Cambio Radical pidió a la Procuraduría y Contraloría vigilar la contratación estatal durante la transición de gobierno

El partido Cambio Radical solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República la conformación de equipos especiales de vigilancia y control en todas las entidades del Estado, con el propósito de supervisar la contratación pública durante el periodo de transición hacia el nuevo gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026.

La petición fue formalizada mediante una carta fechada el 25 de junio y dirigida al procurador Gregorio Eljach Pacheco y al contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

El documento fue firmado por Enrique Vargas Lleras, director adjunto de Cambio Radical, quien pidió a los organismos de control ejercer una vigilancia “activa, sistemática y sin concesiones” sobre los procesos contractuales que adelanten las entidades del orden nacional y territorial en las semanas previas al cambio de gobierno.

De acuerdo con la comunicación, conocida inicialmente por el medio LaRazón.co, la colectividad considera necesario reforzar los mecanismos de control institucional con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia en el manejo de la contratación estatal durante la etapa de empalme.

Entre las medidas planteadas, Cambio Radical propuso la creación de un bloque especial de seguimiento con cinco funciones específicas. La primera consiste en identificar y monitorear los procesos contractuales que actualmente se encuentran en curso o que se inicien antes de la posesión del nuevo Ejecutivo.

Asimismo, el partido solicitó que estos equipos puedan advertir de manera temprana posibles riesgos de irregularidades o actuaciones que comprometan el patrimonio público.

La propuesta también contempla que los órganos de control emitan alertas tanto a las autoridades competentes como a la opinión pública cuando detecten situaciones que puedan afectar la legalidad o la transparencia de los procesos.

Otra de las funciones planteadas es recomendar la suspensión inmediata de trámites contractuales que representen un riesgo para los recursos del Estado. Además, se pidió que las investigaciones por eventuales hechos de corrupción se articulen con la Fiscalía General de la Nación y con los organismos de seguridad del Estado para garantizar una respuesta institucional coordinada.

Según la carta, la vigilancia especial no solo debería abarcar los contratos que actualmente adelantan las entidades públicas, sino también aquellos que sean iniciados en el periodo comprendido entre la fecha actual y la llegada del nuevo Gobierno Nacional.

Enrique Vargas Lleras señaló que el periodo previo al relevo presidencial requiere controles inmediatos y permanentes sobre la contratación estatal.

En ese sentido, insistió en la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo en tiempo real que permitan identificar oportunamente posibles irregularidades y adoptar medidas preventivas frente a funcionarios que vulneren los principios de transparencia y legalidad.

El dirigente político también propuso que los equipos de vigilancia presenten informes periódicos sobre los hallazgos, avances y actuaciones adelantadas, con el objetivo de garantizar el seguimiento público y la rendición de cuentas durante esta etapa de transición.

En la comunicación enviada a los organismos de control, Vargas Lleras cuestionó la gestión contractual de la administración saliente y aseguró que durante el actual gobierno se han registrado situaciones que, a su juicio, evidencian problemas en materia de contratación pública.

“La contratación pública durante esta administración no ha sido ajena a hechos de irregularidad e incluso de gravedad institucional”, afirmó el director adjunto de Cambio Radical en la carta.

A partir de esa valoración, sostuvo que la supervisión de los procesos contractuales debe ejercerse con “compromiso ético y responsabilidad institucional”, especialmente en un momento que calificó como determinante para la estabilidad administrativa del país.

Vargas Lleras aseguró además que, durante los últimos años, se habrían presentado adjudicaciones irregulares y situaciones de falta de transparencia que, según indicó, afectaron el patrimonio público. Por ello, manifestó que no se debe permitir que intereses particulares o políticos comprometan los recursos de la Nación antes del inicio de un nuevo periodo presidencial.

“No es admisible que, en el umbral de un nuevo ciclo democrático, se permita que intereses particulares o politiqueros comprometan el patrimonio de la Nación y obstaculicen el ejercicio legítimo del Gobierno que el pueblo colombiano eligió”, expresó el dirigente en uno de los apartes de la misiva.

La carta también señala que tanto la Procuraduría como la Contraloría están llamadas a ejercer su misión constitucional “con firmeza, independencia y rigor” durante la transición gubernamental.

Finalmente, Cambio Radical advirtió que hará seguimiento permanente a las decisiones que adopten los organismos de control frente a esta solicitud y anunció que se reserva el derecho de acudir a instancias nacionales e internacionales para exigir la protección de los recursos públicos y de los intereses de los colombianos.