Experto aclaró que Abelardo de la Espriella no podrá desmontar la JEP: “Requeriría una reforma constitucional”

Durante el tiempo que hizo campaña, el electo presidente Abelardo de la Espriella afirmó que durante su mandato buscaría terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional encargado de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves registrados durante el conflicto armado interno.

Desde 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-EP, la JEP ha juzgado a excombatientes, agentes del Estado, militares y diferentes individuos que tuvieron algún tipo de injerencia en crímenes de lesa humanidad y similares, ofreciendo beneficios jurídicos a quienes reconozcan su responsabilidad y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

“La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada. La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”, respondió Abelardo de la Espriella a la pregunta sobre por qué no está de acuerdo con la continuidad de la justicia transicional. Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como ese gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP, es imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y qué le podemos devolver al bolsillo de los colombianos. Haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”, declaró De la Espriella sobre la JEP en diálogo con Caracol Radio.

Abelardo de la Espriella no podrá terminar con la JEP sin respaldo del Congreso

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Nicolás Mayorga, recordó la postura que ha tenido Abelardo de la Espriella sobre la JEP.

“La posición ha sido clara. En su propuesta de justicia sostiene que los responsables de crímenes de lesa humanidad deben enfrentar ‘penas reales’ y cuestiona que exintegrantes de las Farc responsables de graves crímenes no hayan recibido sanciones acordes con la dimensión del daño causado. Asimismo, afirma que hará todo lo que esté dentro de la Constitución y la ley para desmontar una institución que considera fallida”, recordó el docente.

Mayorga aclaró que, a diferencia de los diálogos de paz y todo tipo de conversación que no sea concluida por el Gobierno Petro con grupos armados y delincuenciales antes del 7 de agosto, la continuidad de la JEP no dependerá de la voluntad del nuevo presidente.

“La situación jurídica de la JEP es distinta a la de las mesas de negociación. La Jurisdicción Especial para la Paz no fue creada por una ley ordinaria ni depende de una decisión administrativa del Gobierno. Su fundamento se encuentra en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, que dispone que ‘La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica’ y que ‘administrará justicia de manera transitoria y autónoma’”.

El experto aclaró que terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz dependería de que en Colombia se concrete una reforma constitucional, algo con lo que Abelardo de la Espriella ha indicado que está en contra.

“Una eventual eliminación de la JEP no podría producirse únicamente por el Ejecutivo. Al tener fundamento constitucional, cualquier intento de desmontarla requeriría una reforma constitucional aprobada por el Congreso mediante un nuevo acto legislativo”.

¿Hasta cuándo se mantendrá la JEP en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con un presupuesto anual que ronda los 739.000 millones de pesos y es una de las entidades del sector justicia con mayor nivel de ejecución en el Presupuesto General de la Nación.

En teoría, la JEP tendrá un funcionamiento de 15 años a partir de la entrada en vigor de su régimen procesal, con la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales solo para finalizar procesos en curso. Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido por completo en tan poco tiempo.