen sean empleadas con fines personales o ilegítimos. La actuación irregular de la exfiscal y su condena envían una señal clara sobre las consecuencias de traspasar esos límites y la vigilancia judicial sobre quienes administran justicia.

La sentencia contra María Eugenia Taborda Franco refuerza la importancia de la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. La decisión judicial resalta la obligación de respetar los procedimientos legales y el control sobre el uso de herramientas de vigilancia. El caso subraya la responsabilidad de quienes detentan cargos de poder y la exigencia de un comportamiento ético, reafirmando el compromiso institucional para preservar la confianza ciudadana en la administración de justicia.