Un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social rechazó los señalamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y sostuvo que alertar sobre los problemas del sistema forma parte del debate público sustentado en datos.
El pronunciamiento cuestiona el comunicado expedido por esa cartera el 10 de junio y plantea la necesidad de un debate serio, informado y respaldado por pruebas.
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En ese marco, sostiene que los indicadores de acceso muestran un deterioro progresivo. El texto menciona el aumento de las quejas, las tutelas, las dificultades para acceder a medicamentos y las barreras para la atención especializada como señales de alarma que no deben ignorarse.
Añade que, cuando se deteriora la liquidez del sistema y aumenta la incertidumbre financiera, las consecuencias terminan por reflejarse en la atención de los pacientes.
Según el documento, la información financiera disponible muestra deterioro de la liquidez, incremento de pasivos, pérdidas acumuladas y mayores dificultades para hospitales, clínicas y proveedores; por eso, considera que el giro directo puede facilitar el flujo de recursos, pero no reemplaza una financiación adecuada ni corrige por sí mismo los desequilibrios acumulados.
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El debate sobre el giro directo
Sobre las intervenciones a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), los firmantes sostienen que no “es acertado presentarlas como un asunto secundario o exclusivamente heredado”.
Recuerdan que la intervención administrativa es una medida excepcional que debe basarse en criterios técnicos, respetar el debido proceso y demostrar que protege de forma efectiva a los usuarios.
En esa línea, el pronunciamiento añade que recientes decisiones judiciales han recordado esos principios. También señala que intervenir entidades no constituye, por sí mismo, una política de salud.
Las decisiones judiciales y la política sanitaria
El documento reconoce que las dificultades del sistema no comenzaron con el actual Gobierno, pero le atribuye a este la frase “crisis explícita anunciada y deliberadamente provocada”.
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Además, cita la Sentencia T-760 de 2008 para recordar que ya se habían advertido barreras de acceso, dificultades de oportunidad y desafíos de sostenibilidad.
Aun así, sostiene que las quejas de entonces no explican “las muertes de este período” y considera improcedente usar esos antecedentes para justificar la situación actual. Añade que todo gobierno tiene el deber de corregir los problemas heredados y no de profundizarlos.
El rechazo a la polarización del debate
Los exfuncionarios rechazan además que el debate se reduzca a una confrontación ideológica entre supuestos defensores y opositores del derecho a la salud.
Señalan que durante años se ha insistido en fortalecer la atención primaria, mejorar la regulación, controlar el desperdicio y aumentar la transparencia.
A su juicio, ninguna transformación responsable puede construirse si se debilita el aseguramiento, se deteriora la estabilidad financiera del sistema o se sustituye la evidencia técnica por narrativas políticas.
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En ese punto, cuestionan que el Ministerio de Salud y Protección Social destaque el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación y del presupuesto sectorial sin resolver si esos recursos han sido suficientes.
El pronunciamiento agrega que esa ha sido una de las preocupaciones expresadas por la Corte Constitucional en recientes autos de seguimiento. Para los firmantes, el problema no es cuánto se anuncia que se giró, sino si efectivamente fue suficiente y si se financió lo que debía financiarse.
El alcance de las críticas al sistema
El grupo también rechaza cualquier intento de convertir las críticas a las políticas gubernamentales en cuestionamientos al talento humano en salud.
Afirma que los trabajadores del sector merecen "reconocimiento y respeto", y aclara que la discusión sobre los Equipos Básicos de Salud se centra en su articulación efectiva con el sistema, su sostenibilidad y sus resultados.
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El grupo sostiene que Colombia necesita cambios y ajustes en su sistema de salud, pero rechaza que las alertas técnicas y las preocupaciones expresadas por exministros, exviceministros, organizaciones de pacientes, sociedades científicas, centros de pensamiento y otros actores del sistema sean calificadas como desinformación o descalificadas por razones ideológicas.
Estas son las figuras políticas que firman el comunicado:
Exministros de Salud y Protección Social
- Jaime Arias Ramírez, exministro de Salud
- Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud
- Gabriel Riveros Dueñas, exministro de Salud
- Alejandro Gaviria, exministro de Salud
- Beatriz Londoño Soto, exministra de Salud
- Fernando Ruiz Goméz, exministro de Salud
- Mauricio Santamaría, exministro de Protección Social
Exviceministros de Salud y Protección Social
- Eduardo Alvarado Santander, exviceministro de Salud
- Carlos Castro Espinosa, exviceministro de Salud
- Blanca Elvira Cajigas Castro, exviceministra de Salud
- Jairo Nuñez Méndez, exviceministro Técnico
- Juan Gonzalo López Casas, exviceministro de Salud
- Carlos Ignacio Cuervo Valencia, exviceministro de Salud
- Carlos Mario Ramírez, exviceministro de Salud
- Diana Cárdenas Gamboa, exviceministrade Protección Social
- Iván Darío González Ortiz, exviceministro de Salud
- María Andrea Godoy Casadiego, exviceministra de Protección Social
- Carmen Eugenia Dávila Guerrero, exviceministra de Protección Social
- Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, exviceministro técnico
Otros
- Camilo Grarrada Barrera, Asesor de Comunicaciones
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