
La muerte de un bebé indígena U’wa por tos ferina en un resguardo de la cordillera oriental volvió a exponer las deficiencias, vacunación y acceso insuficiente en el sistema de salud colombiano para comunidades rurales.
“En el mes de febrero del año en curso se identificó un brote de tos ferina en un resguardo U’wa en la cordillera oriental, en límites de los departamentos de Santander, Arauca, Norte de Santander y Boyacá. Esta identificación de estos niños con tos ferina orientó inmediatamente un cerco epidemiológico, unas jornadas de vacunación y una acción interinstitucional para controlar el brote”, dijo Jorge Iván Ospina en entrevista con Noticias Caracol.
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Según explicó el interventor de Nueva EPS, el fallecimiento ocurrido tras un extenso traslado entre Santander, Boyacá y Arauca, evidencia cómo la falta de esquemas de inmunización y la atención primaria frágil dejan sin respuesta oportuna a niños en territorios apartados.
“Posteriormente a ello, uno de los niños desafortunadamente desarrolla la enfermedad y es atendido en el hospital de Cubará. Posteriormente, él es trasladado a la institución de salud de Sarare, en Arauca, donde desafortunadamente fallece”, añadió el funcionario.
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“Yo no creo que exista una circunstancia de negligencia”, pero afirmó que al parecer: “Hubo incumplimientos en los procesos de vacunación y atención primaria”, expresó Ospina.

Lo ocurrido con el menor indígena U’wa responde a un brote de tos ferina que fue identificado por las autoridades sanitarias desde febrero en un resguardo entre los límites de Santander, Boyacá, Arauca y Norte de Santander, según detalló Ospina.
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En ese contexto, se activaron cercos epidemiológicos y jornadas de vacunación, pero uno de los niños afectados desarrolló complicaciones severas y fue trasladado desde el hospital de Cubará, en Boyacá, hasta Saravena, Arauca, donde se produjo su fallecimiento.
Antes de buscar atención médica occidental, el niño había recibido primeros auxilios según la medicina ancestral de su comunidad, lo que refleja además la dificultad de articular los saberes tradicionales con el sistema sanitario nacional.
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El caso obliga a preguntarse quién debe hacerse responsable ante las autoridades. Ospina fue enfático al señalar: “Quien debió adelantar estos procesos y quienes tenían contrato con la Nueva EPS deben responder ante la justicia”. Añadió que si se demuestra que algún prestador recibió recursos sin cumplir las funciones contratadas, deberá enfrentar a la justicia.

En las regiones más remotas, el camino hasta una atención médica puede implicar horas de marcha por trochas y la necesidad de cruzar ríos. Los líderes de la comunidad denuncian que las distancias y los obstáculos naturales son parte del día a día para quienes buscan servicios básicos de salud.
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Al momento, la zona experimenta una transición administrativa respecto a la responsabilidad de la atención primaria, lo cual, según Ospina, agrava la vulnerabilidad ante epidemias: “Cuando niños no vacunados contraen una enfermedad como la tos ferina, la letalidad es alta y las posibilidades de supervivencia se reducen considerablemente”, explicó Jorge Iván Ospina.
La discusión reaviva el debate sobre la necesidad de avanzar en la “territorialización” del sistema, mecanismo que, en palabras del interventor, permitiría organizar una atención primaria robusta y ajustada a las realidades de cada región. “Que un niño indígena fallezca nos muestra lo difícil que es actuar sin esa territorialización”, concluyó Ospina.
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Este caso no representa un episodio aislado, sino una alerta más sobre las debilidades estructurales del sistema. Clínicas y hospitales del país han advertido que la continuidad de sus servicios está amenazada por deudas acumuladas de las EPS.

En Bogotá, la Clínica Juan N. Corpas solo mantiene habilitadas cuatro camas de cuidados intensivos debido a dificultades financieras, mientras otras sedes han suspendido actividades. De acuerdo con Ospina, aunque Nueva EPS atraviesa una reorganización financiera, la prioridad es asegurar la continuidad de la atención: “Cerrar puertas en salud no debe ocurrir”.
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Así mismo, el agente interventor de la Nueva EPS reconoció un elemento agravante que subraya la crisis: “Todavía tenemos de presupuesto para el 2026 más de 15 billones de pesos orientados a la red de servicios que le presta atención a Nueva EPS”, aseguró.
Mientras avanzan las investigaciones, la muerte del menor U’wa y el brote en la cordillera oriental refuerzan la urgencia de fortalecer la cobertura de vacunación, la articulación entre medicina tradicional y occidental, y la responsabilidad efectiva de todos los actores del sistema en las regiones más alejadas del país.
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