Detrás de los debates sobre gobernanza y protección ambiental en Florencia, Caquetá, El Ruralia Urbana denunció el cautiverio ilegal de fauna silvestre en predios de la tradicional Maloka Uitoto, donde al menos dos monos churucos, cuatro loros amazónicos y una tortuga nativa fueron hallados en condiciones de hacinamiento, desatando un llamado urgente a las autoridades ambientales - crédito @RuraliaUrbana / X
Ruralia Urbana, una organización civil y veeduría ambiental que promueve los derechos campesinos, ha denunciado en redes sociales el cautiverio ilegal de fauna silvestre en la vereda El Manantial, en Florencia, Caquetá.
La veedora ciudadana Ximena Ordóñez documentó la situación directamente en el predio conocido como la Maloka Uitoto. Según la denuncia, en el patio de una vivienda anexa, se mantienen en condiciones de hacinamiento al menos dos monos churucos (también llamados monos lanudos), cuatro loros amazónicos y una tortuga nativa. El hallazgo fue acompañado por imágenes y descripciones mostrando la precariedad de las jaulas y el estado de los animales.
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El caso del cautiverio en la Maloka Uitoto
El epicentro de este confinamiento ilegal se encuentra, paradójicamente, en un espacio que históricamente ha sido símbolo de protección y armonía con el entorno. La Maloka Uitoto es reconocida como un lugar sagrado para la comunidad, donde se celebran rituales y se preserva la sabiduría ancestral.
El ambiente de resistencia se agudiza porque, según relató la veedora: “El Mayor de la Maloka ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo categórico a la tenencia y exhibición de estos animales dentro del predio”. Pese a estas advertencias, el responsable de las jaulas ha ignorado los llamados de la autoridad tradicional y de la comunidad.
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En la publicación se puede leer: “Resulta un contrasentido inadmisible que un espacio referenciado con el respeto ancestral y cultural de la región, como lo es un entorno de Maloka en el Caquetá, sea instrumentalizado por un particular para el confinamiento de fauna que pertenece exclusivamente a la libertad de los bosques amazónicos”, advirtió la organización civil en su denuncia pública.
Condiciones y consecuencias del confinamiento ilegal
La situación fue registrada detrás de mallas de gallinero oxidadas y estructuras deterioradas de madera permanecen los primates. Los loros, por su parte, permanecieron expuestos a la intemperie, sin posibilidad de vuelo.
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El inventario de animales en cautiverio, según la denuncia, sigue en aumento. La organización alerta que este tipo de prácticas, lejos de ser aisladas, se reproducen en la región, alimentando el tráfico de fauna silvestre y el sufrimiento animal.
Llamado urgente a las autoridades ambientales
En respuesta a la gravedad de los hechos, El Ruralia Urbana emitió un llamado público: “Hacemos un llamado urgente y perentorio a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y a la Policía Ambiental de Florencia para que procedan de inmediato al decomiso preventivo, la valoración médico-veterinaria y el posterior proceso de rehabilitación y liberación de estos ejemplares”.
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La denuncia, acompañada de imágenes difundidas en redes sociales, exige una intervención rápida de las autoridades competentes. Se solicitó que Corpoamazonía y la Policía Ambiental ejecuten el decomiso y garanticen la recuperación física y comportamental de los animales afectados.
Legislación y sanciones aplicables en Colombia
En Colombia, la Ley 1333 de 2009 faculta a las autoridades ambientales para decomisar animales silvestres y aplicar multas diarias a quienes los mantengan en cautiverio. Además, el Código Penal en sus artículos 328 y 328A condena el tráfico, comercialización y tenencia de fauna silvestre sin permiso, con penas que van de 48 a 135 meses de prisión y sanciones económicas de gran magnitud.
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En Colombia, la tenencia y el cautiverio de animales silvestres constituyen delitos ambientales y penales. La legislación vigente sanciona tanto la extracción como la compra, venta y mantenimiento de fauna silvestre en domicilios particulares, estableciendo multas y penas de prisión. El Código Penal contempla para estos casos condenas de hasta 135 meses de cárcel y sanciones económicas que pueden superar los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La existencia de estos marcos legales refuerza el mensaje de que mantener fauna silvestre bajo encierro no solo representa una agresión a los animales, sino que también constituye una infracción grave para quienes buscan armonizar la vida humana y el entorno natural.
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