
Miles de colombianos que mantienen solicitudes de asilo político activas en Estados Unidos podrían enfrentar un escenario más complejo tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Así lo explicó el abogado especialista en derecho migratorio e internacional John Alexander Sánchez Cabrera, quien señaló que el nuevo panorama político podría ser utilizado por las autoridades migratorias estadounidenses para examinar con mayor rigor algunos expedientes.
El análisis surge en medio de las expectativas que genera la llegada de un gobierno identificado con sectores de derecha y con cercanía a figuras del Partido Republicano en Estados Unidos. Según el especialista, este cambio no implica que los procesos de asilo de colombianos estén destinados al fracaso, pero sí puede modificar la manera en que son evaluados por organismos como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los jueces de inmigración.
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Sánchez Cabrera explicó a Infobae Colombia que el punto central radica en uno de los requisitos fundamentales para obtener asilo: demostrar que el Estado de origen no puede o no quiere brindar protección efectiva frente a una situación de persecución.
“La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia no significa que los casos de asilo de colombianos en Estados Unidos estén automáticamente perdidos. Esa sería una conclusión equivocada y jurídicamente imprecisa”, afirmó el abogado.
No obstante, agregó que la nueva realidad política abre la puerta a cuestionamientos más profundos sobre casos que no estén suficientemente sustentados. “Muchos casos de asilo colombiano podrían enfrentar cuestionamientos más fuertes por parte de USCIS, DHS o los jueces de inmigración, especialmente cuando se trate de casos débiles, genéricos, antiguos o mal documentados”, indicó.
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El argumento del “cambio fundamental de circunstancias”

El experto recordó que la legislación migratoria estadounidense contempla la figura conocida como “cambio fundamental de circunstancias”, mediante la cual las autoridades pueden argumentar que las condiciones del país de origen han cambiado de manera sustancial y que, por lo tanto, el temor de persecución ya no resulta objetivamente justificable.
De acuerdo con Sánchez Cabrera, un Gobierno colombiano alineado políticamente con Washington y que promueva un discurso centrado en la seguridad podría convertirse en un elemento que las autoridades estadounidenses utilicen para sostener que existen mayores garantías institucionales para quienes decidan regresar al país.
Este escenario tiene antecedentes en otros procesos migratorios. Según explicó, situaciones similares se observaron en casos relacionados con Venezuela cuando determinados cambios en el contexto político llevaron a revisiones sobre la vigencia de algunos argumentos de protección internacional.
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A ello se suma una declaración atribuida al senador estadounidense Bernie Moreno, quien señaló públicamente que sostuvo conversaciones con De la Espriella sobre migración y que este habría manifestado su disposición a garantizar seguridad para los colombianos que regresaran al país. “Esa frase no es una ley. No es una decisión de USCIS. No es una orden migratoria. Pero sí puede convertirse en un argumento político y jurídico contra ciertos casos”, explicó Sánchez Cabrera a este medio.
Según el abogado, este tipo de pronunciamientos podría ser utilizado para respaldar la idea de que Colombia ofrece actualmente condiciones seguras para el retorno de sus ciudadanos, fortaleciendo la narrativa de un “retorno seguro”.
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Sin embargo, también subrayó que las promesas políticas no sustituyen el análisis individual que exige la legislación de asilo estadounidense. “El asilo no se decide con promesas políticas. Se decide con evidencia concreta”, enfatizó.
Los grupos más expuestos

El especialista diferenció tres grupos de colombianos frente a este nuevo contexto. El primero corresponde a quienes tienen solicitudes de asilo pendientes de decisión. Según explicó, este sector es el más vulnerable porque sus expedientes continúan bajo evaluación y podrían enfrentar preguntas adicionales sobre las razones por las cuales mantienen temor de regresar a Colombia.
“Si Colombia eligió un nuevo gobierno que promete seguridad y cooperación con Estados Unidos, ¿por qué usted todavía tendría miedo de regresar?”, ejemplificó el abogado sobre uno de los posibles cuestionamientos que podrían formular las autoridades migratorias.
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El segundo grupo está conformado por las personas que ya obtuvieron asilo. En estos casos, señaló que una elección presidencial no implica la pérdida automática de la protección concedida.
“Para terminar un asilo ya otorgado se requiere un procedimiento legal específico, con notificación y oportunidad de defensa”, explicó a Infobae Colombia. No obstante, indicó que determinadas circunstancias podrían derivar en revisiones posteriores, especialmente cuando existan factores adicionales como inconsistencias en el expediente, fraude o viajes frecuentes al país donde se alegó persecución.
El tercer grupo está integrado por personas con expedientes insuficientemente sustentados o desactualizados. Según Sánchez Cabrera, son quienes enfrentan los mayores riesgos en el nuevo escenario.
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“Muchos casos de asilo colombiano se han presentado de manera muy general, diciendo únicamente que Colombia es insegura, que hay amenazas, que hay grupos armados o que la persona tiene miedo. Eso ya no es suficiente”, advirtió.
Recomendaciones: actualizar pruebas y fortalecer la estrategia legal
El abogado sostuvo que los solicitantes deben revisar cuanto antes sus expedientes para incorporar información reciente que permita demostrar que el riesgo alegado continúa vigente. Entre los elementos que recomendó recopilar figuran nuevas amenazas, denuncias, publicaciones, ataques contra familiares, informes sobre la situación de las regiones de origen y evidencia relacionada con actividades políticas o sociales que puedan mantener vigente el riesgo de persecución.
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Asimismo, señaló que será necesario reforzar el llamado “nexo causal”, es decir, la conexión entre las amenazas o persecuciones sufridas y alguno de los motivos protegidos por la legislación estadounidense, como la opinión política, la religión, la nacionalidad, la raza o la pertenencia a un grupo social determinado.
Otro aspecto que podría cobrar relevancia es la posibilidad de reubicación interna dentro de Colombia. De acuerdo con Sánchez Cabrera, las autoridades migratorias podrían argumentar que una persona puede trasladarse a otra región del país para evitar el riesgo alegado.
Por ello, indicó que los solicitantes deben estar preparados para demostrar por qué esa alternativa no resulta viable en su caso particular. “No estamos ante el fin del asilo colombiano, pero sí ante el fin de los casos improvisados”, afirmó el especialista al resumir el panorama.
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