En un momento clave para el país, a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Misión de Verificación de la ONU advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre los riesgos que enfrenta la consolidación de la paz en Colombia, en medio de un escenario marcado por avances institucionales, pero también por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones.
Durante la sesión del 21 de abril, el representante especial del secretario general para Colombia, Miroslav Jenča, destacó que el proceso electoral se desarrolla en términos generales de manera pacífica, pero insistió en la necesidad de reforzar las garantías de seguridad para candidatos, votantes y comunidades en los territorios más afectados por el conflicto armado.
“Garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes debe seguir siendo la máxima prioridad”, afirmó el funcionario, quien además condenó las amenazas reportadas contra aspirantes presidenciales y llamó a las autoridades a asegurar un entorno “seguro y pacífico, libre de violencia y estigmatización”.
De cara al cambio de gobierno en agosto, el representante de la ONU fue claro en señalar el desafío que enfrentará el próximo mandatario. “Quien asuma la presidencia se enfrentará al reto formidable de consolidar la paz y la seguridad en las regiones que aún se ven afectadas por el conflicto”, advirtió.
Jenča subrayó que Colombia llega a este nuevo ciclo electoral con una base institucional sólida. Destacó que las elecciones legislativas de marzo se llevaron a cabo sin mayores afectaciones de seguridad, pese a preocupaciones previas por la presencia de grupos armados ilegales.
“La jornada electoral no se vio afectada negativamente por incidentes de seguridad —una demostración de la fortaleza de las instituciones colombianas”, señaló.
Sin embargo, el jefe de la Misión fue enfático en advertir que esa estabilidad convive con dinámicas de violencia persistentes en varias zonas rurales.
“Sus enfrentamientos continuos por el control territorial y las economías ilícitas están provocando violencia y sufrimiento a comunidades enteras”, afirmó ante el Consejo.
El informe presentado evidencia que regiones como el Catatumbo siguen siendo epicentro de estas disputas. Jenča relató que durante una visita reciente constató los efectos del conflicto en la población civil: viviendas afectadas por ataques con drones, presencia de explosivos cerca de escuelas y temor generalizado por minas antipersonal.
A esto se suma la lentitud en la llegada de ayuda humanitaria, lo que agrava la situación de las comunidades.
En ese contexto, la Misión de Verificación reiteró su papel clave en la identificación de riesgos y en la articulación de respuestas institucionales.
Según explicó Jenča, su presencia en territorio permite no solo monitorear la implementación del Acuerdo de Paz, sino también visibilizar las necesidades urgentes de las comunidades y activar mecanismos de protección.
Uno de los puntos centrales del informe es la reincorporación de excombatientes de las antiguas Farc-EP. A casi diez años de la firma del Acuerdo, más de 11.000 hombres y mujeres continúan en proceso de reintegración.
Aunque el funcionario destacó este hecho como un logro significativo, advirtió que el proceso enfrenta serias dificultades.
“Este proceso ha estado plagado de dificultades, dadas las frágiles condiciones socioeconómicas, de infraestructura y de seguridad en las zonas rurales”, explicó, al tiempo que pidió redoblar esfuerzos para garantizar condiciones que permitan a los excombatientes “mirar hacia el futuro con confianza”.
En materia de reforma rural, Jenča reconoció avances en la entrega de tierras y en el desarrollo de proyectos productivos, considerados fundamentales para transformar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto. “Detrás de las estadísticas se encuentran las personas que son beneficiarias en el terreno”, afirmó.
Desde la sede del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio cerró la sesión con un llamado a preservar el respaldo internacional al proceso de paz.
La ministra exhortó a las Naciones Unidas a evitar recortes en la Misión de Verificación, en medio de la crisis financiera que atraviesa el organismo y las discusiones presupuestales impulsadas por la iniciativa UN80.
Villavicencio advirtió que un debilitamiento del acompañamiento internacional tendría efectos directos en los territorios más golpeados por el conflicto y en las víctimas del proceso.
“Estas no deben ser a expensas del acompañamiento que se traduce en una esperanza de paz para Colombia”, afirmó, al insistir en que la sostenibilidad de los avances alcanzados depende, en buena medida, del respaldo continuo de la comunidad internacional.
El mensaje conjunto ante el Consejo es claro: aunque Colombia ha logrado avances significativos desde la firma del Acuerdo de Paz, el momento actual exige redoblar esfuerzos.
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