Magnicidio de Miguel Uribe: abogado aseguró que ingresaron armas y acercaron drones a la Fundación Santa Fe mientras el senador estaba internado

La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa encendió las alarmas tras una prueba de seguridad en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde un año atrás se recuperaba Miguel Uribe Turbay después del atentado sicarial que sufrió el 7 de junio de 2025.

La revelación de que especialistas lograron vulnerar los controles del hospital ha reavivado la polémica sobre la protección a víctimas de alto perfil en Colombia.

En el último año, la familia de Uribe Turbay y su representación legal han insistido en que las fallas en la custodia durante su internación permitieron riesgos innecesarios. A raíz del análisis forense, la defensa sostiene que los mecanismos de seguridad privada y estatal no fueron suficientes para evitar nuevas amenazas contra la integridad del afectado.

En una entrevista con La FM Fin de Semana, Jefrín Garavito, director de la unidad investigativa, relató que el equipo realizó un simulacro en el hospital.

“Ya en el hospital hicimos una serie de actividades en la Santa Fe, los investigadores hicieron el ingreso de armas sin ser detectados por parte de los guardias de seguridad ni en la entrada ni en los pisos donde estaba Miguel”, explicó Garavito ante el medio radial.

La investigación reveló que fue posible ingresar armas y evadir todos los filtros de los accesos principales y de los pisos de hospitalización. Los resultados del ejercicio fueron descritos como “desconcertantes” por el propio Garavito, quien atribuyó la vulnerabilidad a la falta de controles efectivos tanto por parte del personal privado como de las autoridades encargadas.

Durante la recuperación de Miguel Uribe tras el ataque de junio de 2025, se esperaba que los esquemas de seguridad en la clínica garantizaran su protección absoluta.

Sin embargo, un equipo de investigadores de la defensa demostró que fue posible introducir armamento y operar drones en las inmediaciones del hospital sin que los dispositivos fueran detectados por los anillos de seguridad, ni siquiera por la Fuerza Pública y los escoltas desplegados en la zona.

Además del ingreso de armas, el equipo técnico realizó sobrevuelos con drones sobre el perímetro de la clínica, acercando estos dispositivos hasta las ventanas de la habitación de Uribe. El operativo no fue advertido por ninguna de las autoridades presentes, lo que refuerza la percepción de vulnerabilidad total en torno al paciente.

Hallazgos presentados ante organismos internacionales

Los registros audiovisuales y los reportes técnicos de las infiltraciones fueron recopilados y entregados a instancias internacionales por el abogado Víctor Mosquera, quien lidera la representación judicial de las víctimas en este proceso.

El material incluye pruebas contundentes sobre la facilidad con la que el equipo logró evadir las medidas de seguridad hospitalaria.

La defensa ha presentado estos elementos para sustentar que existió una omisión grave en la protección de Uribe y que las medidas cautelares implementadas tras el atentado resultaron insuficientes. Mosquera ha subrayado que “los informes técnicos y los videos de las infiltraciones controladas” ya forman parte del expediente elevado ante instancias internacionales.

Fiscal encargada aseguró que las Farc habrían declarado a la familia Turbay como objetivo militar

A un año del atentado, la Fiscalía General de la Nación mantiene la hipótesis de que la raíz del asesinato se encuentra en viejas heridas judiciales y en la persistencia de estructuras armadas ilegales.

La pesquisa logró un avance clave: 17 personas fueron vinculadas formalmente al proceso penal, de las cuales nueve siguen privadas de libertad. El expediente judicial ya suma cuatro sentencias condenatorias y varios preacuerdos en curso.

La Fiscalía reconstruyó la línea de tiempo del crimen: desde el primer contacto con el ejecutor en enero hasta los seguimientos de marzo y abril, se emplearon pruebas técnicas de geolocalización para ubicar a los implicados en reuniones claves y en los escenarios donde se preparó el atentado.

El asesinato de Uribe Turbay se conecta directamente con una sentencia judicial dictada el 18 de septiembre de 2009. En ese fallo, “las Farc habían declarado objetivo a la familia Turbay”, recordó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera durante una entrevista en Mañanas Blu. Ese antecedente marca un hilo de continuidad entre la violencia del pasado y los hechos recientes.

En palabras de Jaramillo: “Hoy, Iván Márquez, quien fue condenado en esa sentencia de 2009, forma parte de la Segunda Marquetalia. En el desarrollo de esa desestabilización del país es que precisamente se presenta este atentado”.

La funcionaria sostiene que la organización que lidera Márquez mantiene vigente el objetivo de desestabilizar instituciones, lo que le otorga al crimen una dimensión política más compleja.

El hecho ocurrió en el contexto de una investigación exhaustiva, donde el equipo de fiscales enfrentó riesgos personales. La fiscal relató que recibieron amenazas directas: “Llegaron mensajes como ‘lo vamos a quitar del camino’, ‘no investiguen tanto’ o ‘ya sabemos quiénes son y que tienen familia’. Esto ameritó fortalecer la seguridad y cambiar la estrategia investigativa”.

La víctima, subrayó Jaramillo, era vista como un referente de confianza institucional. “El senador era una persona estudiada, sin investigaciones penales y con un proyecto de país que representaba credibilidad en las instituciones. A esa situación se une el objetivo de desestabilizar al país”.