Carlos Ramón González anunció que apelará la decisión que prorrogó su medida de aseguramiento por el caso Ungrd: “Es una incriminación política”

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reaccionó a la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de prorrogar por un año la medida de aseguramiento y la orden de captura en su contra dentro de la investigación por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante una audiencia judicial, González reiteró que es inocente de los señalamientos formulados por la Fiscalía y sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de sustento probatorio.

El exfuncionario, quien se encuentra asilado en Nicaragua, manifestó además que apelará la determinación adoptada por el alto tribunal. “Estoy frente a un acto de incriminación política por parte de un solo señor”, afirmó González al referirse a las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd y uno de los principales testigos en el proceso que adelantan las autoridades.

En su intervención, el exdirector del Dapre señaló que considera innecesaria la extensión de la medida de aseguramiento y respaldó los argumentos expuestos por su defensa durante la diligencia judicial.

“Bueno, la verdad es que en este punto encuentro innecesaria la prórroga, como lo ha sustentado mi abogada defensora. Pero más allá de eso, quiero aquí en este escenario que hoy, en la situación en que me encuentro, en mi calidad de asilado político, tengo que seguir insistiendo en mi inocencia frente al tema”, expresó.

González sostuvo que la evidencia recopilada por la Fiscalía no lo vincula directamente con los hechos investigados. Según afirmó, el caso en su contra se sustenta exclusivamente en el testimonio de una persona que, a su juicio, busca obtener beneficios judiciales.

“Revisados esos documentos de la Fiscalía, ninguno tiene que ver con mi conducta, salvo el testimonio de un solo señor que tiene claramente la intención de incriminarme para salvar su pellejo”, manifestó.

Asimismo, negó haberse reunido con Olmedo López en la fecha señalada por este último dentro de sus declaraciones. “Él habla del mes de septiembre y jamás me reuní con ese señor. Jamás. Lo tengo que decir aquí ante la opinión pública, ante ustedes, señores fiscales, señores magistrados, jamás me reuní con ese señor. Ese hecho nunca pasó”, indicó.

El exfuncionario también afirmó que no tuvo participación en las conductas ilícitas reconocidas por López y aseguró que está siendo señalado por una persona que ha aceptado responsabilidades penales en el caso.

“Yo sí quiero insistir en que soy una persona inocente, que estoy siendo incriminado por un bandido confeso”, señaló durante la audiencia.

La Fiscalía pidió mantener vigente la medida

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá se produjo después de que, el 10 de junio, la Fiscalía sustentara la necesidad de mantener la medida de aseguramiento contra González, la cual estaba próxima a vencerse.

Para el ente investigador, la ampliación resulta necesaria debido a que la orden de captura no ha podido hacerse efectiva. González abandonó Colombia y posteriormente recibió asilo político en Nicaragua, situación que ha impedido su detención por parte de las autoridades colombianas.

La Fiscalía sostiene que el exdirector del Dapre debe comparecer ante la justicia para responder por su presunta participación en el esquema de corrupción detectado en la Ungrd. De acuerdo con la investigación, desde su despacho habrían surgido instrucciones relacionadas con la entrega de contratos y pagos irregulares para favorecer iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Dentro del proceso, la Fiscalía imputó y llamó a juicio a González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

En el desarrollo de la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño argumentó que la permanencia de la medida cautelar es fundamental para garantizar el avance del proceso penal. “La medida de aseguramiento no se ha podido materializar, puesto que el procesado González Merchán se encuentra prófugo de la justicia, amparado en una solicitud de asilo político que ha impedido su detención y su sometimiento para el cumplimiento de la decisión judicial”, afirmó la funcionaria ante el despacho del magistrado Fabio Bernal.

Tras analizar los planteamientos presentados por las partes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió extender por un año la medida de aseguramiento que inicialmente estaba vigente hasta el 2 de julio de 2026.

Durante la audiencia, el magistrado Fabio Bernal respaldó los argumentos expuestos por la Fiscalía y se refirió a la situación jurídica de González, quien permanece fuera del país.

Según el togado, el exfuncionario “diseñó sus propios modos” para permanecer prófugo de la justicia colombiana. Además, señaló que la solicitud de asilo político en Nicaragua constituye un elemento relevante dentro de la valoración realizada por el despacho.