El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la resolución que autorizó la transferencia de más de 7.000 millones de pesos destinados al mantenimiento de carrotanques en el municipio de Uribia, en La Guajira.
El dinero había sido asignado por Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quienes actualmente enfrentan acusaciones de corrupción.
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La decisión judicial implica que deberán revisarse las operaciones realizadas en virtud de la resolución anulada. El tribunal ordenó a la Ungrd y a Fiduprevisora S.A. determinar si los recursos, que superan los siete mil millones de pesos, fueron total o parcialmente transferidos a las inversiones para el municipio. Si esa transferencia ya se realizó, el municipio de Uribia deberá restituir las sumas recibidas conforme a la sentencia.
La medida judicial responde directamente a la nulidad del acto administrativo que permitió girar los recursos al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A.
Según el fallo del tribunal, la resolución no cumplía con los requisitos legales para autorizar una suma tan elevada. En palabras del director de la Ungrd, Carlos Carrillo, los FIC funcionaban como “un cheque en blanco” y carecían de controles suficientes para operaciones de esta magnitud.
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“Declárase la nulidad de la Resolución 117 del 15 de febrero de 2024, expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por medio de la cual se ordenó transferir al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A.la suma de siete mil ciento seis millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos con sesenta y cuatro centavos ($7.106.497.346,64), para ser administrada por el municipio de Uribia”, señala el fallo revelado por Caracol Radio.
La controversia se origina por los giros realizados durante la administración de López y Pinilla, quienes admitieron su participación en actos de corrupción. Aunque varios mandatarios locales solicitaron la revocatoria de las decisiones tomadas por los exdirectivos, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, optó por no pedir esa revocatoria.
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En qué va el proceso contra Sneyder Pinilla y Olmedo López
La condena contra Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se consolidó tras la confirmación judicial del acuerdo con la Fiscalía.
El Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá determinó que Pinilla debe cumplir cinco años y ocho meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravados, cometidos durante su gestión en 2023 y 2024.
El caso de Pinilla se distingue por su colaboración con la justicia. Según declaraciones ofrecidas a Noticias Caracol, el exsubdirector afirmó que su testimonio permitió la apertura de investigaciones contra varios implicados en la red de corrupción dentro de la Ungrd.
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Pinilla expresó además que, aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro estaba al tanto de estos hechos, aseguró que “personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal”.
El 29 de abril de 2025, la sentencia quedó en firme y Pinilla comenzó a cumplir la pena impuesta. La condena responde a la comprobación de su participación en una red delictiva que desvió recursos públicos de la Ungrd. El exsubdirector aceptó los cargos como parte de un preacuerdo, lo que facilitó la reducción de la pena y la identificación de otros responsables.
Mientras tanto, el proceso judicial contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd, se encuentra estancado. El 14 de abril, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó nuevamente la aprobación del preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y López. El exdirector ya había obtenido un principio de oportunidad en agosto del año anterior, pero el juzgado de primera instancia no avaló el acuerdo más reciente.
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López admitió su responsabilidad en los mismos delitos que Pinilla: concierto para delinquir y peculado por apropiación agravados. Sin embargo, la negativa judicial ha impedido que el acuerdo con la Fiscalía tenga efectos jurídicos, manteniendo su situación en un limbo legal.
El abogado José Luis Moreno, representante de López, apeló el fallo que impidió la formalización del preacuerdo. La defensa sostiene que López ha colaborado con las autoridades y debería acceder a los beneficios pactados, pero hasta la fecha, la justicia no ha dado luz verde a esa resolución.
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