Fiscal denunció “persecución y acoso laboral” y siente temor por su vida luego de ordenar el embargo de bienes de Armando Benedetti

El fiscal Vicente Bonilla denunció, durante una entrevista con Semana, que teme por su vida tras ser trasladado a Barrancabermeja, una decisión que vincula con posibles retaliaciones por haber ordenado en 2021 medidas cautelares sobre bienes del actual ministro del Interior Armando Benedetti dentro de un trámite de extinción de dominio paralelo a la investigación por enriquecimiento ilícito que adelanta la Corte Suprema de Justicia.

La afectación patrimonial que motivó ese pulso judicial asciende a $5.200 e incluyó un apartamento en El Retiro, en Bogotá, tres lotes en Puerto Colombia y recursos depositados en el leasing de una casa en la localidad de Chapinero en Bogotá. Esas medidas fueron uno de los golpes judiciales más fuertes contra Armando Benedetti, entonces congresista.

Bonilla, fiscal 13 de extinción de dominio con más de 30 años de carrera en la Fiscalía General de la Nación y a siete meses de pensionarse, dijo al medio citado que fue notificado el 27 de marzo de que su despacho sería enviado a Barrancabermeja por razones de “regionalización”. Según el funcionario, en ese municipio no hay jueces de extinción de dominio.

“Quiero poner en conocimiento de la opinión pública que soy víctima de una posible persecución y acoso laboral por parte de la señora fiscal general de la Nación y el director de Extinción del Derecho al Dominio. Una probable causa que cobra mucha fuerza es que, dentro de mis funciones, el 13 de octubre del año 2021 afecté con fines de extinción de dominio bienes de propiedad de Armando Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero”, afirmó Bonilla.

En los cuatro años posteriores a esa decisión, Bonilla sostuvo un debate jurídico con Benedetti, que denunció una “persecución política y judicial” en su contra y calificó de “arbitraria” la afectación de sus bienes.

“Lo hacía cumpliendo mis deberes constitucionales y legales, ante hechos delictivos que había y posibles nexos de estos bienes con causales de extinción de dominio”, dijo Bonilla a Semana.

Las medidas impartidas por el fiscal fueron confirmadas el miércoles 3 de junio por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la impugnación presentada por Benedetti frente al apartamento en Rosales y el leasing.

Así mismo, Bonilla sostuvo que su despacho fue el único de extinción de dominio trasladado y que no recibió una explicación suficiente. Según su relato, esa decisión lo deja en una situación “de manifiesto e inminente peligro”, porque Barrancabermeja es una zona con riesgos de orden público y presencia histórica de grupos armados organizados al margen de la ley.

El funcionario también advirtió que, si la decisión no se revierte, podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas de protección.

Sobre su contacto con Benedetti, aseguró que se limitó a intercambios por escrito: “Yo respondía. Fui vehemente en negarme a las pretensiones que ellos tenían respecto al levantamiento de medidas”.

El medio citado informó que conoció el recurso de reposición presentado por Bonilla ante la Fiscalía, en el que el fiscal advirtió que sus actuaciones contra Benedetti podían representar un riesgo para su vida.

En ese documento señaló que ha investigado testaferros de grandes criminales y a personas del actual Gobierno nacional, entre ellas Benedetti, y que las retaliaciones de quienes han sido objeto de medidas cautelares por origen o destinación ilícita de sus bienes representan un peligro para su integridad.

En ese mismo recurso, Bonilla expuso su estado de salud: hipertensión, hiperlipidemia, discopatía lumbar con hernias discales, apnea del sueño, tratamiento de glaucoma y una afectación del manguito rotador del hombro derecho. También indicó que su familia depende de su salario como cabeza de hogar por la existencia de enfermedades en su núcleo cercano.

La respuesta de la Fiscalía General de la Nación fue desfavorable y mantuvo el traslado. De acuerdo con la entidad, la decisión hace parte de un proceso de regionalización y reorganización interna “orientado a optimizar la distribución de las cargas de trabajo y atender asuntos en regiones donde no había presencia de determinadas especialidades”.

La Fiscalía agregó que el movimiento no incide sobre el expediente contra Benedetti: “Además, en caso de traslado, el fiscal continuará conociendo del caso y llevará consigo las carpetas. Al encontrarse en etapa de juicio el proceso, su desarrollo se adelanta ante los jueces competentes y continuará conforme a la programación que disponga la Judicatura. Por tanto, estos ajustes administrativos no generan ninguna afectación al desarrollo del caso”.

Benedetti rechazó los señalamientos del fiscal y negó tener influencia sobre decisiones internas de la Fiscalía. “Estoy mamado de que me echen la culpa de absolutamente todo. Segundo, si él se siente castigado, quién sabe qué habrá hecho. No tengo influencias de quitar, destituir, nombrar o trasladar personas en la Fiscalía”, dijo el ministro del Interior.

El ministro tampoco respondió de fondo sobre la actuación judicial y afirmó a Semana: “Él no actuó en derecho. Ni siquiera investigó. Él fue instrumentalizado”.

Benedetti recordó además que está incluido en la Lista Ofac y sostuvo que, por el proceso de extinción de dominio sobre un apartamento y un leasing, no tiene dónde vivir en Bogotá.

“Estoy en La Ofac. A mí nadie me alquila un apartamento. Estoy acorralado por una cantidad de cosas que no he hecho. Imagínese usted, ¿cómo embargan un leasing? Es lo más absurdo que hay”, afirmó Benedetti a Semana.

Bonilla interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se le garanticen sus derechos laborales, su condición de salud y la seguridad que, según sostiene, estaría comprometida en Barrancabermeja.

“Siente rabia o animadversión hacia lo que yo hice. Lo hice cumpliendo un deber constitucional”, dijo el fiscal, mientras se prepara para trasladarse al Magdalena Medio.