Defensoría del Pueblo ubicó a disidencia de ‘Calarcá’ entre las principales responsables de reclutar menores en 2026

La Defensoría del Pueblo documentó 51 casos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes en Colombia entre enero y mayo de 2026, una cifra que evidencia la persistencia de este delito en medio del conflicto armado y que vuelve a poner en el centro del debate el impacto de la violencia sobre la población menor de edad.

De acuerdo con el más reciente reporte de la entidad, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, estructura disidente de las antiguas Farc comandada por alias Calarcá, figura entre los principales responsables de estos hechos, pese a que actualmente mantiene diálogos con el Gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total.

El informe señala que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comparten el primer lugar en el escalafón de presuntos responsables, con una participación del 23,5% cada uno. Más atrás aparecen las disidencias sin identificar y el Estado Mayor Central, ambas estructuras con el 21,6% de los casos registrados.

La Defensoría advirtió que las cifras corresponden únicamente a los hechos conocidos por la institución y que existe un subregistro, por lo que el número real de víctimas podría ser mayor.

En cuanto a la distribución territorial, Norte de Santander encabeza la lista de departamentos más afectados durante los primeros cinco meses de 2026, con 15 casos reportados. Cauca se ubicó en segundo lugar, con 14 casos, seguido por Antioquia, con cuatro.

Caquetá y Nariño registraron tres casos cada uno, mientras que Putumayo reportó dos. La concentración de los hechos en regiones históricamente golpeadas por el conflicto refleja, según la Defensoría, la permanencia de disputas armadas por el control territorial y las economías ilegales.

La caracterización de las víctimas muestra además que el 65% de los casos corresponde a niños y adolescentes masculinos, mientras que el 35% restante involucra a niñas y adolescentes femeninas.

Uno de los cambios más significativos identificados por la entidad tiene que ver con la composición étnica de las víctimas. A diferencia de años anteriores, el 71% de los menores afectados entre enero y mayo de 2026 no se reconoce como integrante de ningún grupo étnico. Por su parte, el 17% corresponde a población indígena y el 12% a población afrocolombiana.

La distribución mensual de los casos evidencia una mayor concentración durante el inicio del año. Febrero fue el mes con más hechos reportados, al representar el 35% del total, seguido de enero con el 23%. Mayo concentró el 18%, mientras que marzo y abril registraron el 12% cada uno.

El informe adquiere especial relevancia porque el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, señalado como uno de los principales presuntos responsables del reclutamiento de menores en 2026, continúa participando en conversaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Defensoría también presentó el consolidado correspondiente a 2025, periodo en el que fueron documentados al menos 410 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país.

Durante ese año, el principal señalado fue el Estado Mayor Central, responsable del 42,7% de los casos registrados. Le siguieron grupos sin identificar, con el 17,3%; disidencias sin especificar, con el 11,4%; el ELN, con el 10,5%; y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 8,8%.

En menores proporciones aparecen el Clan del Golfo, con el 5,9%; la Segunda Marquetalia, con el 2,2%; el Comando de la Frontera, con el 1%; y estructuras de crimen organizado, con el 0,2%.

Para 2025, la Defensoría registró una distribución diferente en materia étnica. El 51% de las víctimas pertenecía a pueblos indígenas, el 43% no se reconocía en ningún grupo étnico y el 6% correspondía a población afrocolombiana.

Asimismo, el perfil de las víctimas mostró que el 57% eran niños y adolescentes masculinos y el 43% niñas y adolescentes femeninas.

Cauca fue el departamento más golpeado durante ese año, con 182 casos, seguido por Antioquia con 33, Norte de Santander con 26, Chocó con 25 y Huila con 22. También sobresalen Nariño, con 17 casos; Valle del Cauca, con 15; y Bolívar, con 11.

El mapa de la Defensoría incluye además a Arauca con seis casos; Guaviare, Cesar y Caquetá con cuatro cada uno; Putumayo y Amazonas con tres; y Vaupés, Meta, Tolima, La Guajira, Magdalena, Risaralda, Bogotá, Santander y Vichada con un caso reportado cada uno.

Las cifras revelan que el reclutamiento forzado de menores continúa siendo una de las principales afectaciones derivadas del conflicto armado en Colombia y un desafío para las instituciones encargadas de la protección de la niñez.