Gerente del Banco de la República rechazó participar en foro del Gobierno con fuerte carta al ministro de Hacienda: “Usted ha expresado que carecemos de legitimidad”

Un nuevo episodio se suma al choque entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República. Esta vez, el protagonista es el gerente de la entidad, Leonardo Villar, quien envió una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que no solo rechaza una invitación a un foro del Gobierno, sino que también responde a las críticas recientes contra el banco central.

El documento, fechado el 17 de abril de 2026 en Bogotá, deja claro que Villar no asistirá al evento titulado “La política monetaria en un contexto progresista”, convocado por el Ministerio de Hacienda. Aunque señala que valora el debate público, afirma de forma directa: “debo excusarme de participar en este evento debido a consideraciones sobre su oportunidad y el contexto en que se realiza”.

El tono de la carta muestra un deterioro evidente en la relación entre ambas partes. Villar le recuerda al ministro que desde el Gobierno se ha cuestionado la legitimidad de la Junta Directiva del Banco cuando sus decisiones no coinciden con las del Ejecutivo. En ese punto, responde de manera tajante: “la posibilidad que tienen los miembros de la Junta Directiva de diferir del gobierno es precisamente la que define la autonomía consagrada en la Constitución de 1991”.

Para entenderlo en términos simples: el Banco de la República no está obligado a hacer lo que el Gobierno quiere. Su función principal es cuidar que los precios no suban demasiado rápido, es decir, controlar la inflación. Y para eso toma decisiones como subir o bajar las tasas de interés, incluso si eso no le gusta al Ejecutivo.

En la carta, Villar también cuestiona afirmaciones del ministro, quien ha sugerido que las decisiones del Banco benefician a los banqueros. El gerente responde sin rodeos: “Se trata de una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad”. Añade que este tipo de señalamientos “hace difícil mantener el diálogo fluido”.

Otro punto central del documento es la defensa del control de la inflación como base de la economía. Villar explica que mantener los precios estables no es una idea política, sino una práctica común en el mundo. Según escribe, “existe consenso entre los banqueros centrales de las principales economías del mundo en que mantener la inflación en niveles bajos y estables es conveniente para facilitar y estimular el crecimiento económico y el empleo”.

El gerente también aterriza el debate en términos de tiempo. Señala que bajar tasas o emitir más dinero puede dar un impulso rápido a la economía, pero ese efecto dura poco. “En períodos más cortos una política monetaria más laxa (…) puede acelerar temporalmente el crecimiento (…) pero generando posteriormente, al cabo de 12 o 18 meses, aumentos en la inflación”, advierte.

En palabras sencillas, lo que dice el gerente es que si se gasta más hoy, puede sentirse bien por un tiempo, pero después todo se encarece.

Además, Villar deja ver incomodidad por el ambiente político alrededor del foro. Afirma que varios de sus colegas tampoco consideran oportuno asistir debido a “ataques injustificados y descalificaciones por parte del gobierno”. Y agrega que preferiría participar en debates “con posterioridad a las elecciones para evitar la percepción de que se trata de un evento asociado a ellas”.

La carta también aborda un punto institucional delicado, pues el gerente recuerda que el ministro de Hacienda debe asistir a las reuniones de la Junta Directiva del Banco. En ese sentido, menciona que existe “incertidumbre” sobre su presencia en sesiones que “constituyen una obligación ineludible”.

Este intercambio ocurre en medio de un contexto más amplio de desacuerdos. El Gobierno ha insistido en reducir tasas de interés para impulsar la economía, mientras el Banco ha tomado decisiones en sentido contrario para contener la inflación, incluyendo aumentos recientes.

Así, la carta de Villar no es un hecho aislado. Es una señal más de una relación cada vez más tensa entre el Gobierno y el banco central, en un momento en el que las decisiones económicas tienen efectos directos sobre el bolsillo de los ciudadanos.