Nueve presuntos integrantes de red de corrupción ligada a regalías irán a prisión: Fiscalía los señala de comprometer casi medio billón de pesos en contratación pública

La justicia dio un nuevo golpe a uno de los presuntos entramados de corrupción más grandes detectados en los últimos años en el manejo de recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías.

Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas señaladas de integrar una estructura que, según la Fiscalía General de la Nación, habría direccionado y ejecutado irregularmente contratos por cerca de 496.000 millones de pesos.

La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía presentara durante las audiencias concentradas un amplio material probatorio que vincularía a los procesados con un esquema de contratación que habría operado entre 2020 y 2026 a través de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que suscribió más de un centenar de contratos financiados con recursos de regalías.

Los cobijados con la medida son Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, representantes legales y tesorera de la asociación; así como los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar. También fue judicializado Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de actuar como enlace con terceros.

De acuerdo con la investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, la organización habría celebrado 101 contratos con alcaldías y gobernaciones de distintas regiones del país, recursos que estaban destinados a proyectos de infraestructura, desarrollo agrícola, iniciativas ambientales, tecnología y seguridad alimentaria.

Sin embargo, según la Fiscalía, gran parte de esos contratos terminaron siendo ejecutados mediante mecanismos que desconocían las normas de contratación estatal.

“La estructura habría suscrito 101 contratos con entidades públicas y posteriormente subcontratado con empresas fachada, firmas de papel y personas cercanas, desconociendo los requisitos establecidos en la contratación estatal”, indicó el ente investigador al exponer los hallazgos que sustentaron la solicitud de medida privativa de la libertad.

Las pesquisas revelaron una serie de presuntas irregularidades que comprometerían la legalidad de los procesos contractuales adelantados por la asociación.

Entre los hallazgos se encuentran contrataciones soportadas en manuales internos que, según la Fiscalía, permitían eludir controles exigidos por la ley, ausencia de estudios previos suficientes para justificar la contratación y la utilización de listados cerrados de proveedores, lo que habría restringido la libre competencia.

Además, los investigadores detectaron la celebración de contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con obras civiles, alquiler de maquinaria y suministros, modalidades que, en criterio del ente acusador, no correspondían con los procedimientos establecidos para este tipo de proyectos.

Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades es que Aremca, cuyos estatutos limitaban su ámbito de actuación a la región Caribe, habría ejecutado actividades contractuales en departamentos alejados de esa jurisdicción.

La Fiscalía señaló que se identificaron intervenciones en Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander, lo que constituye una de las líneas principales de investigación dentro del proceso.

Uno de los puntos más delicados revelados por el ente acusador tiene que ver con posibles beneficios económicos indebidos obtenidos durante la ejecución de varios contratos.

Según las evidencias recopiladas, en al menos 23 procesos contractuales se habría configurado un enriquecimiento ilícito cercano a los 14.235 millones de pesos en favor de algunos contratistas vinculados a la estructura investigada.

De igual manera, la Fiscalía investiga presuntas apropiaciones irregulares de recursos públicos relacionadas con anticipos entregados para la ejecución de proyectos y posibles inconsistencias en la destinación final de esos dineros.

Las pesquisas también establecieron anomalías tributarias que habrían afectado las finanzas de distintas entidades territoriales: “Finalmente, fueron identificadas anomalías asociadas a la omisión en el cobro de 6.913 millones de pesos por concepto de impuestos territoriales y a la falta de retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)”, precisó la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los procesados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.