Estados Unidos exhortó a Colombia a que dé prioridad a las amenazas dirigidas por Iván Mordisco contra la Misión de Verificación de la ONU, subrayando la importancia de proteger tanto el proceso electoral presidencial próximo como los organismos internacionales desplegados en el país.
El llamado de Washington coincide con la presentación el martes 21 de abril, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del informe trimestral sobre el Acuerdo de Paz en Colombia, en el que la Misión reitera su preocupación por el entorno de violencia que persiste en varias regiones.
En la última semana de marzo, una alerta encendió las alarmas diplomáticas: el grupo Estado Mayor Central, liderado por “Mordisco”, restringió el acceso de misiones internacionales y organismos humanitarios —incluida la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo— a territorios bajo su dominio.
Esta decisión, adoptada el 18 de marzo, obedeció, según la organización armada, a lo que denominó “graves violaciones de confianza y neutralidad”, y forma parte de un nuevo escenario de tensión entre el Estado colombiano y actores internacionales en la zona rural, según detalla el informe presentado al Consejo de Seguridad.
La representante de Estados Unidos, Jennifer Lockett puntualizó: “Uno de estos grupos disidentes de las Farc, dirigidos por alias Mordisco, amenazaron el acceso de la Misión de la ONU a los territorios que controlan. Instamos al gobierno de Colombia a que dé prioridad frente a las amenazas que suponen estos grupos respecto del terrorismo y otros crímenes y abusos”.
La funcionaria subrayó que las acciones de estos grupos han ocasionado una “crisis humanitaria aguda”, señalando violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzoso, el confinamiento, la violencia sexual y el reclutamiento y uso de niños en combate.
Recalcó que Estados Unidos mantiene la política de designar a los grupos armados activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, lo que implica el bloqueo de sus fondos y recursos, y advirtió: “No ha de haber impunidad por los actos de terror o violencia cometidos por grupos ilegales armados”.
El informe trimestral del Secretario General de Naciones Unidas, que cubre del 27 de diciembre de 2025 al 26 de marzo de 2026, resalta que, si bien las elecciones legislativas de marzo se desarrollaron mayoritariamente en paz, la presencia de grupos armados sigue representando un alto riesgo en áreas rurales.
“Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, apunta el documento remitido al Consejo de Seguridad.
Con el horizonte puesto en las elecciones presidenciales venideras, la ONU remarcó la necesidad de que las autoridades colombianas garanticen la seguridad de candidatos y votantes, la protección de excombatientes, y el desarrollo de un proceso electoral ordenado.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres exhortó a adoptar todas las medidas necesarias y promover “un entorno de campaña libre de violencia y estigmatización”.
Ese apartado responde directamente a las inquietudes sobre la integridad del proceso electoral, especialmente tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año anterior, episodio citado por la representante estadounidense como referente de los desafíos actuales.
Dicho segmento sostuvo: “Condenamos las amenazas de muerte contra los candidatos presidenciales en Colombia y aplaudimos al representante especial, señor Chencha, por haber condenado esas amenazas. Estados Unidos está junto al pueblo colombiano, que obra por lograr la paz y la seguridad duraderas en Colombia.”
La Misión de Verificación de la ONU también detalló que, más allá de la coyuntura electoral, los problemas de seguridad dificultan la implementación territorial del Acuerdo de Paz y han obligado a reforzar medidas de protección para excombatientes, especialmente en regiones críticas como el Catatumbo.
En ese escenario, los cultivos de coca y la producción de cocaína siguen en aumento, hecho expresamente condenado por Estados Unidos, que señaló su permanente vigilancia y colaboración con las autoridades colombianas.
El panorama expuesto ante el Consejo de Seguridad exhibe una delicada interacción entre el avance institucional hacia la paz y la presión persistente de actores armados ilegales.
Las declaraciones internacionales, las decisiones de los grupos armados y los desafíos para la protección electoral y territorial se entrelazan en la antesala de unos comicios presidenciales que pondrán a prueba la resiliencia tanto del Estado como de la misión internacional en Colombia.
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