
La decisión judicial que dejó en libertad al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla abrió un nuevo capítulo en el debate político y jurídico del país. El fallo, sustentado en el vencimiento de términos dentro del proceso, no solo reactivó las discusiones sobre la actuación de la Fiscalía, también provocó una ola de reacciones desde distintos sectores.
Desde que se conoció la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, voces del ámbito político comenzaron a pronunciarse. Para algunos, la medida puso en evidencia fallas estructurales en los tiempos de la justicia; para otros, se trata de una aplicación estricta de la ley que garantiza los derechos procesales del acusado.
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El caso generó especial atención por el perfil de Bonilla y por el momento en el que se produce la decisión. Su paso por el Ministerio de Hacienda y su cercanía con el Gobierno lo convierten en una figura de alto interés público, lo que intensificó el alcance de las reacciones y el tono del debate.
Por lo que distintos actores coinciden en que el punto central no es únicamente la libertad del exfuncionario, sino las implicaciones que deja el manejo del proceso judicial. La discusión se enfocó en la capacidad de las instituciones para cumplir los plazos legales y en las consecuencias que esto tiene para la credibilidad del sistema.
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Una de las primeras voces en reaccionar fue la del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que lanzó duras críticas tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Su pronunciamiento no solo cuestionó el desenlace judicial, sino que apuntó directamente a posibles responsabilidades dentro del Estado.
“Eso es lo que dice la ley. El tema es ¿por qué dejaron vencer los términos? Tiene que caer todo el peso de la ley contra los funcionarios corruptos de este Gobierno que se han robado la plata del pueblo colombiano. Yo voy a hacerles una auditoría donde se va a determinar qué fue lo que se robaron, dónde, quiénes y para dónde se llevaron la plata. No vamos a permitir que la plata del pueblo colombiano se pierda”, afirmó.
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Por su parte, Enrique Gómez también reaccionó a la decisión judicial con fuertes críticas y aseguró: “Se anticipó: Con el caso de la Ungrd no pasará nada. Liberan a uno de los mayores responsables del desfalco de la Ungrd. Que no se olvide, Bonilla, compinche de Petro y exministro de Hacienda fue imputado en diciembre por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.”

En la misma línea crítica, la representante Lina María Garrido también se pronunció y afirmó: “Es un día triste para la justicia en Colombia. Dos protagonistas del megaescándalo de corrupción de la Ungrd se han burlado de la ley. Interpol suspendió la circular roja contra Carlos Ramón González, quien fue director del Dapre cuando se robaron la plata y a quien el Gobierno de Gustavo Petro ayudó a fugar, y se otorgó libertad por vencimiento de términos a Ricardo Bonilla, quien siendo ministro de Hacienda ejecutó la orden. Ambos fueron nombrados por Petro y son sus amigos personales.”
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La periodista y ex candidata presidencial Vicky Dávila también reaccionó a la decisión y escribió: “Exministro Ricardo Bonilla, investigado por saqueo de la Ungrd, quedó en libertad. Tribunal de Bogotá tomó la decisión. Qué raro que se les corrieran los tiempos. ¿Solo estrategia de impunidad?”

Por ahora, el proceso continuará en los escenarios judiciales correspondientes, mientras se definen los próximos pasos en el caso. La decisión del tribunal marcó un punto dentro del trámite, pero no cierra el debate ni las investigaciones alrededor de la Ungrd.
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