Se robaron camionetas de la UNP destinadas a líderes sociales en el Catatumbo: responsabilizan a disidencias de las Farc

Tres vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a líderes sociales en el departamento del Norte de Santander fueron robados en hechos ocurridos en Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul.

Los hombres armados interceptaron los esquemas de protección, obligaron a los ocupantes a descender y se llevaron dos camionetas blindadas y una convencional, de acuerdo con la versión de los hechos obtenida por El Tiempo.

Los vehículos estaban destinados a la protección de Gabriel Ángel Quintero, Arturo Garavito y Luis Jesús Prada, líderes comunitarios que han sido objeto de amenazas.

Según conoció el medio, en el caso de Quintero, líder de restitución de tierras, el ataque ocurrió cuando un grupo de aproximadamente 16 hombres armados, vestidos con prendas de color verde y botas tipo militar, estableció un retén ilegal.

Los escoltas fueron bajados de la camioneta blindada Chevrolet Trailblazer, despojados de armas de dotación, chalecos antibalas y equipos de protección, mientras que el líder fue trasladado en un vehículo particular hacia Ocaña.

“Estos sujetos procedieron a ordenar el descenso inmediato del vehículo, solicitando información sobre nuestro destino e identidad (...) Posteriormente preguntaron si se portaban armas de fuego, a lo cual se respondió afirmativamente conforme a las funciones del esquema de protección", se lee en un informe oficial que conoció el medio.

Quintero, conocido por ser un exguerrillero del EPL (Ejército Popular de Liberación) fue obligado a subir a un vehículo particular y trasladado hasta Ocaña, separado de su esquema.

El hurto de los otros vehículos ocurrió en circunstancias similares en los otros dos puntos. De tal manera, las autoridades investigan si los responsables son integrantes de disidencias armadas que operan en el Catatumbo, que suelen apropiarse de camionetas blindadas para movilizarse por zonas de difícil acceso y alimentar redes del mercado ilegal, incluso hacia Venezuela.

Fuentes oficiales confirmaron al medio que, además de los vehículos, los atacantes habrían robado armas de dotación de los escoltas, lo que incrementa la preocupación sobre el nivel de riesgo para los protegidos y la posible utilización de estos recursos en actividades ilícitas.

Tras los hechos, la UNP inició el trámite para reemplazar los vehículos y restablecer los esquemas de protección. La situación se da en medio de una crisis financiera de la entidad, que enfrenta retrasos en el pago a empresas arrendadoras y una deuda cercana a los 400.000 millones de pesos por el alquiler de al menos 5.000 vehículos utilizados en la protección de líderes sociales y otras personas amenazadas.

Escoltas de la UNP afirman qu e los grupos armados los están involucrando en el conflicto

Escoltas de la Unidad Nacional de Protección que trabajan en Norte de Santander alertaron sobre el aumento del riesgo y la falta de garantías para ejercer su labor en regiones como el Catatumbo, donde el conflicto armado continúa impactando de forma directa a trabajadores y beneficiarios de los esquemas de protección.

Reiler Trujillo, vocero de los escoltas, advirtió en diálogo con Caracol Radio que la situación se ha vuelto cada vez más crítica no solo en el departamento, sino en todo el territorio nacional. “La situación es complicada, delicada, preocupante”, afirmó.

“Nuevamente estos grupos al margen de la ley nos están vinculando directamente a nosotros dentro del conflicto interno que vive el país, generando un riesgo más aún para todos”, señaló.

El vocero recordó que hechos como el robo de vehículos, la retención de escoltas y la pérdida de armamento no son recientes en la zona. “Eso no es de ahorita, eso ya viene presentándose hace más de seis años, estas situaciones han sido constantes en territorios con alta presencia de actores armados”, dijo.

En cuanto al acompañamiento institucional, Trujillo fue enfático en destacar las dificultades que enfrentan en el terreno. “Hay municipios que lastimosamente no cuentan con presencia de la autoridad, tampoco hay garantías de seguridad ni siquiera para la misma Fuerza Pública”, precisó.

El vocero alertó, además, sobre el aumento de las amenazas y la magnitud de las pérdidas materiales. “Hasta el 2024 llegan más de 50 camionetas hurtadas y casi 100 armas en manos de estos grupos”, concluyó.