El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés. La Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica, social y ecológica que expidió a finales de 2025 (Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025). Con esta medida que adoptó en su momento la administración, se buscaba reaccionar ante una crisis fiscal que generó la incapacidad de la Nación de garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.
“La nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente, que están asociados al menoscabo de los derechos de la población más vulnerable del país”, se lee en el decreto que la Corte Constitucional declaró inexequible debido al incumplimiento de los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución Política.
La decisión generó todo tipo de opiniones en el país político colombiano. Entre los políticos y colectividades que se pronunciaron al respecto está el partido Cambio Radical, que adoptó una posición a favor de la resolución del alto tribunal.
En una publicación en X, indicó que la emergencia económica decretada por el Gobierno no cumplía con los requisitos básicos para implementarse y que su ejecución dejaría en evidencia que la administración está gobernando “sin sustento jurídico”.
“Como lo señaló Germán Vargas Lleras en su columna “La hora de la Corte”: “Decretar la emergencia económica confirma el desprecio del señor Petro por el Legislativo, por la separación de poderes y, en últimas, por la Constitución Nacional. Ya está bien de seguir engañados: ni Petro ni el candidato Cepeda respetan la Constitución””, añadió.
El representante a la Cámara Mauricio Parodi, de Cambio Radical, también expuso su postura sobre el tema, señalando al jefe de Estado de actuar de manera irregular al establecer la emergencia económica, que tenía como fin recaudar recursos para atender ciertas problemáticas del país.
“Petro hizo trampa para decretar la emergencia económica y abusar de su poder como presidente. Afortunadamente tenemos Estado de Derecho y @CConstitucional. La Constitución del 91 defiende al pueblo de los abusos del presidente de turno Yo la Constitución”, señaló.
Contrario a la posición del partido y del congresista, el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar criticó la decisión de la Corte Constitucional, advirtiendo múltiples rechazos a varias iniciativas económicas oficialistas.
De acuerdo con su explicación, tanto el alto tribunal como el Congreso de la República impidieron el avance de dos leyes de financiamiento (reformas tributarias), de “media” reforma tributaria que había sido aprobada en el Legislativo y de tres emergencias económicas.
“Un artículo de la Reforma Tributaria de 2022 cobraba regalías al sector de hidrocarburos, que no las paga hoy. Otra gravaba juegos y apuestas. Casi todas cobraban impuestos a los ultraricos y así”, detalló.
En consecuencia, afirmó que el Gobierno del presidente Petro enfrenta desde hace rato un “bloqueo”. “No dejaron gobernar a Petro. No sé cómo este país no está hundido”, aseveró.
Por su parte, el Partido Conservador se unió a la visión de Cambio Radical, indicando que la determinación de la Corte evidencia la importancia de la separación de poderes, impidiendo el acaparamiento de las ramas del poder público por parte del Ejecutivo.
“Colombia necesita mantener una Corte Constitucional independiente. Esa independencia se pondrá en grave riesgo si regresa un gobierno proclive a concentrar poder de esta forma, tan cercana a la autocracia”, precisó.
La congresista Saray R. Bechara, del Partido de la U, se unió a la postura de la oposición, confirmando, como lo indicó la Corte, que la declaratoria de emergencia económica no respondía a hechos imprevisibles ni extraordinarios.
“Lo dijimos: improvisar en política económica es jugar con fuego. @MinHacienda buscó el atajo fácil y hoy queda expuesto. Gobernar no es saltarse las reglas, romper la constitucionalidad es dinamitar la confianza”, precisó.
Por su parte, la concejala de Bogotá y expresidenta de Camacol Sandra Forero Ramírez recalcó que el Gobierno no tenía argumentos para sustentar una emergencia económica en todo el país, por lo que catalogó la declaratoria como “ilegal”.
“Ya vendrá la arremetida de @petrogustavo, porque a él le estorban las instituciones. También queda claro que las instituciones permanecen firmes y nos siguen protegiendo”, indicó.
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